La sentencia condena a dos directivos de Distromel, con sede en la localidad de San Esteban de Litera.
La Audiencia Nacional española condenó a penas de prisión y multas a dos empresarios por haber pagado ‘mordidas’ (coimas) millonarias para hacerse en 2011 con un contrato de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la recogida de basuras.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, condena a dos directivos de Distromel, con sede en la localidad de San Esteban de Litera, en la provincia española de Huesca, por sendos delitos de corrupción de negocios y complicidad.
Con ellos colaboró el representante legal de Distromel Andina, su filial en Colombia, que ya fue juzgado y condenado por esos hechos en este país, apunta la Audiencia. Los acusados aceptaron la calificación de la Fiscalía y, con las circunstancias atenuantes de confesión y “cuasiprescripción” del delito, uno de ellos es condenado a un año y tres meses de cárcel y el otro a ocho meses, además del pago de sendas multas de 12.000 y 6.000 euros.
El caso se remonta a 2011, cuando Distromel se hizo con un contrato para establecer un sistema de información integral para la recogida de basuras en la capital colombiana por importe de 106.000 millones de pesos (casi 42,5 millones de euros al cambio en aquella fecha). De esa cantidad, según la sentencia, la Alcaldía solo abonó a Distromel 28.471 millones de pesos.
La resolución judicial detalla los sucesivos pagos que realizaron los condenados a responsables de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) de la Alcaldía para conseguir el contrato y los diversos métodos elegidos, desde facturas falsas a entregas en mano.
Entre ellos, Distromel destinó 50 millones de pesos para costear una cena de fin de año con 28 trabajadores en un restaurante uno de cuyos propietarios era director de estrategia en UAESP.
De acuerdo con la sentencia, se entregaron 6.000 millones de pesos a quien era entonces director general de UAESP y a dos colaboradoras, a través de facturas diseñadas para pagar servicios nunca prestados por una empresa de consultoría, y 190 millones en bolsas de plástico a dos miembros del comité evaluador de la licitación.
Se entregaron también 1.250 millones de pesos a un abogado colombiano, una parte en una caja de cartón y otra como pagos por facturas giradas por servicios ficticios a Distromel Andina.
Los magistrados reconocen que se desconoce quiénes fueron los destinatarios finales de ese dinero, aunque el abogado afirmó que parte se la entregó al que era alcalde mayor de Bogotá cuando comenzaron las negociaciones, ya fallecido.
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