Colombia cuenta con un marco normativo importante en materia de prevención y lucha contra la corrupción1. Esto se ve reflejado a través de la adhesión a Convenciones Internacionales en la materia2, así como aplicado al contexto local con normas específicas como son los Estatutos Anticorrupción3 y la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA)4 junto con disposiciones complementarias5 que tratan todo tipo de temas que despliegan los ejes de prevención, detección y lucha contra la corrupción en todas sus formas.

A pesar de los esfuerzos normativos hay temas que no se han abordado plenamente o de forma eficaz6 y, peor aún, se observa que este fenómeno – complejo y dinámico que constituye la corrupción- continúa siendo un problema estructural y sistémico en nuestro país.

Es por ello que la voluntad por construir una sociedad basada en la transparencia y la integridad no cesa. Continúa esta batalla que requiere de la participación de los diferentes actores de la sociedad (basados en el principio de corresponsabilidad que trae la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) para lograr los objetivos trazados.

En este E-book7 se analiza el nuevo escenario de responsabilidad de las personas jurídicas en Colombia que fue creado con la Ley 2195 de 20228 Art. 2º y siguientes9 que modifica el Art. 34 de la Ley 1474 de 2011 y establece la obligación en cabeza de las Superintendencias o Entes de Inspección, Vigilancia y Control para que requieran a sus vigilados la implementación de Programas de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE-10, existiendo a la fecha una Guía Propositiva sobre cómo definir estos lineamientos y que se publicó el pasado 6 de diciembre de 2024 por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.