Cartelización en el Fútbol Femenino, Investigación de Superindustria a DIMAYOR, FCF y 29 Clubes

Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada por medios internacionales, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros globales y ha reactivado el análisis del riesgo político, país y regulatorio asociado a Venezuela. Este hecho, más allá de su dimensión geopolítica, representa un evento crítico para el sector financiero y asegurador venezolano y un nuevo foco de atención para instituciones latinoamericanas con exposición directa o indirecta, especialmente en materia de sanciones internacionales, prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales (AML/SARLAFT) y solvencia.

Reacciones de los mercados financieros internacionales

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos venezolanos y los títulos de PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana) registraron incrementos relevantes en los mercados secundarios, impulsados por expectativas de eventuales cambios en la gobernanza económica, procesos de reestructuración de deuda soberana y posible flexibilización futura de sanciones. Este comportamiento refleja un apetito especulativo por activos, más que una mejora estructural inmediata del riesgo crediticio venezolano.

Impacto en mercados energéticos y financieros regionales

El mercado petrolero reaccionó con volatilidad moderada, dado que la producción venezolana actual representa una fracción limitada de la oferta global. No obstante, se observaron movimientos positivos en acciones de empresas energéticas internacionales, así como mayor sensibilidad en mercados emergentes latinoamericanos, especialmente en portafolios con exposición a commodities y deuda soberana.

Estos efectos tienen implicaciones directas para bancos, aseguradoras y fondos de inversión con posiciones en renta fija emergente.

Impactos sobre el sistema financiero venezolano

El sistema financiero venezolano, ya debilitado por sanciones internacionales, restricciones cambiarias, pérdida de corresponsalías y fragilidad institucional, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre elevada. Este se caracteriza por el riesgo de salidas de capital, disrupciones operativas y posibles cambios abruptos en la supervisión y control estatal.

Por lo tanto, las entidades financieras locales deberán reforzar sus planes de continuidad de negocio, gestión de liquidez y controles de riesgo operativo, entre otras medidas.

Implicaciones en AML/SARLAFT y sanciones internacionales

Reforzamiento del riesgo PEP y debida diligencia ampliada

La captura de Nicolás Maduro, reconocido por algunos pocos Estados como jefe de Estado y desconocido por otros, y vinculado a actividades narcoterroristas (según los Estados Unidos de América), lo convierten a él y a su círculo cercano en Personas Expuestas Políticamente (PEP) de riesgo extremo.

Para bancos, entidades financieras y aseguradoras en América Latina, esto implica la aplicación obligatoria de debida diligencia ampliada (DDA), revisión exhaustiva de transacciones históricas, monitoreo reforzado de estructuras societarias, fideicomisos y beneficiarios finales

Sanciones, congelamiento de activos y riesgo extraterritorial

Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han intensificado el congelamiento de activos, restricciones a transacciones financieras y medidas contra empresas, familiares y aliados del régimen venezolano.

Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones que faciliten operaciones con partes sancionadas, así como multas regulatorias, pérdida de corresponsalías y acceso al sistema financiero internacional.

Para el sector financiero regional, el riesgo de sanciones se convierte en un componente crítico del riesgo legal y reputacional.

Impacto en el sector asegurador y reasegurador

Revisión de riesgos asegurables

Las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan una revisión profunda de seguros de riesgo político (confiscación, expropiación), seguro de crédito y caución, coberturas de interrupción de negocios y comercio internacional, entre otros.

Es previsible que se presenten ajustes en primas, reducción de capacidad y la inclusión de cláusulas más estrictas de exclusión por sanciones.

Reaseguro, pagos y cumplimiento

Frente a esta situación, lo más probable es que las reaseguradoras internacionales estén atentas y exijan cumplimiento estricto de sanciones frente al pago de siniestros, transferencias internacionales y manejo de reservas técnicas.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la denegación de cobertura, lo que afectaría la estabilidad financiera de las aseguradoras locales.

ORSA y la evaluación integral del riesgo

En este contexto, cobra especial relevancia el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – Autoevaluación de Riesgos y Solvencia) como herramienta estratégica.

Una ORSA robusta debe incorporar explícitamente riesgo país y geopolítico, riesgo de sanciones y AML/SARLAFT, riesgo de liquidez por congelamiento de activos, riesgo reputacional y legal, así como el impacto en solvencia bajo escenarios adversos.

Los escenarios de estrés deben contemplar, al menos, el endurecimiento de sanciones, el bloqueo de pagos de reaseguros, el incremento de siniestros por riesgo político y el deterioro de inversiones en deuda emergente

Implicaciones para América Latina

Para el sistema financiero y asegurador latinoamericano, este evento refuerza tres tendencias clave:
i) Mayor sensibilidad al riesgo político en las decisiones de inversión.
ii) Consolidación del compliance y AML/SARLAFT como funciones estratégicas, no solo regulatorias.
iii) Mayor exigencia de los supervisores en cuanto a la revelación de exposición, monitoreo transfronterizo, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Conclusiones

La captura de Nicolás Maduro constituye un evento de alto impacto para el sector financiero y asegurador venezolano y latinoamericano. Si bien abre expectativas de cambios estructurales a mediano plazo, también incrementa significativamente los riesgos de corto plazo, especialmente en materia de sanciones, AML/SARLAFT, solvencia y continuidad operativa.

Para bancos, demás instituciones financieras, aseguradoras y reguladores, el desafío será gestionar este entorno con un enfoque prudente y basado en riesgos, fortaleciendo el ORSA, los sistemas de cumplimiento y la gobernanza, en un contexto regional cada vez más expuesto a eventos geopolíticos y regulatorios.

Para el sector asegurador colombiano, el endurecimiento del entorno geopolítico y sancionatorio asociado a Venezuela refuerza la necesidad de gestionar el riesgo país y el riesgo de sanciones como elementos estructurales del negocio, y no como eventos coyunturales.

Aunque la exposición directa del mercado asegurador colombiano al riesgo venezolano es limitada, los vínculos indirectos a través de inversiones, reaseguro, comercio exterior y flujos transfronterizos exigen un enfoque preventivo y altamente técnico.

Desde la perspectiva AML/SARLAFT, las aseguradoras latinoamericanas deben profundizar la debida diligencia ampliada sobre PEP, fortalecer el monitoreo de operaciones atípicas y asegurar la actualización permanente de listas de sanciones internacionales, en línea con los requerimientos de los supervisores. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en consonancia con los estándares de las 40 Recomendaciones del GAFI, establece que la gestión del riesgo de sanciones se consolida como un componente crítico del riesgo legal, reputacional y operativo.

En materia de solvencia y gestión integral de riesgos, el evento subraya la importancia de incorporar escenarios geopolíticos y de sanciones, con el fin de evaluar su impacto potencial en inversiones, liquidez, reaseguro y continuidad del negocio. Una ORSA robusta permite anticipar efectos adversos, fortalecer la toma de decisiones de la alta dirección y demostrar una adecuada alineación entre apetito de riesgo, capital y estrategia.

Finalmente, para el sector asegurador latinoamericano, este contexto reafirma que la solidez financiera y la sostenibilidad del negocio dependen cada vez más de la calidad del gobierno corporativo, la madurez de los sistemas de cumplimiento y la capacidad de anticipación del riesgo, elementos que seguirán siendo foco de atención prioritaria por parte del supervisor y del mercado.

Fuentes y referencias

Reuters – Reacciones de mercados financieros y congelamiento de activos
Financial Times – Impacto energético y expectativas de inversión
Associated Press – Volatilidad de mercados globales
U.S. Treasury / OFAC – Sanciones y designaciones a funcionarios venezolanos
GAFI/FATF – Enfoque basado en riesgos y AML/CFT
Marcos regulatorios de Solvencia II y adopciones ORSA en América Latina

Super Intendencia industria y comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio (Superindustria) ha tomado medidas decisivas en el mundo del fútbol colombiano. Una investigación de gran relevancia se ha abierto, sacudiendo los cimientos de la Liga Profesional Femenina. La sospecha: una presunta cartelización que ha limitado el desarrollo y promoción del fútbol profesional femenino en Colombia.

¿Qué Significa la Investigación? La decisión de abrir esta investigación se basa en una serie de preocupantes prácticas anticompetitivas que han sido identificadas por la SIC. Se destaca, en particular, la fijación de una tabla de salarios que parece haber mantenido a la mayoría de las jugadoras profesionales ganando entre el salario mínimo y un máximo de $4.500.000.

Multas Millonarias en Juego Si estas acusaciones resultan verídicas, las consecuencias pueden ser enormes. La Superindustria tiene el poder de imponer multas de hasta $116.000.000.000 (CIENTO DIECISÉIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE.) por cada infracción a las personas jurídicas involucradas.
Orígenes de la Investigación La Superintendencia de Industria y Comercio ha actuado como la máxima autoridad de protección de la libre competencia en Colombia. El pliego de cargos se ha formulado contra la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la División Mayor del Fútbol Colombiano (DIMAYOR) y 29 clubes de fútbol profesional colombiano. Esto se ha hecho para determinar si han desarrollado un sistema que limita la libre competencia económica en el mercado de la Liga Profesional Femenina desde el año 2017 hasta la actualidad.
Las Actuaciones que Despertaron Sospechas La estrategia que ha llamado la atención de los investigadores involucra varios aspectos, algunos de los cuales son los siguientes:

Duración Limitada de Contratos

Los clubes de fútbol investigados, en colaboración con la DIMAYOR, han estandarizado cláusulas fundamentales en los contratos laborales para las jugadoras. Los contratos, en su mayoría, están vigentes únicamente por un período igual al de la duración de la Liga Profesional Femenina de Fútbol, que históricamente ha durado entre 1 y 4 meses y se ha realizado una vez al año. Esto significa que las jugadoras solo tienen contratos laborales y reciben remuneración por ese período.

Derechos de Imagen Limitados

Además, los clubes estandarizaron una cláusula relacionada con la explotación de los derechos de la imagen individual de las jugadoras. Según esta cláusula, las jugadoras están obligadas a participar en campañas publicitarias de los anunciantes elegidos por el club, sin derecho a una contraprestación adicional.

Fijación de Salarios

Los clubes investigados, con la participación de la FCF y la DIMAYOR, han acordado el valor de los salarios de las jugadoras de fútbol profesional femenino a través de una tabla de salarios. Esto ha resultado en que la mayoría de las jugadoras profesionales ganen únicamente el salario mínimo legal mensual vigente y que, como máximo, tengan una remuneración de 4.500.000 pesos mensuales.

Renuencia a Recibir Fondos Públicos

La FCF y la DIMAYOR, con la anuencia de los clubes investigados, han sido renuentes a recibir los recursos ofrecidos por el Gobierno Nacional para la promoción y el desarrollo del fútbol femenino en Colombia. Esto, a pesar de que uno de los principales argumentos para explicar las condiciones del mercado del fútbol femenino es la falta de patrocinio y presupuesto para el desarrollo de la Liga Profesional.

Problemas en la Transmisión de Televisión y medios

La DIMAYOR, en colaboración con los clubes investigados, ha celebrado un contrato con WIN SPORTS para la transmisión de los torneos. Sin embargo, las condiciones del acuerdo han sido perjudiciales para el desarrollo del fútbol profesional femenino, ya que establecieron la obligación de transmitir 10 partidos de competiciones masculinas por cada uno de la Liga Profesional Femenina. Esto ha limitado el crecimiento de la liga femenina y su visibilidad en el mercado.

Esta investigación no solo involucra a las personas jurídicas, sino también a personas naturales. Las multas pueden ser astronómicas, alcanzando los 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Todo esto plantea preguntas importantes sobre el futuro del fútbol femenino en Colombia y el papel de las instituciones en su desarrollo.

La Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra en la vanguardia de la defensa de la libre competencia en el país, y esta investigación podría tener implicaciones profundas en el deporte femenino colombiano.

Fuente y Creditos:

Super intendencia de industria y comercio