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Sentencian a integrantes de la red criminal Río Negro por tráfico de drogas

Sentencian a integrantes de la red criminal Río Negro por tráfico de drogas

Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada por medios internacionales, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros globales y ha reactivado el análisis del riesgo político, país y regulatorio asociado a Venezuela. Este hecho, más allá de su dimensión geopolítica, representa un evento crítico para el sector financiero y asegurador venezolano y un nuevo foco de atención para instituciones latinoamericanas con exposición directa o indirecta, especialmente en materia de sanciones internacionales, prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales (AML/SARLAFT) y solvencia.

Reacciones de los mercados financieros internacionales

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos venezolanos y los títulos de PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana) registraron incrementos relevantes en los mercados secundarios, impulsados por expectativas de eventuales cambios en la gobernanza económica, procesos de reestructuración de deuda soberana y posible flexibilización futura de sanciones. Este comportamiento refleja un apetito especulativo por activos, más que una mejora estructural inmediata del riesgo crediticio venezolano.

Impacto en mercados energéticos y financieros regionales

El mercado petrolero reaccionó con volatilidad moderada, dado que la producción venezolana actual representa una fracción limitada de la oferta global. No obstante, se observaron movimientos positivos en acciones de empresas energéticas internacionales, así como mayor sensibilidad en mercados emergentes latinoamericanos, especialmente en portafolios con exposición a commodities y deuda soberana.

Estos efectos tienen implicaciones directas para bancos, aseguradoras y fondos de inversión con posiciones en renta fija emergente.

Impactos sobre el sistema financiero venezolano

El sistema financiero venezolano, ya debilitado por sanciones internacionales, restricciones cambiarias, pérdida de corresponsalías y fragilidad institucional, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre elevada. Este se caracteriza por el riesgo de salidas de capital, disrupciones operativas y posibles cambios abruptos en la supervisión y control estatal.

Por lo tanto, las entidades financieras locales deberán reforzar sus planes de continuidad de negocio, gestión de liquidez y controles de riesgo operativo, entre otras medidas.

Implicaciones en AML/SARLAFT y sanciones internacionales

Reforzamiento del riesgo PEP y debida diligencia ampliada

La captura de Nicolás Maduro, reconocido por algunos pocos Estados como jefe de Estado y desconocido por otros, y vinculado a actividades narcoterroristas (según los Estados Unidos de América), lo convierten a él y a su círculo cercano en Personas Expuestas Políticamente (PEP) de riesgo extremo.

Para bancos, entidades financieras y aseguradoras en América Latina, esto implica la aplicación obligatoria de debida diligencia ampliada (DDA), revisión exhaustiva de transacciones históricas, monitoreo reforzado de estructuras societarias, fideicomisos y beneficiarios finales

Sanciones, congelamiento de activos y riesgo extraterritorial

Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han intensificado el congelamiento de activos, restricciones a transacciones financieras y medidas contra empresas, familiares y aliados del régimen venezolano.

Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones que faciliten operaciones con partes sancionadas, así como multas regulatorias, pérdida de corresponsalías y acceso al sistema financiero internacional.

Para el sector financiero regional, el riesgo de sanciones se convierte en un componente crítico del riesgo legal y reputacional.

Impacto en el sector asegurador y reasegurador

Revisión de riesgos asegurables

Las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan una revisión profunda de seguros de riesgo político (confiscación, expropiación), seguro de crédito y caución, coberturas de interrupción de negocios y comercio internacional, entre otros.

Es previsible que se presenten ajustes en primas, reducción de capacidad y la inclusión de cláusulas más estrictas de exclusión por sanciones.

Reaseguro, pagos y cumplimiento

Frente a esta situación, lo más probable es que las reaseguradoras internacionales estén atentas y exijan cumplimiento estricto de sanciones frente al pago de siniestros, transferencias internacionales y manejo de reservas técnicas.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la denegación de cobertura, lo que afectaría la estabilidad financiera de las aseguradoras locales.

ORSA y la evaluación integral del riesgo

En este contexto, cobra especial relevancia el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – Autoevaluación de Riesgos y Solvencia) como herramienta estratégica.

Una ORSA robusta debe incorporar explícitamente riesgo país y geopolítico, riesgo de sanciones y AML/SARLAFT, riesgo de liquidez por congelamiento de activos, riesgo reputacional y legal, así como el impacto en solvencia bajo escenarios adversos.

Los escenarios de estrés deben contemplar, al menos, el endurecimiento de sanciones, el bloqueo de pagos de reaseguros, el incremento de siniestros por riesgo político y el deterioro de inversiones en deuda emergente

Implicaciones para América Latina

Para el sistema financiero y asegurador latinoamericano, este evento refuerza tres tendencias clave:
i) Mayor sensibilidad al riesgo político en las decisiones de inversión.
ii) Consolidación del compliance y AML/SARLAFT como funciones estratégicas, no solo regulatorias.
iii) Mayor exigencia de los supervisores en cuanto a la revelación de exposición, monitoreo transfronterizo, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Conclusiones

La captura de Nicolás Maduro constituye un evento de alto impacto para el sector financiero y asegurador venezolano y latinoamericano. Si bien abre expectativas de cambios estructurales a mediano plazo, también incrementa significativamente los riesgos de corto plazo, especialmente en materia de sanciones, AML/SARLAFT, solvencia y continuidad operativa.

Para bancos, demás instituciones financieras, aseguradoras y reguladores, el desafío será gestionar este entorno con un enfoque prudente y basado en riesgos, fortaleciendo el ORSA, los sistemas de cumplimiento y la gobernanza, en un contexto regional cada vez más expuesto a eventos geopolíticos y regulatorios.

Para el sector asegurador colombiano, el endurecimiento del entorno geopolítico y sancionatorio asociado a Venezuela refuerza la necesidad de gestionar el riesgo país y el riesgo de sanciones como elementos estructurales del negocio, y no como eventos coyunturales.

Aunque la exposición directa del mercado asegurador colombiano al riesgo venezolano es limitada, los vínculos indirectos a través de inversiones, reaseguro, comercio exterior y flujos transfronterizos exigen un enfoque preventivo y altamente técnico.

Desde la perspectiva AML/SARLAFT, las aseguradoras latinoamericanas deben profundizar la debida diligencia ampliada sobre PEP, fortalecer el monitoreo de operaciones atípicas y asegurar la actualización permanente de listas de sanciones internacionales, en línea con los requerimientos de los supervisores. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en consonancia con los estándares de las 40 Recomendaciones del GAFI, establece que la gestión del riesgo de sanciones se consolida como un componente crítico del riesgo legal, reputacional y operativo.

En materia de solvencia y gestión integral de riesgos, el evento subraya la importancia de incorporar escenarios geopolíticos y de sanciones, con el fin de evaluar su impacto potencial en inversiones, liquidez, reaseguro y continuidad del negocio. Una ORSA robusta permite anticipar efectos adversos, fortalecer la toma de decisiones de la alta dirección y demostrar una adecuada alineación entre apetito de riesgo, capital y estrategia.

Finalmente, para el sector asegurador latinoamericano, este contexto reafirma que la solidez financiera y la sostenibilidad del negocio dependen cada vez más de la calidad del gobierno corporativo, la madurez de los sistemas de cumplimiento y la capacidad de anticipación del riesgo, elementos que seguirán siendo foco de atención prioritaria por parte del supervisor y del mercado.

Fuentes y referencias

  • Reuters – Reacciones de mercados financieros y congelamiento de activos

  • Financial Times – Impacto energético y expectativas de inversión

  • Associated Press – Volatilidad de mercados globales

  • U.S. Treasury / OFAC – Sanciones y designaciones a funcionarios venezolanos

  • GAFI/FATF – Enfoque basado en riesgos y AML/CFT

  • Marcos regulatorios de Solvencia II y adopciones ORSA en América Latina

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Fueron detenidos en un laboratorio clandestino y en medio de parcelas de hojas de coca en el centro poblado Las Mercedes, ubicado en Callería.

El Juzgado Penal Colegiado de la Corte de Ucayali, en un adelanto de fallo, condenó a tres individuos como coautores del delito de tráfico ilícito de drogas. Según la fiscalía, eran integrantes de la red criminal Río Negro. Se trata de Bruno Galindo Herrera, Edinson del Águila Olivera y Kelvin Luis del Águila Bautista.

El juzgado, tras analizar detalladamente las pruebas presentadas y escuchar los argumentos de ambas partes (imputados y Ministerio Público), dictaminó que Bruno Galindo reciba una pena total de ocho años de privación de libertad por tráfico de drogas y tenencia ilegal de munición.

La sentencia de Galindo se extenderá hasta mayo de 2030, tomando en cuenta que ya viene cumpliendo prisión desde mayo de 2022.

En el caso de Edinson del Águila, fue condenado a cinco años de cárcel; mientras que a Kelvin del Águila se le dio una pena de cuatro años, que se convirtieron en 209 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

Además de las penas de prisión, los acusados fueron inhabilitados por cinco años según lo dispuesto en el artículo 36 del Código. Esta inhabilitación implica la incapacidad de obtener mandatos, cargos, empleos o comisiones de carácter público; así como también la restricción para ejercer por cuenta propia o mediante terceros actividades relacionadas con insumos químicos y productos fiscalizados para la elaboración de drogas. Sumado a eso, se estableció la incapacidad definitiva para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones educativas de diversos niveles, incluyendo centros de resocialización o rehabilitación. Igualmente, para ejercer cualquier actividad que implique el cuidado, vigilancia o atención de menores o estudiantes de educación superior.

También se les impuso una reparación civil y se establecieron multas. En este caso, se fijó una reparación civil de S/ 15 000, que los condenados deberán pagar de forma solidaria a favor del Estado, representada por la Procuraduría de Tráfico Ilícito de Drogas. Fuera de ello, Bruno Galindo deberá pagar una reparación civil adicional de S/ 1 000, por el delito de tenencia ilegal de armas. Esta reparación civil tiene como objetivo compensar los daños y perjuicios causados como resultado de las actividades ilícitas cometidas.

En cuanto a las multas, se impuso el pago de 180 días multa para Bruno Galindo y Edinson del Águila, mientras que Kelvin Luis del Águila Bautista recibió la imposición de 160 días multa.

Captura de los sentenciados

Según el Ministerio Público, tras recibir información confidencial sobre la operación de una red criminal denominada Río Negro, liderada por el traficante conocido como Fredy, junto con autoridades policiales emprendieron una operación de interdicción (acción coordinada y ejecutada por autoridades policiales y fiscales) el 6 de mayo de 2022 en el centro poblado Las Mercedes, ubicado en el distrito de Callería.

Durante el operativo, se descubrió un laboratorio rústico utilizado para la elaboración de pasta básica de cocaína, donde se observó a dos hombres, quienes al notar la presencia policial corrieron en diferentes direcciones, lográndose la detención de solo uno de ellos, quien fue identificado como Bruno Galindo Herrera y se le encontró un arma.

Procedieron a verificar el laboratorio rústico, que estuvo conformado por dos pozas de maceración de 10×8 metros, una con hoja de coca macerada y otra vacía. Al costado de dichas pozas se encontró abundante detritus de hoja de coca (hoja de coca trabajada); una poza de decantación (utilizada para separar componentes) de 1×2 metros aproximadamente, en cuyo interior había un líquido oscuro; doce timbos que contenían gasolina; dos sacos de bisulfato de sodio de 25 kilos cada uno; dos sacos de cemento y cilindros de plástico, entre otros instrumentos utilizados en la elaboración de cocaína.

En el operativo, se intervino a Kelvin Luis del Águila Bautista, que se encontraba en medio de parcelas de plantas de coca, a 50 metros aproximadamente de una vivienda rústica. A 70 metros de la vivienda antes indicada se intervino a Édison del Águila Olivera, también en medio de parcelas de plantas de coca. Ambos portaban mochila al momento de la detención.

En la vivienda se encontraron dos sacos de 25 kilogramos que contenían bisulfato de sodio y una balanza; una bolsa que contenía alcaloide de cocaína (20 gramos) y pertenencias personales. Posteriormente, se incineró el laboratorio rústico y la vivienda, previa incautación de los bienes y sustancias, y extracción de muestras de insumos químicos.

Sanciones por los delitos

El Código Penal del Perú, a través de su artículo 296, sanciona con pena privativa de la libertad de hasta 15 años, al que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o tráfico o el que las posee con este último fin.

El artículo 279- G del mismo código, castiga con una pena privativa de libertad de hasta 10 años, al que fabrica, comercializa o usa armas, sin estar debidamente autorizado.

Fuente y Créditos 

Diario Gob

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