Funcionarios de EsSalud Arequipa vinculados a actos de corrupción

Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada por medios internacionales, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros globales y ha reactivado el análisis del riesgo político, país y regulatorio asociado a Venezuela. Este hecho, más allá de su dimensión geopolítica, representa un evento crítico para el sector financiero y asegurador venezolano y un nuevo foco de atención para instituciones latinoamericanas con exposición directa o indirecta, especialmente en materia de sanciones internacionales, prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales (AML/SARLAFT) y solvencia.

Reacciones de los mercados financieros internacionales

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos venezolanos y los títulos de PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana) registraron incrementos relevantes en los mercados secundarios, impulsados por expectativas de eventuales cambios en la gobernanza económica, procesos de reestructuración de deuda soberana y posible flexibilización futura de sanciones. Este comportamiento refleja un apetito especulativo por activos, más que una mejora estructural inmediata del riesgo crediticio venezolano.

Impacto en mercados energéticos y financieros regionales

El mercado petrolero reaccionó con volatilidad moderada, dado que la producción venezolana actual representa una fracción limitada de la oferta global. No obstante, se observaron movimientos positivos en acciones de empresas energéticas internacionales, así como mayor sensibilidad en mercados emergentes latinoamericanos, especialmente en portafolios con exposición a commodities y deuda soberana.

Estos efectos tienen implicaciones directas para bancos, aseguradoras y fondos de inversión con posiciones en renta fija emergente.

Impactos sobre el sistema financiero venezolano

El sistema financiero venezolano, ya debilitado por sanciones internacionales, restricciones cambiarias, pérdida de corresponsalías y fragilidad institucional, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre elevada. Este se caracteriza por el riesgo de salidas de capital, disrupciones operativas y posibles cambios abruptos en la supervisión y control estatal.

Por lo tanto, las entidades financieras locales deberán reforzar sus planes de continuidad de negocio, gestión de liquidez y controles de riesgo operativo, entre otras medidas.

Implicaciones en AML/SARLAFT y sanciones internacionales

Reforzamiento del riesgo PEP y debida diligencia ampliada

La captura de Nicolás Maduro, reconocido por algunos pocos Estados como jefe de Estado y desconocido por otros, y vinculado a actividades narcoterroristas (según los Estados Unidos de América), lo convierten a él y a su círculo cercano en Personas Expuestas Políticamente (PEP) de riesgo extremo.

Para bancos, entidades financieras y aseguradoras en América Latina, esto implica la aplicación obligatoria de debida diligencia ampliada (DDA), revisión exhaustiva de transacciones históricas, monitoreo reforzado de estructuras societarias, fideicomisos y beneficiarios finales

Sanciones, congelamiento de activos y riesgo extraterritorial

Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han intensificado el congelamiento de activos, restricciones a transacciones financieras y medidas contra empresas, familiares y aliados del régimen venezolano.

Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones que faciliten operaciones con partes sancionadas, así como multas regulatorias, pérdida de corresponsalías y acceso al sistema financiero internacional.

Para el sector financiero regional, el riesgo de sanciones se convierte en un componente crítico del riesgo legal y reputacional.

Impacto en el sector asegurador y reasegurador

Revisión de riesgos asegurables

Las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan una revisión profunda de seguros de riesgo político (confiscación, expropiación), seguro de crédito y caución, coberturas de interrupción de negocios y comercio internacional, entre otros.

Es previsible que se presenten ajustes en primas, reducción de capacidad y la inclusión de cláusulas más estrictas de exclusión por sanciones.

Reaseguro, pagos y cumplimiento

Frente a esta situación, lo más probable es que las reaseguradoras internacionales estén atentas y exijan cumplimiento estricto de sanciones frente al pago de siniestros, transferencias internacionales y manejo de reservas técnicas.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la denegación de cobertura, lo que afectaría la estabilidad financiera de las aseguradoras locales.

ORSA y la evaluación integral del riesgo

En este contexto, cobra especial relevancia el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – Autoevaluación de Riesgos y Solvencia) como herramienta estratégica.

Una ORSA robusta debe incorporar explícitamente riesgo país y geopolítico, riesgo de sanciones y AML/SARLAFT, riesgo de liquidez por congelamiento de activos, riesgo reputacional y legal, así como el impacto en solvencia bajo escenarios adversos.

Los escenarios de estrés deben contemplar, al menos, el endurecimiento de sanciones, el bloqueo de pagos de reaseguros, el incremento de siniestros por riesgo político y el deterioro de inversiones en deuda emergente

Implicaciones para América Latina

Para el sistema financiero y asegurador latinoamericano, este evento refuerza tres tendencias clave:
i) Mayor sensibilidad al riesgo político en las decisiones de inversión.
ii) Consolidación del compliance y AML/SARLAFT como funciones estratégicas, no solo regulatorias.
iii) Mayor exigencia de los supervisores en cuanto a la revelación de exposición, monitoreo transfronterizo, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Conclusiones

La captura de Nicolás Maduro constituye un evento de alto impacto para el sector financiero y asegurador venezolano y latinoamericano. Si bien abre expectativas de cambios estructurales a mediano plazo, también incrementa significativamente los riesgos de corto plazo, especialmente en materia de sanciones, AML/SARLAFT, solvencia y continuidad operativa.

Para bancos, demás instituciones financieras, aseguradoras y reguladores, el desafío será gestionar este entorno con un enfoque prudente y basado en riesgos, fortaleciendo el ORSA, los sistemas de cumplimiento y la gobernanza, en un contexto regional cada vez más expuesto a eventos geopolíticos y regulatorios.

Para el sector asegurador colombiano, el endurecimiento del entorno geopolítico y sancionatorio asociado a Venezuela refuerza la necesidad de gestionar el riesgo país y el riesgo de sanciones como elementos estructurales del negocio, y no como eventos coyunturales.

Aunque la exposición directa del mercado asegurador colombiano al riesgo venezolano es limitada, los vínculos indirectos a través de inversiones, reaseguro, comercio exterior y flujos transfronterizos exigen un enfoque preventivo y altamente técnico.

Desde la perspectiva AML/SARLAFT, las aseguradoras latinoamericanas deben profundizar la debida diligencia ampliada sobre PEP, fortalecer el monitoreo de operaciones atípicas y asegurar la actualización permanente de listas de sanciones internacionales, en línea con los requerimientos de los supervisores. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en consonancia con los estándares de las 40 Recomendaciones del GAFI, establece que la gestión del riesgo de sanciones se consolida como un componente crítico del riesgo legal, reputacional y operativo.

En materia de solvencia y gestión integral de riesgos, el evento subraya la importancia de incorporar escenarios geopolíticos y de sanciones, con el fin de evaluar su impacto potencial en inversiones, liquidez, reaseguro y continuidad del negocio. Una ORSA robusta permite anticipar efectos adversos, fortalecer la toma de decisiones de la alta dirección y demostrar una adecuada alineación entre apetito de riesgo, capital y estrategia.

Finalmente, para el sector asegurador latinoamericano, este contexto reafirma que la solidez financiera y la sostenibilidad del negocio dependen cada vez más de la calidad del gobierno corporativo, la madurez de los sistemas de cumplimiento y la capacidad de anticipación del riesgo, elementos que seguirán siendo foco de atención prioritaria por parte del supervisor y del mercado.

Fuentes y referencias

Reuters – Reacciones de mercados financieros y congelamiento de activos
Financial Times – Impacto energético y expectativas de inversión
Associated Press – Volatilidad de mercados globales
U.S. Treasury / OFAC – Sanciones y designaciones a funcionarios venezolanos
GAFI/FATF – Enfoque basado en riesgos y AML/CFT
Marcos regulatorios de Solvencia II y adopciones ORSA en América Latina

La Contraloría encontró diversas irregularidades en por lo menos seis funcionarios de EsSalud Arequipa, quienes habrían perjudicado a la entidad con actos de presunta corrupción, como compras direccionadas.

Entre los implicados figura Yilbert Zeballos Pacheco, quien en la actualidad ha sido premiado con la Gerencia de la Red Asistencial de EsSalud de Arequipa (RAEA), según reveló un reportaje realizado por Contracorriente de Willax. Entre las principales irregularidades descritas en los informes del órgano de control, están órdenes de compra por servicios de mantenimiento que camuflaban construcciones de obras por 21 millones de soles, el alquiler de un tomógrafo y contrataciones directas a familiares que involucran a la hija de una ex viceministra.

Los seis médicos están contemplados en cuatro informes de control y dos carpetas fiscales.

YANAHUARA

Según el informe de Contraloría N° 070-2023-2-025-SCE, se le atribuye presunta responsabilidad penal y civil a los funcionarios Edilberto Salazar Zender (exgerente de la RAEA durante la pandemia) y Edinson Llempen Neciosup (exjefe de Administración y Abastecimientos de la RAEA) debido a que efectuaron irregularmente contrataciones directas de servicio de mantenimiento de infraestructura, cuando correspondía una contratación de obra, favoreciendo con cuatro órdenes de compra por 21 millones 232 mil soles a la empresa Regalma E.I.R.L.

Dichas irregularidades en el hospital III de Yanahuara fueron evidenciadas por la Defensoría del Pueblo, puesto que actualmente el área de Medicina Física, Unidad de Cuidados Intensivos y Emergencia solo cuenta con un 60 % de avance de las obras, pese a que los trabajos iniciaron en el 2020. El perjuicio afecta a 200 mil asegurados adscritos a este nosocomio.

Pese a esta situación, Salazar es actualmente director del Policlínico en Surquillo de Lima, y Llempen es jefe de Administración del hospital de EsSalud en Mollendo (Islay).

EN MELITÓN

En otro informe de Contraloría, el N° 055-2023-2-0251-SCE, se reveló que durante la contratación de la implementación de los ambientes del Melitón Salas Tejada, se favoreció presuntamente a la empresa Materiales de Construcción y Distribuidora E.I.R.L, mediante una contratación directa. Los funcionarios de la entidad no pudieron justificar la necesidad de “urgencia”.

Dicho favorecimiento fue mediante la orden de compra por 5 millones 997 mil soles, lo cual fue aprobado por Yuri Vilca Rojas, quien en tiempos de pandemia fue gerente de la Red Asistencial de EsSalud Arequipa, y en la actualidad increíblemente es asesor de la Presidencia Ejecutiva de EsSalud a nivel nacional. Hay que precisar que, Yuri Vilca, impulsor del partido político Fuerza Moderna, no contrató con empresas con experiencias ni especialidad en hospitales.

TOMÓGRAFO

Yuri Vilca Rojas, Edinson Llempen Neciosup y nada menos que, Yilbert Zeballos, este último actual gerente de la RAEA, figuran en un informe de Contraloría, en el que tienen presunta responsabilidad penal y administrativa por la contratación de alquiler por 6 meses de un tomógrafo para el Hospital III de Yanahuara por 3 millones 499 mil soles, la cual no era urgente, ni fue solicitada por el área usuaria.

Según el informe de Contraloría N° 062-2022-2-0251-SCE, con dicha contratación se habría favorecido a la empresa Cimed Medical SAC, la cual generó un perjuicio económico a la entidad de un millón 956 mil soles.

Hay que precisar que, los funcionarios utilizaron la partida de dinero que estaba destinada para medicamentos y que el pago del alquiler fue excesivo, puesto que el costo de un tomógrafo asciende a un promedio de un millón de soles.

MÁS ANOMALÍAS

En relación a las contrataciones irregulares, según el informe de Contraloría N° 026-2022-2-0251-SCE se evidencia el favorecimiento en contratos a familiares directos de los médicos señalados. También se contrató a la hija de la ex viceministra de Producción, María del Carmen Abregú.

En las conclusiones de este informe de Contraloría se evidencia el perjuicio al Estado por más de 750 mil soles. Hay que precisar que, en el reportaje televisivo además mencionan en esta presunta red de corrupción a Carlos Galdós Márquez, exjefe en el hospital de Yanahuara y actualmente gerente de la Red Asistencial Puno; y también a César Linares Aguilar, expresidente de EsSsalud -acusado de cohecho y peculado-, y actualmente director del hospital Melitón Salas en Arequipa.

Fuente y Creditos

Diario Los Andes