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La IVE detecta más de Q7.8 mil millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero

La IVE detecta más de Q7.8 mil millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero

Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada por medios internacionales, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros globales y ha reactivado el análisis del riesgo político, país y regulatorio asociado a Venezuela. Este hecho, más allá de su dimensión geopolítica, representa un evento crítico para el sector financiero y asegurador venezolano y un nuevo foco de atención para instituciones latinoamericanas con exposición directa o indirecta, especialmente en materia de sanciones internacionales, prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales (AML/SARLAFT) y solvencia.

Reacciones de los mercados financieros internacionales

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos venezolanos y los títulos de PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana) registraron incrementos relevantes en los mercados secundarios, impulsados por expectativas de eventuales cambios en la gobernanza económica, procesos de reestructuración de deuda soberana y posible flexibilización futura de sanciones. Este comportamiento refleja un apetito especulativo por activos, más que una mejora estructural inmediata del riesgo crediticio venezolano.

Impacto en mercados energéticos y financieros regionales

El mercado petrolero reaccionó con volatilidad moderada, dado que la producción venezolana actual representa una fracción limitada de la oferta global. No obstante, se observaron movimientos positivos en acciones de empresas energéticas internacionales, así como mayor sensibilidad en mercados emergentes latinoamericanos, especialmente en portafolios con exposición a commodities y deuda soberana.

Estos efectos tienen implicaciones directas para bancos, aseguradoras y fondos de inversión con posiciones en renta fija emergente.

Impactos sobre el sistema financiero venezolano

El sistema financiero venezolano, ya debilitado por sanciones internacionales, restricciones cambiarias, pérdida de corresponsalías y fragilidad institucional, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre elevada. Este se caracteriza por el riesgo de salidas de capital, disrupciones operativas y posibles cambios abruptos en la supervisión y control estatal.

Por lo tanto, las entidades financieras locales deberán reforzar sus planes de continuidad de negocio, gestión de liquidez y controles de riesgo operativo, entre otras medidas.

Implicaciones en AML/SARLAFT y sanciones internacionales

Reforzamiento del riesgo PEP y debida diligencia ampliada

La captura de Nicolás Maduro, reconocido por algunos pocos Estados como jefe de Estado y desconocido por otros, y vinculado a actividades narcoterroristas (según los Estados Unidos de América), lo convierten a él y a su círculo cercano en Personas Expuestas Políticamente (PEP) de riesgo extremo.

Para bancos, entidades financieras y aseguradoras en América Latina, esto implica la aplicación obligatoria de debida diligencia ampliada (DDA), revisión exhaustiva de transacciones históricas, monitoreo reforzado de estructuras societarias, fideicomisos y beneficiarios finales

Sanciones, congelamiento de activos y riesgo extraterritorial

Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han intensificado el congelamiento de activos, restricciones a transacciones financieras y medidas contra empresas, familiares y aliados del régimen venezolano.

Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones que faciliten operaciones con partes sancionadas, así como multas regulatorias, pérdida de corresponsalías y acceso al sistema financiero internacional.

Para el sector financiero regional, el riesgo de sanciones se convierte en un componente crítico del riesgo legal y reputacional.

Impacto en el sector asegurador y reasegurador

Revisión de riesgos asegurables

Las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan una revisión profunda de seguros de riesgo político (confiscación, expropiación), seguro de crédito y caución, coberturas de interrupción de negocios y comercio internacional, entre otros.

Es previsible que se presenten ajustes en primas, reducción de capacidad y la inclusión de cláusulas más estrictas de exclusión por sanciones.

Reaseguro, pagos y cumplimiento

Frente a esta situación, lo más probable es que las reaseguradoras internacionales estén atentas y exijan cumplimiento estricto de sanciones frente al pago de siniestros, transferencias internacionales y manejo de reservas técnicas.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la denegación de cobertura, lo que afectaría la estabilidad financiera de las aseguradoras locales.

ORSA y la evaluación integral del riesgo

En este contexto, cobra especial relevancia el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – Autoevaluación de Riesgos y Solvencia) como herramienta estratégica.

Una ORSA robusta debe incorporar explícitamente riesgo país y geopolítico, riesgo de sanciones y AML/SARLAFT, riesgo de liquidez por congelamiento de activos, riesgo reputacional y legal, así como el impacto en solvencia bajo escenarios adversos.

Los escenarios de estrés deben contemplar, al menos, el endurecimiento de sanciones, el bloqueo de pagos de reaseguros, el incremento de siniestros por riesgo político y el deterioro de inversiones en deuda emergente

Implicaciones para América Latina

Para el sistema financiero y asegurador latinoamericano, este evento refuerza tres tendencias clave:
i) Mayor sensibilidad al riesgo político en las decisiones de inversión.
ii) Consolidación del compliance y AML/SARLAFT como funciones estratégicas, no solo regulatorias.
iii) Mayor exigencia de los supervisores en cuanto a la revelación de exposición, monitoreo transfronterizo, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Conclusiones

La captura de Nicolás Maduro constituye un evento de alto impacto para el sector financiero y asegurador venezolano y latinoamericano. Si bien abre expectativas de cambios estructurales a mediano plazo, también incrementa significativamente los riesgos de corto plazo, especialmente en materia de sanciones, AML/SARLAFT, solvencia y continuidad operativa.

Para bancos, demás instituciones financieras, aseguradoras y reguladores, el desafío será gestionar este entorno con un enfoque prudente y basado en riesgos, fortaleciendo el ORSA, los sistemas de cumplimiento y la gobernanza, en un contexto regional cada vez más expuesto a eventos geopolíticos y regulatorios.

Para el sector asegurador colombiano, el endurecimiento del entorno geopolítico y sancionatorio asociado a Venezuela refuerza la necesidad de gestionar el riesgo país y el riesgo de sanciones como elementos estructurales del negocio, y no como eventos coyunturales.

Aunque la exposición directa del mercado asegurador colombiano al riesgo venezolano es limitada, los vínculos indirectos a través de inversiones, reaseguro, comercio exterior y flujos transfronterizos exigen un enfoque preventivo y altamente técnico.

Desde la perspectiva AML/SARLAFT, las aseguradoras latinoamericanas deben profundizar la debida diligencia ampliada sobre PEP, fortalecer el monitoreo de operaciones atípicas y asegurar la actualización permanente de listas de sanciones internacionales, en línea con los requerimientos de los supervisores. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en consonancia con los estándares de las 40 Recomendaciones del GAFI, establece que la gestión del riesgo de sanciones se consolida como un componente crítico del riesgo legal, reputacional y operativo.

En materia de solvencia y gestión integral de riesgos, el evento subraya la importancia de incorporar escenarios geopolíticos y de sanciones, con el fin de evaluar su impacto potencial en inversiones, liquidez, reaseguro y continuidad del negocio. Una ORSA robusta permite anticipar efectos adversos, fortalecer la toma de decisiones de la alta dirección y demostrar una adecuada alineación entre apetito de riesgo, capital y estrategia.

Finalmente, para el sector asegurador latinoamericano, este contexto reafirma que la solidez financiera y la sostenibilidad del negocio dependen cada vez más de la calidad del gobierno corporativo, la madurez de los sistemas de cumplimiento y la capacidad de anticipación del riesgo, elementos que seguirán siendo foco de atención prioritaria por parte del supervisor y del mercado.

Fuentes y referencias

  • Reuters – Reacciones de mercados financieros y congelamiento de activos

  • Financial Times – Impacto energético y expectativas de inversión

  • Associated Press – Volatilidad de mercados globales

  • U.S. Treasury / OFAC – Sanciones y designaciones a funcionarios venezolanos

  • GAFI/FATF – Enfoque basado en riesgos y AML/CFT

  • Marcos regulatorios de Solvencia II y adopciones ORSA en América Latina

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Los indicadores relacionados a las transacciones financieras por lavado de dinero registraron un incremento en el 2023 en comparación con el 2002, según el reporte oficial de la unidad de inteligencia financiera.

La Intendencia de Verificación Especial (IVE), que es la unidad de inteligencia financiera en Guatemala, confirma un aumento en relación con otros años, tanto en montos, denuncias presentadas, ampliaciones, reportes sospechosos y personas involucradas en el blanqueo de dinero, casos que son remitidos a la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP) para su investigación y persecución penal.

En el recuento y con las cifras públicas disponibles al 26 de diciembre último, hay una evolución, en cuanto a los expedientes que analizaron los técnicos de la IVE reportados por las instituciones bancarias y financieras.  Entre el 2018 y 2023 (pre y post pandemia), las denuncias crecieron este año que está por finalizar.

¿Qué dicen las estadísticas?

Los análisis de transacciones financieras dan cuenta que, en 2023, el monto denunciado por lavado de dinero alcanzó Q7 mil 802.5 millones -al 26 de diciembre-, mientras que en 2022 la cantidad fue de Q3 mil 906.8 millones, lo que significa 99.7% más al hacer la comparación.

Es decir, se habría duplicado el movimiento de recursos monetarios provenientes de fuentes ilícitas en Q3 mil 895 millones en este periodo.

En los años anteriores, los montos denunciados fueron en 2018, Q2 mil 356 millones; en 2019, Q3 mil 119 millones; en 2020, Q2 mil 538 millones y en 2021 Q6 mil 134 millones.

Otros indicadores, muestran que los reportes de transacciones sospechosas (RTS) -que son alertas de movimientos sospechosos e inusuales que puedan emitir ciertas señales- tuvo un incremento del 12.4%, con 6 mil 269 expedientes, mientras en 2022 fueron 5 mil 576; en la parte de denuncias y ampliaciones -de las ya existentes- se computaron 281 casos es decir 11.5%, al comparar con 252 procesos del año pasado.

Sobre las personas involucradas, que incluye las denuncias y ampliaciones -por un caso puede haber otros individuos- fueron 2 mil 680, que representa 11.9% más versus los 2 mil 393 del 2022.

Además, los informes de Extinción de Dominio, fueron 19, menor a los 21 del año anterior, pero en dinero la extinción de domino es de Q309.5 millones mientras que en 2022 fue de Q89.9 millones.

En cuanto a las posibles tipologías –que es el estudio del patrón de comportamiento del delincuente– de lavado de dinero en el país estarían, según las autoridades, estarían agrupadas en actividades de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de personas y extorsiones.

Falta de información

Para el economista Maynor Cabrera, investigador de la Fundación Economía para el Desarrollo, el sistema del control de lavado de dinero está basado en lo que reportan el sistema bancario, y la IVE cuenta con mecanismos de detección, pero básicamente es lo que reportan las instituciones sobre posibles casos sospechosos que los denuncian.

Por otra parte, opina que el tema es muy reactivo.  Citó por ejemplo que se captura a alguien y luego se denuncian esos casos, “y es algo que va detrás de muchas otras cosas”, y los números que se presentan “hay que verlos con mucha cautela, ya que en realidad dicen muy poco de lo que está pasando y no son números comparables”.

Por otro, opina que a nivel internacional hay una tendencia al alza de lavado de dinero por lo que no es exclusivo de los bancos porque existen otras figuras en las cuales se puede operar como los criptoactivos, que es un sistema que escapa a la regulación y que hay un vacío en poder controlar este tema, ya que Guatemala sigue siendo zona de paso para el narcotráfico.

Otro tema que pudo haber influido este año en las cifras, afirma Cabrera, es la realización de las elecciones generales y su financiamiento, pero en general cualquier delito está “metido el lavado de dinero” y se conocieron varios casos sobre corrupción, pero dependen de varios factores y no se pueden extrapolar tendencias de un año hacia otro.  Es “básicamente lo que los bancos han percibido que tienen que reportar”.

En cuanto a las tipologías que pueden estar asociada, el investigador consideró que en Guatemala hay tres que son más utilizadas: la primera es todo lo vinculado a temas al narcotráfico, ya que utiliza y emplea cualquier mecanismo para el blanqueo.  El siguiente es todo lo relacionado a la corrupción, que son casos que se denuncian con mucha frecuencia, que no solo involucra al gobierno central, sino que a municipalidades.

Y finalmente hay un esquema relacionado a “la economía negra”, en donde hay un grupo grande de personas que concentra pequeñas cantidades de dinero, que se le conoce como “pitufeo” que utilizan dinero, para dividir grandes cantidades en muchas personas, y luego se vuelven a concentrar.  Agrega que hay también un esquema vinculado al comercio exterior para poder fingir algunas operaciones, utilizar precios de transferencias para simular, pero hay muchos otros.

“Hay narcotraficantes corruptos, otros que hacen simulaciones de exportación, y otros que tienen redes, y la corrupción también concentra mucho”, apuntó el analista.

Controles

David Casasola, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), hace énfasis en que hay un aprendizaje y controles que están ejerciendo las instituciones sujetas, y de alguna manera la responsabilidad que se tiene de hacer el cumplimiento de determinados movimientos y reportarlos o pedir documentación, que al pasar con el tiempo ha habido permeando en las entidades, por lo que es un “tema de cumplimiento, aprendizaje, y la incorporación de los protocolos para poder lanzar las alertas”.

Sobre los números, apuntó que también es un reflejo de lo que podría estar pasando, que puede brindar indicios de que se fortalece de alguna manera a actividades que tienen origen ilícito de efectivo, que se intenta pasar por el sistema para poder blanquearse, y se conectaría, por ejemplo, con las estadísticas de extorsiones, que pueden estar vinculadas con el hecho que efectivamente ocurren estas transacciones que pueden llegar al sistema financiero legal.

“Puede ser que este año sea extraordinario en cuanto a mayor actividad ilícita y por otro lado, puede ser el reflejo de una mayor observancia de la ley, un mayor cuidado de aplicar las banderas rojas, lo que hace necesario y pone presión para que las investigaciones puedan llegar al meollo del asunto”, anotó el consultor del Cien.

Los cripto activos

Ambos entrevistados coincidieron en que hay una tendencia mundial sobre el lavado de dinero que está utilizando cripto activos.   Esto viene escalando por lo que varios gobiernos han anunciado que quieren imponer controles, explicaron.

Opinan que cuando existan mayores transacciones en este tipo de instrumentos, será necesario en Guatemala actualizar la legislación, pero por ahora hay poca caracterización de perfiles en el área financiera.

Se investiga, según el MP

Prensa Libre consultó al MP sobre el reporte de la unidad de inteligencia financiera, y estas fueron las respuestas:

¿Cuál es la postura como Fiscalía sobre el incremento del monto denunciado por IVE de lavado de dinero por Q7 mil 802 millones en 2023?

En el año 2023 ingresaron 313 denuncias, un incremento de 14% en comparación al año 2022, la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos continúa con el compromiso de diligenciamiento oportuno de casos con el modelo de Gestión Integral de Casos implementado por la señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Doctora María Consuelo Porras Argueta cumpliendo con plazos razonables en la investigación.

Con relación al incremento de dinero denunciado por la IVE la Fiscalía comunica de forma inmediata a la Fiscalía de Extinción de Dominio, que detectan si existe la posibilidad de solicitar medidas cautelares para recuperación de activos; sin embargo, los períodos denunciados en la mayoría de denuncias remitidas por la Intendencia de Verificación Especial corresponden a períodos de años anteriores, lo que dificulta la oportuna recuperación del dinero de forma inmediata; sin embargo, la Fiscalía continúa con su labor investigativa penal con el objetivo de determinar la existencia del delito y solicitar las sanciones que correspondan, dentro de estas el delito de lavado de dinero u otros activos contempla además de la pena de prisión,  la pena de  multa igual al valor de los bienes , instrumentos o productos del delito; el comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito, lo que permite la recuperación del dinero objeto del delito y que se refleja en cada sentencia emitida.

¿Qué explicaría esta tendencia en comparación con el 2022?

Esta circunstancia se sugiere que sea consultada a la Superintendencia de Bancos, quiénes podrán explicar a qué se debe el incremento del monto denunciado.

¿Cuáles son las cinco tipologías identificadas por la Fiscalía en 2023 y que sustentan el reporte de cierre?

Dentro de las investigaciones que tramita la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos hemos detectado como delitos precedentes más recurrentes el delito de extorsión y estafas, se ha identificado el incremento de phishing. En cuanto a tipologías identificadas se sugiere que realizar la consulta a la SIB, ya que a través de la unidad de análisis de la IVE realizar el estudio específico de tipologías como parte de su función preventiva.

En términos generales, ¿Cuáles fueron los principales logros obtenidos por la Fiscalía contra Lavado de dinero en este ejercicio fiscal?

183 personas condenadas

334 actos conclusivos

708 solicitudes de citación a primera declaración

351 órdenes de aprehensión solicitadas

176 sentencias

Dinero incautado: Q5 millones 189 mil 630.25 , US$19 mil 990.82, MXN 8 mil 060, COL 22 mil.

Bienes incautados: 4 vehículos 10 armas de fuego 1 teléfono celular, 5 laptops.

Fuente y Creditos 

Diario Prensa Libre

 

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