Estarían implicados abogados, notarios y empresarios de Lima y el interior del país. Hay más de 72 hectáreas en litigio.
Una presunta banda criminal habría logrado infiltrarse en entidades públicas para desalojar a verdaderos dueños de terrenos en Lurín para luego transferir esas propiedades a “terceros de buena fe”, creando y utilizando para ello documentación falsa y fraudulenta, denunció el abogado Carlos Manuel Paredes.
El letrado señaló que los ciudadanos Rolando Casas Angeletti y Luis Goldemberg Aponte ya han sido denunciados por el Ministerio Público ante el Poder Judicial, por haberse apropiado de un terreno de 10.6 dentro de un total de 72 hectáreas de uso agrícola en el distrito limeño.
Para ello, según Paredes, habrían usado una compañía fachada denominada AEI Inmobiliaria SAC, la cual estaría por desarrollar un proyecto inmobiliario en una porción de dichos terrenos en Lurín con el grupo Inversiones El Pino.
Según la acusación fiscal, esta red criminal estaría conformada por más de 20 personas, y en la misma estaría implicado el notario Yuri Aldo Villanueva Santos, de Bagua, a través de cuya notaría y con documentación falsificada se habrían vendido los terrenos.
En un principio, los agraviados denunciaron el caso ante las autoridades de Lurín, quienes no atendieron la denuncia. Luego de insistentes gestiones, el caso fue tomado por la Procuraduría de la Sunarp.
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria tiene ya en sus manos este caso, en tanto que el Ministerio Publico ya solicitó la prisión preventiva, el embargo de los bienes y el impedimento de salida del país de los implicados, algunos de los cuales ya registran cada uno más de 36 denuncias penales ante la Fiscalía.
“Estamos denunciando una presunta organización criminal en la cual estarían incluidos la empresa AEI Inmobiliaria de Luis Goldemberg, una persona de nombre Rolando Casas, otra de apellido Atuncar, además de los notarios y registradores públicos involucrados. Esperamos que el procurador público de la Sunarp anule el asiento de matriculación o el Poder Judicial y la Fiscalía nos devuelva la propiedad y la posesión del terreno”, señaló Paredes.
Paredes señaló que existe una ley de estafas inmobiliarias que prohíbe que los actos que se lleven a cabo en una provincia sean trasladados a otra sede. “Por eso hay una sospecha delictiva de por qué el terreno siendo de Lurín, la documentación fraudulenta sea revisada en Bagua, Amazonas y un notario se presta para hacer el asiento en ese lugar”, indicó a EXPRESO.
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