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Solicitan iniciar diligencias contra Magaly Ruíz por presunto tráfico de influencias

Solicitan iniciar diligencias contra Magaly Ruíz por presunto tráfico de influencias

Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada por medios internacionales, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros globales y ha reactivado el análisis del riesgo político, país y regulatorio asociado a Venezuela. Este hecho, más allá de su dimensión geopolítica, representa un evento crítico para el sector financiero y asegurador venezolano y un nuevo foco de atención para instituciones latinoamericanas con exposición directa o indirecta, especialmente en materia de sanciones internacionales, prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales (AML/SARLAFT) y solvencia.

Reacciones de los mercados financieros internacionales

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos venezolanos y los títulos de PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana) registraron incrementos relevantes en los mercados secundarios, impulsados por expectativas de eventuales cambios en la gobernanza económica, procesos de reestructuración de deuda soberana y posible flexibilización futura de sanciones. Este comportamiento refleja un apetito especulativo por activos, más que una mejora estructural inmediata del riesgo crediticio venezolano.

Impacto en mercados energéticos y financieros regionales

El mercado petrolero reaccionó con volatilidad moderada, dado que la producción venezolana actual representa una fracción limitada de la oferta global. No obstante, se observaron movimientos positivos en acciones de empresas energéticas internacionales, así como mayor sensibilidad en mercados emergentes latinoamericanos, especialmente en portafolios con exposición a commodities y deuda soberana.

Estos efectos tienen implicaciones directas para bancos, aseguradoras y fondos de inversión con posiciones en renta fija emergente.

Impactos sobre el sistema financiero venezolano

El sistema financiero venezolano, ya debilitado por sanciones internacionales, restricciones cambiarias, pérdida de corresponsalías y fragilidad institucional, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre elevada. Este se caracteriza por el riesgo de salidas de capital, disrupciones operativas y posibles cambios abruptos en la supervisión y control estatal.

Por lo tanto, las entidades financieras locales deberán reforzar sus planes de continuidad de negocio, gestión de liquidez y controles de riesgo operativo, entre otras medidas.

Implicaciones en AML/SARLAFT y sanciones internacionales

Reforzamiento del riesgo PEP y debida diligencia ampliada

La captura de Nicolás Maduro, reconocido por algunos pocos Estados como jefe de Estado y desconocido por otros, y vinculado a actividades narcoterroristas (según los Estados Unidos de América), lo convierten a él y a su círculo cercano en Personas Expuestas Políticamente (PEP) de riesgo extremo.

Para bancos, entidades financieras y aseguradoras en América Latina, esto implica la aplicación obligatoria de debida diligencia ampliada (DDA), revisión exhaustiva de transacciones históricas, monitoreo reforzado de estructuras societarias, fideicomisos y beneficiarios finales

Sanciones, congelamiento de activos y riesgo extraterritorial

Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han intensificado el congelamiento de activos, restricciones a transacciones financieras y medidas contra empresas, familiares y aliados del régimen venezolano.

Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones que faciliten operaciones con partes sancionadas, así como multas regulatorias, pérdida de corresponsalías y acceso al sistema financiero internacional.

Para el sector financiero regional, el riesgo de sanciones se convierte en un componente crítico del riesgo legal y reputacional.

Impacto en el sector asegurador y reasegurador

Revisión de riesgos asegurables

Las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan una revisión profunda de seguros de riesgo político (confiscación, expropiación), seguro de crédito y caución, coberturas de interrupción de negocios y comercio internacional, entre otros.

Es previsible que se presenten ajustes en primas, reducción de capacidad y la inclusión de cláusulas más estrictas de exclusión por sanciones.

Reaseguro, pagos y cumplimiento

Frente a esta situación, lo más probable es que las reaseguradoras internacionales estén atentas y exijan cumplimiento estricto de sanciones frente al pago de siniestros, transferencias internacionales y manejo de reservas técnicas.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la denegación de cobertura, lo que afectaría la estabilidad financiera de las aseguradoras locales.

ORSA y la evaluación integral del riesgo

En este contexto, cobra especial relevancia el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – Autoevaluación de Riesgos y Solvencia) como herramienta estratégica.

Una ORSA robusta debe incorporar explícitamente riesgo país y geopolítico, riesgo de sanciones y AML/SARLAFT, riesgo de liquidez por congelamiento de activos, riesgo reputacional y legal, así como el impacto en solvencia bajo escenarios adversos.

Los escenarios de estrés deben contemplar, al menos, el endurecimiento de sanciones, el bloqueo de pagos de reaseguros, el incremento de siniestros por riesgo político y el deterioro de inversiones en deuda emergente

Implicaciones para América Latina

Para el sistema financiero y asegurador latinoamericano, este evento refuerza tres tendencias clave:
i) Mayor sensibilidad al riesgo político en las decisiones de inversión.
ii) Consolidación del compliance y AML/SARLAFT como funciones estratégicas, no solo regulatorias.
iii) Mayor exigencia de los supervisores en cuanto a la revelación de exposición, monitoreo transfronterizo, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Conclusiones

La captura de Nicolás Maduro constituye un evento de alto impacto para el sector financiero y asegurador venezolano y latinoamericano. Si bien abre expectativas de cambios estructurales a mediano plazo, también incrementa significativamente los riesgos de corto plazo, especialmente en materia de sanciones, AML/SARLAFT, solvencia y continuidad operativa.

Para bancos, demás instituciones financieras, aseguradoras y reguladores, el desafío será gestionar este entorno con un enfoque prudente y basado en riesgos, fortaleciendo el ORSA, los sistemas de cumplimiento y la gobernanza, en un contexto regional cada vez más expuesto a eventos geopolíticos y regulatorios.

Para el sector asegurador colombiano, el endurecimiento del entorno geopolítico y sancionatorio asociado a Venezuela refuerza la necesidad de gestionar el riesgo país y el riesgo de sanciones como elementos estructurales del negocio, y no como eventos coyunturales.

Aunque la exposición directa del mercado asegurador colombiano al riesgo venezolano es limitada, los vínculos indirectos a través de inversiones, reaseguro, comercio exterior y flujos transfronterizos exigen un enfoque preventivo y altamente técnico.

Desde la perspectiva AML/SARLAFT, las aseguradoras latinoamericanas deben profundizar la debida diligencia ampliada sobre PEP, fortalecer el monitoreo de operaciones atípicas y asegurar la actualización permanente de listas de sanciones internacionales, en línea con los requerimientos de los supervisores. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en consonancia con los estándares de las 40 Recomendaciones del GAFI, establece que la gestión del riesgo de sanciones se consolida como un componente crítico del riesgo legal, reputacional y operativo.

En materia de solvencia y gestión integral de riesgos, el evento subraya la importancia de incorporar escenarios geopolíticos y de sanciones, con el fin de evaluar su impacto potencial en inversiones, liquidez, reaseguro y continuidad del negocio. Una ORSA robusta permite anticipar efectos adversos, fortalecer la toma de decisiones de la alta dirección y demostrar una adecuada alineación entre apetito de riesgo, capital y estrategia.

Finalmente, para el sector asegurador latinoamericano, este contexto reafirma que la solidez financiera y la sostenibilidad del negocio dependen cada vez más de la calidad del gobierno corporativo, la madurez de los sistemas de cumplimiento y la capacidad de anticipación del riesgo, elementos que seguirán siendo foco de atención prioritaria por parte del supervisor y del mercado.

Fuentes y referencias

  • Reuters – Reacciones de mercados financieros y congelamiento de activos

  • Financial Times – Impacto energético y expectativas de inversión

  • Associated Press – Volatilidad de mercados globales

  • U.S. Treasury / OFAC – Sanciones y designaciones a funcionarios venezolanos

  • GAFI/FATF – Enfoque basado en riesgos y AML/CFT

  • Marcos regulatorios de Solvencia II y adopciones ORSA en América Latina

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La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación que se le seguía por supuestamente recortar el sueldo a sus trabajadores.

La Procuraduría General del Estado, solicitó a la Fiscalía de la Nación que inicie las diligencias preliminares por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible y tráfico de influencias contra la congresista Magaly Ruíz Rodríguez, el fiscal Richard Rojas Gómez y Alex Junior Rojas Gómez, hermano de este último.

Magaly Ruiz, de acuerdo con una investigación periodística, habría contratado de manera irregular a Alex Junior Rojas Gómez, hermano del fiscal Richard Rojas, quien la indagaba por supuestamente recortar el sueldo a sus trabajadores.

“Magaly Ruiz Rodríguez conjuntamente con Johnny Romero Nima, ex asesor de ésta, se habrían reunido  en la casa del fiscal Richard Rojas Gómez con la participación del hermano de este último, Alex Junior Rojas Gómez, a fin de solicitarle que dicho fiscal interceda para “ayudarla” en la investigación fiscal seguida en su contra a nivel de Fiscalía de la Nación, todo esto a cambio de una contratación irregular en el despacho de la congresista Ruiz Rodríguez para el hermano de dicho fiscal”, señala la página del Gobierno.

Por ello, la Procuraduría solicitó como actos de investigación documentación referente a los presuntos hechos, así como la realización de diferentes diligencias fiscales que permitan esclarecer objetivamente estos graves hechos.

Testigo clave

Punto Final reveló que Magaly Ruíz, congresista representante de la región La Libertad, presuntamente solicitó la asesoría del fiscal Richard Rojas Gómez, esto tras enfrentar acusaciones en marzo de 2023 por supuestamente apropiarse de una porción del salario de sus empleados.

“Ella me dice: ‘Vamos a visitar a este fiscal para que nos dé algún asesoramiento y ayuda para poder salvarnos de este problema'”, dijo el exasesor parlamentario Johnny Romero, quien laboró para Magaly Ruíz.

Johnny Romero precisó que, en compañía de la legisladora, visitaron la residencia del fiscal Rojas Gómez, situada en el distrito de Pueblo Libre, en Lima. Según su testimonio, “Nos encontrábamos presentes la congresista, el fiscal, el hermano de este último y yo. El fiscal se informó sobre el caso y se comprometió a brindar su apoyo para resolver la situación; sin embargo, este apoyo implicaba una condición: que su hermano fuese incorporado como empleado en el despacho”, destacó.

Magaly Ruiz habría contratado a hermano de fiscal que la investigaba

De acuerdo con la información difundida por un reportaje televisivo, el individuo en cuestión es Álex Rojas, profesional en comunicaciones, que se desempeñó en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso entre octubre de 2021 y julio de 2022. Durante este lapso, el hermano del fiscal provincial percibió un salario de S/5 049. Posteriormente, a partir de septiembre de 2022, asumió el cargo de auxiliar en el Departamento de Comisiones, recibiendo un sueldo menor, de S/2 819, sin incluir bonificaciones adicionales.

Tras el alegado encuentro entre su hermano y Magaly Ruíz, Álex Rojas se incorporó el 14 de marzo de 2023 al equipo de la controvertida congresista, desempeñándose como asesor II en su oficina, con un salario de S/9 311. Mantuvo esta posición hasta agosto de 2023.

En ese marco, Johnny Romero reconoció su papel como intermediario en el cobro de una fracción de los salarios de los empleados de la congresista, afirmando: “Es cierto, efectivamente se realizaban esos cobros en beneficio de la congresista Magaly Ruíz. Todos estos hechos han sido debidamente documentados ante la Fiscalía”, afirmó. Además, agregó que él mismo había sido afectado por reducciones salariales.

Fuente y Creditos 

Diario La Republica

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