Ofrecen recompensa por ubicación de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada por medios internacionales, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros globales y ha reactivado el análisis del riesgo político, país y regulatorio asociado a Venezuela. Este hecho, más allá de su dimensión geopolítica, representa un evento crítico para el sector financiero y asegurador venezolano y un nuevo foco de atención para instituciones latinoamericanas con exposición directa o indirecta, especialmente en materia de sanciones internacionales, prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales (AML/SARLAFT) y solvencia.

Reacciones de los mercados financieros internacionales

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos venezolanos y los títulos de PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana) registraron incrementos relevantes en los mercados secundarios, impulsados por expectativas de eventuales cambios en la gobernanza económica, procesos de reestructuración de deuda soberana y posible flexibilización futura de sanciones. Este comportamiento refleja un apetito especulativo por activos, más que una mejora estructural inmediata del riesgo crediticio venezolano.

Impacto en mercados energéticos y financieros regionales

El mercado petrolero reaccionó con volatilidad moderada, dado que la producción venezolana actual representa una fracción limitada de la oferta global. No obstante, se observaron movimientos positivos en acciones de empresas energéticas internacionales, así como mayor sensibilidad en mercados emergentes latinoamericanos, especialmente en portafolios con exposición a commodities y deuda soberana.

Estos efectos tienen implicaciones directas para bancos, aseguradoras y fondos de inversión con posiciones en renta fija emergente.

Impactos sobre el sistema financiero venezolano

El sistema financiero venezolano, ya debilitado por sanciones internacionales, restricciones cambiarias, pérdida de corresponsalías y fragilidad institucional, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre elevada. Este se caracteriza por el riesgo de salidas de capital, disrupciones operativas y posibles cambios abruptos en la supervisión y control estatal.

Por lo tanto, las entidades financieras locales deberán reforzar sus planes de continuidad de negocio, gestión de liquidez y controles de riesgo operativo, entre otras medidas.

Implicaciones en AML/SARLAFT y sanciones internacionales

Reforzamiento del riesgo PEP y debida diligencia ampliada

La captura de Nicolás Maduro, reconocido por algunos pocos Estados como jefe de Estado y desconocido por otros, y vinculado a actividades narcoterroristas (según los Estados Unidos de América), lo convierten a él y a su círculo cercano en Personas Expuestas Políticamente (PEP) de riesgo extremo.

Para bancos, entidades financieras y aseguradoras en América Latina, esto implica la aplicación obligatoria de debida diligencia ampliada (DDA), revisión exhaustiva de transacciones históricas, monitoreo reforzado de estructuras societarias, fideicomisos y beneficiarios finales

Sanciones, congelamiento de activos y riesgo extraterritorial

Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han intensificado el congelamiento de activos, restricciones a transacciones financieras y medidas contra empresas, familiares y aliados del régimen venezolano.

Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones que faciliten operaciones con partes sancionadas, así como multas regulatorias, pérdida de corresponsalías y acceso al sistema financiero internacional.

Para el sector financiero regional, el riesgo de sanciones se convierte en un componente crítico del riesgo legal y reputacional.

Impacto en el sector asegurador y reasegurador

Revisión de riesgos asegurables

Las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan una revisión profunda de seguros de riesgo político (confiscación, expropiación), seguro de crédito y caución, coberturas de interrupción de negocios y comercio internacional, entre otros.

Es previsible que se presenten ajustes en primas, reducción de capacidad y la inclusión de cláusulas más estrictas de exclusión por sanciones.

Reaseguro, pagos y cumplimiento

Frente a esta situación, lo más probable es que las reaseguradoras internacionales estén atentas y exijan cumplimiento estricto de sanciones frente al pago de siniestros, transferencias internacionales y manejo de reservas técnicas.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la denegación de cobertura, lo que afectaría la estabilidad financiera de las aseguradoras locales.

ORSA y la evaluación integral del riesgo

En este contexto, cobra especial relevancia el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – Autoevaluación de Riesgos y Solvencia) como herramienta estratégica.

Una ORSA robusta debe incorporar explícitamente riesgo país y geopolítico, riesgo de sanciones y AML/SARLAFT, riesgo de liquidez por congelamiento de activos, riesgo reputacional y legal, así como el impacto en solvencia bajo escenarios adversos.

Los escenarios de estrés deben contemplar, al menos, el endurecimiento de sanciones, el bloqueo de pagos de reaseguros, el incremento de siniestros por riesgo político y el deterioro de inversiones en deuda emergente

Implicaciones para América Latina

Para el sistema financiero y asegurador latinoamericano, este evento refuerza tres tendencias clave:
i) Mayor sensibilidad al riesgo político en las decisiones de inversión.
ii) Consolidación del compliance y AML/SARLAFT como funciones estratégicas, no solo regulatorias.
iii) Mayor exigencia de los supervisores en cuanto a la revelación de exposición, monitoreo transfronterizo, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Conclusiones

La captura de Nicolás Maduro constituye un evento de alto impacto para el sector financiero y asegurador venezolano y latinoamericano. Si bien abre expectativas de cambios estructurales a mediano plazo, también incrementa significativamente los riesgos de corto plazo, especialmente en materia de sanciones, AML/SARLAFT, solvencia y continuidad operativa.

Para bancos, demás instituciones financieras, aseguradoras y reguladores, el desafío será gestionar este entorno con un enfoque prudente y basado en riesgos, fortaleciendo el ORSA, los sistemas de cumplimiento y la gobernanza, en un contexto regional cada vez más expuesto a eventos geopolíticos y regulatorios.

Para el sector asegurador colombiano, el endurecimiento del entorno geopolítico y sancionatorio asociado a Venezuela refuerza la necesidad de gestionar el riesgo país y el riesgo de sanciones como elementos estructurales del negocio, y no como eventos coyunturales.

Aunque la exposición directa del mercado asegurador colombiano al riesgo venezolano es limitada, los vínculos indirectos a través de inversiones, reaseguro, comercio exterior y flujos transfronterizos exigen un enfoque preventivo y altamente técnico.

Desde la perspectiva AML/SARLAFT, las aseguradoras latinoamericanas deben profundizar la debida diligencia ampliada sobre PEP, fortalecer el monitoreo de operaciones atípicas y asegurar la actualización permanente de listas de sanciones internacionales, en línea con los requerimientos de los supervisores. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en consonancia con los estándares de las 40 Recomendaciones del GAFI, establece que la gestión del riesgo de sanciones se consolida como un componente crítico del riesgo legal, reputacional y operativo.

En materia de solvencia y gestión integral de riesgos, el evento subraya la importancia de incorporar escenarios geopolíticos y de sanciones, con el fin de evaluar su impacto potencial en inversiones, liquidez, reaseguro y continuidad del negocio. Una ORSA robusta permite anticipar efectos adversos, fortalecer la toma de decisiones de la alta dirección y demostrar una adecuada alineación entre apetito de riesgo, capital y estrategia.

Finalmente, para el sector asegurador latinoamericano, este contexto reafirma que la solidez financiera y la sostenibilidad del negocio dependen cada vez más de la calidad del gobierno corporativo, la madurez de los sistemas de cumplimiento y la capacidad de anticipación del riesgo, elementos que seguirán siendo foco de atención prioritaria por parte del supervisor y del mercado.

Fuentes y referencias

Reuters – Reacciones de mercados financieros y congelamiento de activos
Financial Times – Impacto energético y expectativas de inversión
Associated Press – Volatilidad de mercados globales
U.S. Treasury / OFAC – Sanciones y designaciones a funcionarios venezolanos
GAFI/FATF – Enfoque basado en riesgos y AML/CFT
Marcos regulatorios de Solvencia II y adopciones ORSA en América Latina

El Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió la tarde de este martes 14 de mayo el listado de los 10 criminales más buscados por las autoridades venezolanas en 2024, y puso precio en dólares por su captura.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), la cartera dirigida por Remigio Ceballos, publicó un video en el que se especifica la identificación, delitos y montos de las recompensas. El ministerio también puso a disposición el número telefónico 0-800 BUSCADO (0800-2872236), en el que la ciudadanía podrá informar el paradero de los solicitados.

“Estos son los 10 criminales más buscados del país por su participación en múltiples delitos contra las personas, la propiedad y la tranquilidad del pueblo. El combate contra la delincuencia es un compromiso para garantizar la paz”, refiere la publicación.

La lista la encabeza Héctor Guerrero “Niño Guerrero”, cédula de identidad V-17.367.457 y quien forma parte de la banda de la Cárcel de Tocorón en el estado Aragua, de donde se fugó. A Guerrero se le señala por los delitos de secuestro, sicariato, trata de personas, tráfico de drogas, extorsión, terrorismo, asociación para delinquir, tráfico de armas y obstrucción a la libertad de comercio. El Gobierno ofrece una recompensa de $ 250.000 por su captura. La cifra más alta.

Aunque la publicación no lo indica, las autoridades policiales de Venezuela y de otros países de Suramerica señalan a Guerrero como el líder de la organización “Tren de Aragua”, el mayor grupo de crimen organizado del país y uno de los más importantes de América Latina.

Jeison Alexander Lorca Salazar, cédula de identidad V-20.265.461, oriundo el estado Aragua es solicitado por terrorismo, robo, hurto de vehículos, y lesiones. La recompensa por la ubicación de Lorca es de $ 50.000.

Josué Santana “El Santanita”, cédula de identidad V-24.417.436, del estado Lara es requerido por los delitos de secuestro, asociación para delinquir, homicidio, robo de vehículo, trata de personas; sicariato y tráfico de drogas. Las autoridades ofrecen $ 200.000 por su cabeza.

Wilexis Acevedo “El Wilexis”, cédula de identidad V-17.801.108, y quien dirige la banda “El Wilexis” en el estado Miranda, se le señala de homicidio, agavillamiento y robo de vehículo. Su captura tiene una recompensa de $ 150.000.

Carlos Calderón “El Vampi”, cédula de identidad V-18.602.451, líder de la banda “El Vampi” que opera en Distrito Capital. Tiene un prontuario policial que incluye los delitos de homicidio, asociación para delinquir, secuestro, extorsión y terrorismo. La recompensa por información que lleva a su captura es de $ 150.000.

Óscar Guzmán “El Conas”, cédula de identidad V-20.743.500, líder de la banda “El Conas”, cuyo eje de accionar delictivo es el estado Zulia, tiene solicitud por extorsión, secuestro, tráfico ilícito de armas de fuego y fuga. La recompensa por la información de su ubicación es de $ 150.000.

Erick Parra “El Yeiko Masacre”, cédula de identidad V-23.463.176, es el líder de banda “Yeico Masacre”, que opera en el estado Zulia. Tiene solicitud por secuestro, extorsión, tráfico ilícito de armas, asociación para delinquir, daños a la propiedad, sicariato y robo agravado. Ofrecen recompensa de $ 150.000.

Óscar Noguera alias “Óscar del Llano”, cédula de identidad V-20.714.681, líder de la banda “Óscar del Llano”, que opera en el estado Guárico. Se le señala por los delitos de asociación para delinquir, tráfico ilícito de armas, terrorismo, extorsión, homicidio y robo de vehículos. Ofrecen una recompensa de $ 150.000.

El 25 de septiembre de 2023, el Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió un listado similar, pero incluía a Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias “El Yiyi”, quien fue capturado ese mismo año en la provincia de Corrientes, Argentina. Fue acusado de tráfico de material estratégico, extorsión, obstrucción a la libertad de comercio, homicidio y asociación para delinquir.

En la lista de 2024, ingresó Jeison Alexander Lorca Salazar, por quien ofrecen la cifra más baja en recompensa ($ 50.000).

Fuente y Creditos

Diario Alertas24