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Denuncian al fiscal Mario Burgos e interponen queja ante la Comisión de Disciplina

Denuncian al fiscal Mario Burgos e interponen queja ante la Comisión de Disciplina

Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada por medios internacionales, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros globales y ha reactivado el análisis del riesgo político, país y regulatorio asociado a Venezuela. Este hecho, más allá de su dimensión geopolítica, representa un evento crítico para el sector financiero y asegurador venezolano y un nuevo foco de atención para instituciones latinoamericanas con exposición directa o indirecta, especialmente en materia de sanciones internacionales, prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales (AML/SARLAFT) y solvencia.

Reacciones de los mercados financieros internacionales

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos venezolanos y los títulos de PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana) registraron incrementos relevantes en los mercados secundarios, impulsados por expectativas de eventuales cambios en la gobernanza económica, procesos de reestructuración de deuda soberana y posible flexibilización futura de sanciones. Este comportamiento refleja un apetito especulativo por activos, más que una mejora estructural inmediata del riesgo crediticio venezolano.

Impacto en mercados energéticos y financieros regionales

El mercado petrolero reaccionó con volatilidad moderada, dado que la producción venezolana actual representa una fracción limitada de la oferta global. No obstante, se observaron movimientos positivos en acciones de empresas energéticas internacionales, así como mayor sensibilidad en mercados emergentes latinoamericanos, especialmente en portafolios con exposición a commodities y deuda soberana.

Estos efectos tienen implicaciones directas para bancos, aseguradoras y fondos de inversión con posiciones en renta fija emergente.

Impactos sobre el sistema financiero venezolano

El sistema financiero venezolano, ya debilitado por sanciones internacionales, restricciones cambiarias, pérdida de corresponsalías y fragilidad institucional, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre elevada. Este se caracteriza por el riesgo de salidas de capital, disrupciones operativas y posibles cambios abruptos en la supervisión y control estatal.

Por lo tanto, las entidades financieras locales deberán reforzar sus planes de continuidad de negocio, gestión de liquidez y controles de riesgo operativo, entre otras medidas.

Implicaciones en AML/SARLAFT y sanciones internacionales

Reforzamiento del riesgo PEP y debida diligencia ampliada

La captura de Nicolás Maduro, reconocido por algunos pocos Estados como jefe de Estado y desconocido por otros, y vinculado a actividades narcoterroristas (según los Estados Unidos de América), lo convierten a él y a su círculo cercano en Personas Expuestas Políticamente (PEP) de riesgo extremo.

Para bancos, entidades financieras y aseguradoras en América Latina, esto implica la aplicación obligatoria de debida diligencia ampliada (DDA), revisión exhaustiva de transacciones históricas, monitoreo reforzado de estructuras societarias, fideicomisos y beneficiarios finales

Sanciones, congelamiento de activos y riesgo extraterritorial

Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han intensificado el congelamiento de activos, restricciones a transacciones financieras y medidas contra empresas, familiares y aliados del régimen venezolano.

Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones que faciliten operaciones con partes sancionadas, así como multas regulatorias, pérdida de corresponsalías y acceso al sistema financiero internacional.

Para el sector financiero regional, el riesgo de sanciones se convierte en un componente crítico del riesgo legal y reputacional.

Impacto en el sector asegurador y reasegurador

Revisión de riesgos asegurables

Las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan una revisión profunda de seguros de riesgo político (confiscación, expropiación), seguro de crédito y caución, coberturas de interrupción de negocios y comercio internacional, entre otros.

Es previsible que se presenten ajustes en primas, reducción de capacidad y la inclusión de cláusulas más estrictas de exclusión por sanciones.

Reaseguro, pagos y cumplimiento

Frente a esta situación, lo más probable es que las reaseguradoras internacionales estén atentas y exijan cumplimiento estricto de sanciones frente al pago de siniestros, transferencias internacionales y manejo de reservas técnicas.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la denegación de cobertura, lo que afectaría la estabilidad financiera de las aseguradoras locales.

ORSA y la evaluación integral del riesgo

En este contexto, cobra especial relevancia el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – Autoevaluación de Riesgos y Solvencia) como herramienta estratégica.

Una ORSA robusta debe incorporar explícitamente riesgo país y geopolítico, riesgo de sanciones y AML/SARLAFT, riesgo de liquidez por congelamiento de activos, riesgo reputacional y legal, así como el impacto en solvencia bajo escenarios adversos.

Los escenarios de estrés deben contemplar, al menos, el endurecimiento de sanciones, el bloqueo de pagos de reaseguros, el incremento de siniestros por riesgo político y el deterioro de inversiones en deuda emergente

Implicaciones para América Latina

Para el sistema financiero y asegurador latinoamericano, este evento refuerza tres tendencias clave:
i) Mayor sensibilidad al riesgo político en las decisiones de inversión.
ii) Consolidación del compliance y AML/SARLAFT como funciones estratégicas, no solo regulatorias.
iii) Mayor exigencia de los supervisores en cuanto a la revelación de exposición, monitoreo transfronterizo, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Conclusiones

La captura de Nicolás Maduro constituye un evento de alto impacto para el sector financiero y asegurador venezolano y latinoamericano. Si bien abre expectativas de cambios estructurales a mediano plazo, también incrementa significativamente los riesgos de corto plazo, especialmente en materia de sanciones, AML/SARLAFT, solvencia y continuidad operativa.

Para bancos, demás instituciones financieras, aseguradoras y reguladores, el desafío será gestionar este entorno con un enfoque prudente y basado en riesgos, fortaleciendo el ORSA, los sistemas de cumplimiento y la gobernanza, en un contexto regional cada vez más expuesto a eventos geopolíticos y regulatorios.

Para el sector asegurador colombiano, el endurecimiento del entorno geopolítico y sancionatorio asociado a Venezuela refuerza la necesidad de gestionar el riesgo país y el riesgo de sanciones como elementos estructurales del negocio, y no como eventos coyunturales.

Aunque la exposición directa del mercado asegurador colombiano al riesgo venezolano es limitada, los vínculos indirectos a través de inversiones, reaseguro, comercio exterior y flujos transfronterizos exigen un enfoque preventivo y altamente técnico.

Desde la perspectiva AML/SARLAFT, las aseguradoras latinoamericanas deben profundizar la debida diligencia ampliada sobre PEP, fortalecer el monitoreo de operaciones atípicas y asegurar la actualización permanente de listas de sanciones internacionales, en línea con los requerimientos de los supervisores. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en consonancia con los estándares de las 40 Recomendaciones del GAFI, establece que la gestión del riesgo de sanciones se consolida como un componente crítico del riesgo legal, reputacional y operativo.

En materia de solvencia y gestión integral de riesgos, el evento subraya la importancia de incorporar escenarios geopolíticos y de sanciones, con el fin de evaluar su impacto potencial en inversiones, liquidez, reaseguro y continuidad del negocio. Una ORSA robusta permite anticipar efectos adversos, fortalecer la toma de decisiones de la alta dirección y demostrar una adecuada alineación entre apetito de riesgo, capital y estrategia.

Finalmente, para el sector asegurador latinoamericano, este contexto reafirma que la solidez financiera y la sostenibilidad del negocio dependen cada vez más de la calidad del gobierno corporativo, la madurez de los sistemas de cumplimiento y la capacidad de anticipación del riesgo, elementos que seguirán siendo foco de atención prioritaria por parte del supervisor y del mercado.

Fuentes y referencias

  • Reuters – Reacciones de mercados financieros y congelamiento de activos

  • Financial Times – Impacto energético y expectativas de inversión

  • Associated Press – Volatilidad de mercados globales

  • U.S. Treasury / OFAC – Sanciones y designaciones a funcionarios venezolanos

  • GAFI/FATF – Enfoque basado en riesgos y AML/CFT

  • Marcos regulatorios de Solvencia II y adopciones ORSA en América Latina

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La mejor amiga de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro Burgos, denunció que también fue víctima de las chuzadas y que la Fiscalía al parecer no hizo nada.

Surgió un nuevo capítulo en el proceso que se adelanta por las interceptaciones ilegales que Daysuris del Carmen Vásquez Castro, habría ordenado en su momento para descubrir la relación que su entonces esposo, Nicolás Petro Burgos, sostenía con su examiga, Laura Ojeda.

En la tarde de este jueves, se conoció un nuevo nombre de otra posible víctima de las ‘chuzadas’ que incluso tuvo que salir del país ante las amenazas que habría recibido.

Se trata de Génesis Leal Olave, la mejor amiga de Laura Ojeda, quien en las últimas horas denunció al fiscal delegado para la Seguridad Territorial ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos, por el delito de prevaricato por omisión, tras considerar que omitió imputarle cargos a Daysuris del Carmen Vásquez Castro, por las interceptaciones ilegales que habría ordenado en su contra.

Mencionó además que sus derechos como víctima han sido violentados, pues su caso tampoco fue tenido en cuenta en la negociación del principio de oportunidad.

Según mencionó Leal Olave en la denuncia de 14 páginas que fue conocida por W Radio, el fiscal Burgos supuestamente sabía acerca del hackeo de su celular y de la información relevante de su agenda telefónica que se había obtenido, desde el 26 de junio.

A pesar de esto, no incluyó estos hechos dentro de la formulación de imputación de cargos contra Day Vásquez.

“El pasado 1 de agosto de 2023 le imputó a dicha ciudadana el delito de violación de datos personales de la que hizo víctima a la señora Laura Ojeda Estupiñán, omitiendo imputarle la violación de datos personales de la que, con unidad de designio, tiempo modo y lugar, también me hizo víctima la señora Vásquez Castro, a través del hackeo de mi celular y la obtención de mi agenda telefónica, pese a que estaba plenamente informado de ello a través del mismo informe de Investigador de Campo FPJ 11 del 26 de junio de 2023 que usó para respaldar esa imputación”, se advierte en la denuncia.

Otro aspecto que preocupó a Génesis Leal Olave, es que su caso tampoco fue incluido dentro de la negociación del principio de oportunidad con Vásquez Castro, por lo que dijo sentirse desprotegida.

Cabe recordar que, la audiencia en la que se presentaría ante un juez de la República, la negociación entre la Fiscalía y Vásquez Castro, por el delito de violación de datos personales, cometido presuntamente contra Laura Ojeda, no se realizó porque la procesada señaló que supuestamente no contaba con los recursos que había establecido la Fiscalía como parte de la reparación, y la audiencia debió reprogramarse para el 30 de enero.

“El fiscal Burgos, con posterioridad a esa diligencia de imputación y, en todo caso, hasta antes de la audiencia fallida de principio de oportunidad del pasado 15 de enero de 2024, según su manifestación expresa, tampoco incluyó en el radicado que se adelanta en contra de Dayssuris del Carmen esos hechos de los que fui víctima, ni dispuso la apertura de un nuevo radicado o, compulsó copias, para que otro servidor lo hiciera, pese a que en al menos dos oportunidades (23/08/231 y 15/09/232 ) esa ciudadana le manifestó que el pago que realizó fue para que se violaran conjuntamente los datos de Laura Ojeda y los míos”, se lee en la denuncia.

Precisamente, fue en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento cuando se reveló un informe del 26 de junio de 2023 del investigador del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Erick Alejandro Heredia Gómez, en el que se evidenció la agenda telefónica de Whatsapp de Génesis Leal Olave y el perfil completo de sus redes sociales.

En dicho informe se advierte que también fue interceptada ilegalmente la mejor amiga de Laura Ojeda, pero dicha imputación no se realizó, recalca la mujer en el documento judicial.

En la denuncia además mencionó la conversación que su abogada defensora tuvo con el fiscal Burgos en medio de la fallida audiencia del pasado 15 de enero y en la que le dijo que no se ha abierto ninguna investigación contra Day Vásquez, por su caso.

“El señor fiscal Mario Burgos Patiño, previo al inicio del registro formal en la audiencia, le aseveró a mi apoderada que los hechos por los cuales fui víctima no hacían parte del principio de oportunidad y que tampoco eran objeto de investigación en ningún otro radicado por lo que se procedió a la desconexión. Aunque esa parte inicial de la diligencia no fue grabada, ni tampoco la secretaría del despacho dejó constancia en el acta, sobre este punto podrán dar fe, tanto la señora Juez, como mi apoderada, la procuradora, la otra víctima Laura Ojeda Estupiñán y su apoderado, incluso el propio abogado de Dayssuris del Carmen”, a partes de la denuncia.

Por estos hechos, Leal Olave interpuso una denuncia penal contra el fiscal Burgos por el delito de prevaricato por omisión.

Igualmente, radicó una queja ante la Comisión de Disciplina Judicial por las presuntas irregularidades que habría cometido al omitir investigar a Daysuris del Carmen Vásquez Castro, por las interceptaciones ilegales cometidas en su contra y por las que finalmente debió salir del país.

“Ante esa desprotección por parte de la FGN de mis derechos como mujer frente a un hecho victimizante que me obligó a abandonar el país y mis hijos, he formulado denuncia penal por prevaricato por omisión y queja disciplinaria en contra del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, expresó.

“Soy víctima de la señora Dayssuris del Carmen Vásquez Castro, quien, según su dicho, pagó la suma de 20 millones de pesos para que mis datos personales fueran violados, debido a mi vínculo de amistad con Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro”, concluyó Génesis Leal Olave.

Fuente y Créditos 

Wradio

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