Los fiscales del Supremo deciden pedir la imputación de Puigdemont por terrorismo

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La mayor parte de los 15 fiscales de lo penal del Alto Tribunal rechazan la ponencia del fiscal que apostaba por no abrir una causa contra el expresident catalán por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic

Los fiscales de lo penal del Tribunal Supremo han decidido acusar de terrorismo a Carles Puigdemont por el caso Tsunami Democràtic. Después de más de cuatro horas de reunión, la mayor parte de la junta ha rechazado la ponencia del fiscal Álvaro Redondo, que apostaba por no abrir una causa contra el expresident catalán, y han acordado sacar adelante un nuevo informe que sí apoye la exposición razonada del juez Manuel García Castellón, aunque el caso queda ahora en manos de la teniente fiscal del Alto Tribunal, Ángeles Sánchez-Conde, que es de facto la número dos del fiscal general del Estado.

En total, 12 de los 15 fiscales entienden que hay terrorismo en los altercados que siguieron a la publicación de la sentencia del procés en 2019 y, por otra parte, 11 de los 15 apuestan por dirigir las investigación contra Puigdemont. Sin embargo, dado que los dos responsables de la sección —Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa— han mantenido criterios dispares, se ha acordado que el informe que recibirán los jueces del Supremo sea elaborado por la citada Sánchez-Conde, superior jerárquica de ambos. En todo caso, la última palabra sobre si abre causa no contra Puigdemont será de los jueces de la Sala de Admisión del Supremo.

Los fiscales de sala del Supremo se han reunido este martes a las diez de la mañana en la sede del Ministerio Público de la calle Fortuny de Madrid para estudiar la propuesta del juez Manuel García Castellón: imputar por terrorismo al expresident Carles Puigdemont y a otros diez acusados más, entre ellos Marta Rovira y Rubén Wagensberg (ERC), por tener un papel supuestamente protagonista en las protestas masivas contra la sentencia del procés de Tsunami Democràti en 2019. Según el magistrado de la Audiencia Nacional, la muerte de un turista de un infarto en el aeropuerto de Barcelona, entre otros indicios, es suficiente para conducir la causa por posible terrorismo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso sin éxito a esta exposición razonada y, una vez elevado el caso al Supremo, el fiscal Álvaro Redondo fue de la misma opinión. Su ponencia, estudiada hoy por los 12 fiscales de lo penal, rechazaba imputar al expresident por terrorismo y apostaba por dejar el caso en manos de García Castellón por entender que los indicios contra los acusados eran “demasiado abiertos”.

Las deliberaciones de los fiscales, generalmente tranquilas y de escasa trascendencia pública, han venido marcadas por la filtración de un primer borrador elaborado y descartado por el propio Redondo en el que, en un primer momento, sí avalaba la apertura de una causa por terrorismo contra Puigdemont. También por el hecho de que, antes de presentar su informe definitivo pero después de elaborarlo, se reunirá con el fiscal general del Estado. Redondo, fiscal del Supremo desde hace 19 años, tuvo que emitir ayer un comunicado para defender que ese primer borrador no tenía carácter oficial y que el fiscal general no le dio ningún tipo de instrucción al respecto.

El caso Tsunami y la amnistía

El caso Tsunami Democràtic investiga si las manifestaciones masivas en Catalunya en 2019 en protesta contra la sentencia del procés tuvieron detrás no solo una organización sino un grupo con fines terroristas. El mismo día en que el Supremo dictó su sentencia e impuso condenas de hasta 13 años de cárcel por sedición, malversación y desobediencia a los líderes del procés, las protestas anegaron las calles de Catalunya: protestas en el centro de Barcelona que terminaron en cargas policiales y miles de manifestantes que, durante horas, bloquearon los accesos del aeropuerto de la capital catalana.

Esos días, buena parte de las convocatorias se difundían a través de un canal de Telegram bautizado como Tsunami Democràtic, el mismo que desconvocó las protestas de El Prat esa misma noche. “Hoy hemos sido un tsunami, ha empezado un ciclo de desobediencia civil no violento”, afirmó ese mensaje. Un turista de 62 años sufrió una parada cardiorrespiratoria en la Terminal 2 y fue trasladado de forma inmediata al Hospital de Bellvitge, donde falleció.

La causa de Tsunami llevaba varios años abierta en la Audiencia Nacional pero tanto el juez García Castellón como la Guardia Civil pisaron el acelerador en paralelo a las negociaciones entre PSOE, Junts y ERC para una ley de amnistía y la investidura de Pedro Sánchez. El instituto armado entregó varias semanas antes de lo previsto el informe en el que apunta a Marta Rovira (ERC) como una de las cabecillas de Tsunami. Poco después, el instructor anunciaba que su investigación se dirigía contra Rovira pero también contra Carles Puigdemont y ofrecía al expresident catalán declarar voluntariamente, aunque está aforado ante el Supremo por ser eurodiputado.

Los argumentos del juez viraron entonces hacia un posible terrorismo que terminó atribuyendo al propio Puigdemont en una exposición razonada enviada al Supremo. Su argumento principal: la muerte por infarto de un turista permitía explorar la acusación por ese delito. Un delito que, más allá del proceso judicial, tenía una incidencia directa en las negociaciones para la ley de amnistía, con los partidos políticos buscando desde entonces el encaje del terrorismo en esa norma de perdón.

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