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Destierro de sacerdotes prueba “falsedad” en caso por lavado de dinero contra Iglesia católica

Destierro de sacerdotes prueba “falsedad” en caso por lavado de dinero contra Iglesia católica

Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada por medios internacionales, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros globales y ha reactivado el análisis del riesgo político, país y regulatorio asociado a Venezuela. Este hecho, más allá de su dimensión geopolítica, representa un evento crítico para el sector financiero y asegurador venezolano y un nuevo foco de atención para instituciones latinoamericanas con exposición directa o indirecta, especialmente en materia de sanciones internacionales, prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales (AML/SARLAFT) y solvencia.

Reacciones de los mercados financieros internacionales

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos venezolanos y los títulos de PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana) registraron incrementos relevantes en los mercados secundarios, impulsados por expectativas de eventuales cambios en la gobernanza económica, procesos de reestructuración de deuda soberana y posible flexibilización futura de sanciones. Este comportamiento refleja un apetito especulativo por activos, más que una mejora estructural inmediata del riesgo crediticio venezolano.

Impacto en mercados energéticos y financieros regionales

El mercado petrolero reaccionó con volatilidad moderada, dado que la producción venezolana actual representa una fracción limitada de la oferta global. No obstante, se observaron movimientos positivos en acciones de empresas energéticas internacionales, así como mayor sensibilidad en mercados emergentes latinoamericanos, especialmente en portafolios con exposición a commodities y deuda soberana.

Estos efectos tienen implicaciones directas para bancos, aseguradoras y fondos de inversión con posiciones en renta fija emergente.

Impactos sobre el sistema financiero venezolano

El sistema financiero venezolano, ya debilitado por sanciones internacionales, restricciones cambiarias, pérdida de corresponsalías y fragilidad institucional, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre elevada. Este se caracteriza por el riesgo de salidas de capital, disrupciones operativas y posibles cambios abruptos en la supervisión y control estatal.

Por lo tanto, las entidades financieras locales deberán reforzar sus planes de continuidad de negocio, gestión de liquidez y controles de riesgo operativo, entre otras medidas.

Implicaciones en AML/SARLAFT y sanciones internacionales

Reforzamiento del riesgo PEP y debida diligencia ampliada

La captura de Nicolás Maduro, reconocido por algunos pocos Estados como jefe de Estado y desconocido por otros, y vinculado a actividades narcoterroristas (según los Estados Unidos de América), lo convierten a él y a su círculo cercano en Personas Expuestas Políticamente (PEP) de riesgo extremo.

Para bancos, entidades financieras y aseguradoras en América Latina, esto implica la aplicación obligatoria de debida diligencia ampliada (DDA), revisión exhaustiva de transacciones históricas, monitoreo reforzado de estructuras societarias, fideicomisos y beneficiarios finales

Sanciones, congelamiento de activos y riesgo extraterritorial

Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han intensificado el congelamiento de activos, restricciones a transacciones financieras y medidas contra empresas, familiares y aliados del régimen venezolano.

Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones que faciliten operaciones con partes sancionadas, así como multas regulatorias, pérdida de corresponsalías y acceso al sistema financiero internacional.

Para el sector financiero regional, el riesgo de sanciones se convierte en un componente crítico del riesgo legal y reputacional.

Impacto en el sector asegurador y reasegurador

Revisión de riesgos asegurables

Las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan una revisión profunda de seguros de riesgo político (confiscación, expropiación), seguro de crédito y caución, coberturas de interrupción de negocios y comercio internacional, entre otros.

Es previsible que se presenten ajustes en primas, reducción de capacidad y la inclusión de cláusulas más estrictas de exclusión por sanciones.

Reaseguro, pagos y cumplimiento

Frente a esta situación, lo más probable es que las reaseguradoras internacionales estén atentas y exijan cumplimiento estricto de sanciones frente al pago de siniestros, transferencias internacionales y manejo de reservas técnicas.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la denegación de cobertura, lo que afectaría la estabilidad financiera de las aseguradoras locales.

ORSA y la evaluación integral del riesgo

En este contexto, cobra especial relevancia el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – Autoevaluación de Riesgos y Solvencia) como herramienta estratégica.

Una ORSA robusta debe incorporar explícitamente riesgo país y geopolítico, riesgo de sanciones y AML/SARLAFT, riesgo de liquidez por congelamiento de activos, riesgo reputacional y legal, así como el impacto en solvencia bajo escenarios adversos.

Los escenarios de estrés deben contemplar, al menos, el endurecimiento de sanciones, el bloqueo de pagos de reaseguros, el incremento de siniestros por riesgo político y el deterioro de inversiones en deuda emergente

Implicaciones para América Latina

Para el sistema financiero y asegurador latinoamericano, este evento refuerza tres tendencias clave:
i) Mayor sensibilidad al riesgo político en las decisiones de inversión.
ii) Consolidación del compliance y AML/SARLAFT como funciones estratégicas, no solo regulatorias.
iii) Mayor exigencia de los supervisores en cuanto a la revelación de exposición, monitoreo transfronterizo, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Conclusiones

La captura de Nicolás Maduro constituye un evento de alto impacto para el sector financiero y asegurador venezolano y latinoamericano. Si bien abre expectativas de cambios estructurales a mediano plazo, también incrementa significativamente los riesgos de corto plazo, especialmente en materia de sanciones, AML/SARLAFT, solvencia y continuidad operativa.

Para bancos, demás instituciones financieras, aseguradoras y reguladores, el desafío será gestionar este entorno con un enfoque prudente y basado en riesgos, fortaleciendo el ORSA, los sistemas de cumplimiento y la gobernanza, en un contexto regional cada vez más expuesto a eventos geopolíticos y regulatorios.

Para el sector asegurador colombiano, el endurecimiento del entorno geopolítico y sancionatorio asociado a Venezuela refuerza la necesidad de gestionar el riesgo país y el riesgo de sanciones como elementos estructurales del negocio, y no como eventos coyunturales.

Aunque la exposición directa del mercado asegurador colombiano al riesgo venezolano es limitada, los vínculos indirectos a través de inversiones, reaseguro, comercio exterior y flujos transfronterizos exigen un enfoque preventivo y altamente técnico.

Desde la perspectiva AML/SARLAFT, las aseguradoras latinoamericanas deben profundizar la debida diligencia ampliada sobre PEP, fortalecer el monitoreo de operaciones atípicas y asegurar la actualización permanente de listas de sanciones internacionales, en línea con los requerimientos de los supervisores. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en consonancia con los estándares de las 40 Recomendaciones del GAFI, establece que la gestión del riesgo de sanciones se consolida como un componente crítico del riesgo legal, reputacional y operativo.

En materia de solvencia y gestión integral de riesgos, el evento subraya la importancia de incorporar escenarios geopolíticos y de sanciones, con el fin de evaluar su impacto potencial en inversiones, liquidez, reaseguro y continuidad del negocio. Una ORSA robusta permite anticipar efectos adversos, fortalecer la toma de decisiones de la alta dirección y demostrar una adecuada alineación entre apetito de riesgo, capital y estrategia.

Finalmente, para el sector asegurador latinoamericano, este contexto reafirma que la solidez financiera y la sostenibilidad del negocio dependen cada vez más de la calidad del gobierno corporativo, la madurez de los sistemas de cumplimiento y la capacidad de anticipación del riesgo, elementos que seguirán siendo foco de atención prioritaria por parte del supervisor y del mercado.

Fuentes y referencias

  • Reuters – Reacciones de mercados financieros y congelamiento de activos

  • Financial Times – Impacto energético y expectativas de inversión

  • Associated Press – Volatilidad de mercados globales

  • U.S. Treasury / OFAC – Sanciones y designaciones a funcionarios venezolanos

  • GAFI/FATF – Enfoque basado en riesgos y AML/CFT

  • Marcos regulatorios de Solvencia II y adopciones ORSA en América Latina

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Seis laicos, extrabajadores de Cáritas Estelí, fueron condenados a seis años de prisión por caso de supuesto lavado de dinero

El destierro de cinco de 34 sacerdotes que fueron detenidos por el supuesto delito de lavado de dinero en varias diócesis de Nicaragua, revela la “falsedad y mentira oficial de los supuestos delitos” y demuestra que la verdadera razón para encarcelarlos fue “política”, valoran abogados consultados por CONFIDENCIAL. Mientras tanto, las cuentas de la Iglesia católica siguen congeladas y al menos seis laicos colaboradores de la Iglesia ya fueron condenados por el mismo delito fabricado en su contra.

“La principal conclusión que esto nos debe llevar es (hacia) la mentira oficial del régimen Ortega-Murillo, diciendo que estos sacerdotes fueron acusados porque estaban utilizando las diócesis para lavar dinero, cuando realmente fueron encarcelados por razones políticas, y en virtud de eso, los laicos y feligreses que están encarcelados por esas razones políticas, deberían también ser liberados”, explicó el abogado Juan Diego Barberena.

El 27 de mayo de 2023, la dictadura denunció en un comunicado una supuesta “red de lavado de dinero operando en las diócesis de distintos departamentos del país”, y dijo que hallaron “centenares de miles de dólares escondidos en bolsas”, ubicadas en las instalaciones de las “diócesis del país”.

CONFIDENCIAL reveló que todo se trataba de una donación de 563 206.54 dólares realizada por la fundación Catholic Relief Services (CRS) en 2012 a la Asociación Cáritas Diocesana de Estelí (ACDE). Sin embargo, la actividad ilícita que indica la Policía se refiere al remanente de una donación de fondos destinados para la construcción de un hospital, realizada por CRS a Cáritas Estelí, cuando la diócesis estaba presidida por el obispo Abelardo Mata.

Los sacerdotes Pastor Eugenio Rodríguez Benavides -desterrado- y Leonardo Guevara Gutiérrez -en “seminario por cárcel” y después liberado- fueron investigados por esa causa, mientras el régimen orteguista continuaba ejecutando una cacería contra sacerdotes, especialmente, contra aquellos religiosos de las diócesis de Estelí y Matagalpa, ambas dirigidas por el obispo y ahora excarcelado político desterrado, Rolando Álvarez. Asimismo apresaron a seis extrabajadores de Cáritas Estelí.

Los curas de la Diócesis de Estelí Osmán Amador Guillén -capturado el 8 de septiembre de 2023-, y Julio Ricardo Norori e Iván Centeno -detenidos en octubre 2023- también fueron puestos bajo investigación por el supuesto delito de lavado de dinero, y ahora están desterrados. La Policía nunca publicó el motivo de la detención, pero los abogados señalaron que, desde que se abrió la investigación por “lavado de dinero” contra la Iglesia, el régimen podría utilizar el caso para criminalizar a más sacerdotes.

Guillén fue el último director de Cáritas Diocesana de Estelí, cancelada en marzo de 2023 por el entonces Ministerio de Gobernación —hoy Ministerio del Interior (MINT)—.

Condenan a trabajadores de Cáritas Estelí

Poco antes que la dictadura desatara la más reciente redada contra religiosos- en las dos últimas semanas de 2023-, la justicia orteguista condenó a seis años de prisión a los seis feligreses, extrabajadores de Cáritas Estelí, por el supuesto delito de lavado de dinero, informó el medio 100% Noticias.

Julio Sevilla, Julio Berríos, Bladimir Pallés, María Verónica Herrera Galeano, Freydell Andino y Mariví Andino son los laicos condenados. Los hombres están en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo y las mujeres en la cárcel La Esperanza. No se conocen detalles de la acusación, las pruebas, si hubo o no testigos u otros detalles, ya que su proceso fue bajo completo hermetismo, señala una fuente del Mecanismo. Sus familiares tampoco se han pronunciado al respecto.

Barberena explicó que no existe ninguna razón legal para la “liberación” de los sacerdotes, puesto que la acusación era arbitraria y por ende, el proceso nulo. Es por esa razón que la excarcelación -destierro- es discrecional, sin que medie ninguna autoridad judicial, señaló. “Esto corrobora de que la acusación de los autores principales del delito de lavado de dinero es absolutamente política y por eso, los excarcelan y destierran y por tales razones, deberían también de liberar a estos laicos”, señala.

El extrabajador del Poder Judicial, Yader Morazán, explica que en términos del Derecho, los señalamientos contra los sacerdotes no pueden ventilarse por separado de los laicos, ya que se perdería lo que se conoce como la “continencia de la causa” —en referencia a mantener un mismo proceso—. Por eso no se podría desterrar a unos y condenar a otros.

Persisten agresiones contra la Iglesia católica

Con la investigación por supuesto lavado de dinero, el régimen orteguista también ordenó el congelamiento escalonado de las cuentas bancarias de las diócesis y de la Iglesia en general. El golpe financiero ha supuesto grandes retos para los templos y centros de formación en todo el país, pero ninguno ha cerrado. Barberena apela al régimen orteguista, que cese la “persecución patrimonial en contra de la Iglesia porque es -de tipo- política y no tienen ningún fundamento jurídico”.

No existe una explicación legal “ante hechos eminentemente políticos y relacionado con el poder”, explica el abogado. “Les imputan lavado de dinero sin ninguna fundamentación que compruebe de que el dinero tiene una procedencia ilícita y que pretendían legitimarlo, cuando sabemos que procedía de la cooperación internacional… el delito de lavado no existe”, expresó Barberena.

Fuente y Créditos 

Confidencial Digital

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