Fue por las amenazas contra el intendente Leonel Chiarella y al ex delegado del Ministerio de Seguridad provincial durante el gobierno de Omar Perotti, Sergio Maidana.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Rosario condenó a siete años de prisión al narcotraficante Mauro Nahuel Novelino por las amenazas contra el mandatario venadense, (el radical Leonel Chiarella) y también hacia el ex delegado del Ministerio de Seguridad provincial durante el gobierno de Omar Perotti, (el funcionario justicialista) Sergio Maidana. Esta condena se sumará a los 15 años que ya cumple en el Penal de Ezeiza.
Chiarella, quien prestó declaración en la audiencia celebrada en los Tribunales de nuestra ciudad, aseguró que “lo más importante de esta condena no tiene que ver con las amenazas, sino con un mensaje muy claro hacia las bandas narcocriminales a las que les estamos diciendo que se terminaron los privilegios adentro de la cárcel”. Al parecer las amenazas había sido realizadas desde la propia cárcel.
Luego recordó que las amenazas contra su persona fueron para que se frenaran los traslados de presos, y afirmó que “nosotros no vamos a permitir que los delincuentes tengan estos privilegios. Los delincuentes tienen que estar bien presos, no puede ser que organicen el delito, que amenacen, que amedrenten a nuestros vecinos, desde la cárcel. Por eso esta condena de siete años es un mensaje muy claro a las bandas narco y a los delincuentes. Se terminaron los privilegios adentro de la cárcel”.
Por otro lado, el jefe del Ejecutivo municipal celebró el fallo del TOF 2 de Rosario y consideró que “este es un mensaje muy claro que se da desde la Justicia y desde nuestro lugar como representantes y como gobierno, de que se termina el home office desde la cárcel”.
Chiarella ponderó a Pullaro
El intendente de Venado Tuerto, también ponderó la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de instalar inhibidores de señales en las cárceles dependientes de la provincia y los controles sobre los pabellones donde están detenidos los presos de alto perfil. “Todas esas medidas implican una decisión política, que apunta a que los presos no tengan más privilegios para organizar el delito desde la cárcel”, enfatizó Chiarella.
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