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Dictan 30 y 15 años de prisión a cuatro hombres que se le ocuparon 100 kg de cocaína en Santiago

Dictan 30 y 15 años de prisión a cuatro hombres que se le ocuparon 100 kg de cocaína en Santiago

Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada por medios internacionales, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros globales y ha reactivado el análisis del riesgo político, país y regulatorio asociado a Venezuela. Este hecho, más allá de su dimensión geopolítica, representa un evento crítico para el sector financiero y asegurador venezolano y un nuevo foco de atención para instituciones latinoamericanas con exposición directa o indirecta, especialmente en materia de sanciones internacionales, prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales (AML/SARLAFT) y solvencia.

Reacciones de los mercados financieros internacionales

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos venezolanos y los títulos de PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana) registraron incrementos relevantes en los mercados secundarios, impulsados por expectativas de eventuales cambios en la gobernanza económica, procesos de reestructuración de deuda soberana y posible flexibilización futura de sanciones. Este comportamiento refleja un apetito especulativo por activos, más que una mejora estructural inmediata del riesgo crediticio venezolano.

Impacto en mercados energéticos y financieros regionales

El mercado petrolero reaccionó con volatilidad moderada, dado que la producción venezolana actual representa una fracción limitada de la oferta global. No obstante, se observaron movimientos positivos en acciones de empresas energéticas internacionales, así como mayor sensibilidad en mercados emergentes latinoamericanos, especialmente en portafolios con exposición a commodities y deuda soberana.

Estos efectos tienen implicaciones directas para bancos, aseguradoras y fondos de inversión con posiciones en renta fija emergente.

Impactos sobre el sistema financiero venezolano

El sistema financiero venezolano, ya debilitado por sanciones internacionales, restricciones cambiarias, pérdida de corresponsalías y fragilidad institucional, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre elevada. Este se caracteriza por el riesgo de salidas de capital, disrupciones operativas y posibles cambios abruptos en la supervisión y control estatal.

Por lo tanto, las entidades financieras locales deberán reforzar sus planes de continuidad de negocio, gestión de liquidez y controles de riesgo operativo, entre otras medidas.

Implicaciones en AML/SARLAFT y sanciones internacionales

Reforzamiento del riesgo PEP y debida diligencia ampliada

La captura de Nicolás Maduro, reconocido por algunos pocos Estados como jefe de Estado y desconocido por otros, y vinculado a actividades narcoterroristas (según los Estados Unidos de América), lo convierten a él y a su círculo cercano en Personas Expuestas Políticamente (PEP) de riesgo extremo.

Para bancos, entidades financieras y aseguradoras en América Latina, esto implica la aplicación obligatoria de debida diligencia ampliada (DDA), revisión exhaustiva de transacciones históricas, monitoreo reforzado de estructuras societarias, fideicomisos y beneficiarios finales

Sanciones, congelamiento de activos y riesgo extraterritorial

Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han intensificado el congelamiento de activos, restricciones a transacciones financieras y medidas contra empresas, familiares y aliados del régimen venezolano.

Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones que faciliten operaciones con partes sancionadas, así como multas regulatorias, pérdida de corresponsalías y acceso al sistema financiero internacional.

Para el sector financiero regional, el riesgo de sanciones se convierte en un componente crítico del riesgo legal y reputacional.

Impacto en el sector asegurador y reasegurador

Revisión de riesgos asegurables

Las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan una revisión profunda de seguros de riesgo político (confiscación, expropiación), seguro de crédito y caución, coberturas de interrupción de negocios y comercio internacional, entre otros.

Es previsible que se presenten ajustes en primas, reducción de capacidad y la inclusión de cláusulas más estrictas de exclusión por sanciones.

Reaseguro, pagos y cumplimiento

Frente a esta situación, lo más probable es que las reaseguradoras internacionales estén atentas y exijan cumplimiento estricto de sanciones frente al pago de siniestros, transferencias internacionales y manejo de reservas técnicas.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la denegación de cobertura, lo que afectaría la estabilidad financiera de las aseguradoras locales.

ORSA y la evaluación integral del riesgo

En este contexto, cobra especial relevancia el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – Autoevaluación de Riesgos y Solvencia) como herramienta estratégica.

Una ORSA robusta debe incorporar explícitamente riesgo país y geopolítico, riesgo de sanciones y AML/SARLAFT, riesgo de liquidez por congelamiento de activos, riesgo reputacional y legal, así como el impacto en solvencia bajo escenarios adversos.

Los escenarios de estrés deben contemplar, al menos, el endurecimiento de sanciones, el bloqueo de pagos de reaseguros, el incremento de siniestros por riesgo político y el deterioro de inversiones en deuda emergente

Implicaciones para América Latina

Para el sistema financiero y asegurador latinoamericano, este evento refuerza tres tendencias clave:
i) Mayor sensibilidad al riesgo político en las decisiones de inversión.
ii) Consolidación del compliance y AML/SARLAFT como funciones estratégicas, no solo regulatorias.
iii) Mayor exigencia de los supervisores en cuanto a la revelación de exposición, monitoreo transfronterizo, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Conclusiones

La captura de Nicolás Maduro constituye un evento de alto impacto para el sector financiero y asegurador venezolano y latinoamericano. Si bien abre expectativas de cambios estructurales a mediano plazo, también incrementa significativamente los riesgos de corto plazo, especialmente en materia de sanciones, AML/SARLAFT, solvencia y continuidad operativa.

Para bancos, demás instituciones financieras, aseguradoras y reguladores, el desafío será gestionar este entorno con un enfoque prudente y basado en riesgos, fortaleciendo el ORSA, los sistemas de cumplimiento y la gobernanza, en un contexto regional cada vez más expuesto a eventos geopolíticos y regulatorios.

Para el sector asegurador colombiano, el endurecimiento del entorno geopolítico y sancionatorio asociado a Venezuela refuerza la necesidad de gestionar el riesgo país y el riesgo de sanciones como elementos estructurales del negocio, y no como eventos coyunturales.

Aunque la exposición directa del mercado asegurador colombiano al riesgo venezolano es limitada, los vínculos indirectos a través de inversiones, reaseguro, comercio exterior y flujos transfronterizos exigen un enfoque preventivo y altamente técnico.

Desde la perspectiva AML/SARLAFT, las aseguradoras latinoamericanas deben profundizar la debida diligencia ampliada sobre PEP, fortalecer el monitoreo de operaciones atípicas y asegurar la actualización permanente de listas de sanciones internacionales, en línea con los requerimientos de los supervisores. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en consonancia con los estándares de las 40 Recomendaciones del GAFI, establece que la gestión del riesgo de sanciones se consolida como un componente crítico del riesgo legal, reputacional y operativo.

En materia de solvencia y gestión integral de riesgos, el evento subraya la importancia de incorporar escenarios geopolíticos y de sanciones, con el fin de evaluar su impacto potencial en inversiones, liquidez, reaseguro y continuidad del negocio. Una ORSA robusta permite anticipar efectos adversos, fortalecer la toma de decisiones de la alta dirección y demostrar una adecuada alineación entre apetito de riesgo, capital y estrategia.

Finalmente, para el sector asegurador latinoamericano, este contexto reafirma que la solidez financiera y la sostenibilidad del negocio dependen cada vez más de la calidad del gobierno corporativo, la madurez de los sistemas de cumplimiento y la capacidad de anticipación del riesgo, elementos que seguirán siendo foco de atención prioritaria por parte del supervisor y del mercado.

Fuentes y referencias

  • Reuters – Reacciones de mercados financieros y congelamiento de activos

  • Financial Times – Impacto energético y expectativas de inversión

  • Associated Press – Volatilidad de mercados globales

  • U.S. Treasury / OFAC – Sanciones y designaciones a funcionarios venezolanos

  • GAFI/FATF – Enfoque basado en riesgos y AML/CFT

  • Marcos regulatorios de Solvencia II y adopciones ORSA en América Latina

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Santiago, RD.- El Tercer Tribunal Colegiado de esta provincia condenó dos a 30 años, y otros dos a 15 años de prisión, todos integrantes de una organización del narcotráfico que fue investigada, desarticulada y judicializada en este distrito judicial, luego de que se le ocuparan 100 kilogramos de cocaína.

Las condenas fueron impuestas contra Fernando Rafael Peña Pichardo y Roberto de Jesús Portes Cruz, sentenciados a 30 años de prisión, así como contra Wimber Caminero Sabino y Johan Alberto Rodríguez Mejía, quienes permanecerán durante 15 años privados de su libertad.

La investigación que culminó con la imposición de estas penas se originó en el año 2019 cuando, tras recibir información fidedigna, la Fiscalía de Santiago movilizó a su Departamento de Persecución de Drogas Narcóticas que, en coordinación con el equipo operacional de la Dirección Táctica de Investigaciones Sensitivas (Ditis), de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), se dirigieron hasta la zona donde los condenados, a bordo de tres vehículos, transportaban la droga que sería intercambiada.

La Fiscalía de Santiago había recibido detalles precisos de la ubicación de los traficantes que conducían en caravana desde el municipio Villa Altagracia hasta esta zona, y le persiguieron por un tramo de la autopista Duarte, en la jurisdicción de Santiago, donde fueron interceptados.

Peña Pichardo abordaba una yipeta Rexton, modelo SangYong, color gris; Rodríguez Mejía conducía otra yipeta Dodge, modelo Durango, en tanto que Caminero se trasladaba en una camioneta Ford, modelo F150.

Además de los 100 kilogramos de cocaína, distribuidos en paquetes y escondidos en caletas o doble fondo, al grupo se le incautó de $83 mil pesos y 2,400 dólares, relojes, y otras prendas, así como documentos, teléfonos celulares y otras pertenencias.

Al profundizar en las características de esta organización, los fiscales investigadores designados para el caso, determinaron que se trata de un grupo criminal que opera recibiendo grandes cantidades de drogas desde Sudamérica para, posteriormente, enviarlas a Europa y Estados Unidos,  utilizando transporte marítimo y aéreo desde República Dominicana. Para el trasiego de la droga, como lo hacían en la frustrada transacción, utilizaban vehículos de motor con compartimientos secretos. Esta organización es parte de una estructura que tiene sus tentáculos a nivel internacional.

En el juicio, en representación de la Fiscalía de Santiago, la fiscal Aida Medrano Gonell, al exponer sobre la trascendencia de los hechos, sostuvo que «el patrocinio y tráfico transnacional de drogas, son hechos de acción pública, ya que lesionan gravemente el orden público, la paz social, el derecho a la salud y la seguridad del Estado».

Valiéndose de una considerable cantidad de elementos probatorios, las juezas Ingrid Liberato, Deyanira Méndez y Dayana Peñaló, impusieron las penas.

Los hechos que fueron atribuidos a Peña Pichardo y Portes Cruz, constituyen una violación a los artículos 4, letra E; 5, letra A; 8, 9, 29, 34 y 58, letras A y C; 59, 60 y 75 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de patrocinadores.

El tribunal también ordenó contra estos el pago de multas de 5 millones.

Entre tanto, las pruebas recolectadas contra Caminero y Rodríguez Mejía se traducen en violaciones a los artículos 4, letra D; 5, letra A; 8, 9, 29, 34 y 58, letras A y C; 59, 60 y 75, de la citada Ley 50-88.

Adicional a la pena de 15 años, cada uno deberá pagar multas al Estado por un monto de 1 millón de pesos.

Fuente y Creditos

Diario el Caribe

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