LONDRES: Funcionarios del Estado de Qatar intimidaron a testigos y demandantes en una reclamación de indemnización presentada por ocho refugiados sirios contra el Banco Doha, según informó el miércoles el Tribunal Superior de Londres.
El banco está acusado de ayudar a gestionar las finanzas de dos clientes, los hermanos qataríes Moutaz y Ramez Al-Khayyat, para el Frente Al-Nusra, un grupo yihadista activo en el conflicto sirio hasta 2017, cuando se fusionó con varios otros para convertirse en Hayat Tahrir Al. -Falso (HTS). Se dijo al tribunal que los hermanos actuaban en nombre del Estado qatarí, posiblemente incluso el propio emir.
Doha Bank y los hermanos Al-Khayyat niegan haber actuado mal en el caso presentado por los sirios radicados en los Países Bajos, quienes pudieron entablar acciones en el Reino Unido debido a que el banco tenía oficinas en Londres. El gobierno del Reino Unido ha designado a Al-Nusra y HTS como organizaciones terroristas.
Ben Emmerson QC, en representación de cuatro de los refugiados, acusó a los funcionarios qataríes de intentar “descarrilar” el caso.
“La administración de justicia pública en este país está amenazada por el acto hostil de una nación extranjera”, dijo.
Los funcionarios qataríes fueron responsables de “hostigamiento, intimidación, presión, vigilancia encubierta ilegal en el extranjero, amenazas de visitas de hombres armados y enmascarados durante la noche, intentos de soborno e incentivos criminales”, dijo, añadiendo que se cree que las acciones se llevaron a cabo en nombre del estado.
“La acusación en este caso es que el propio Estado qatarí es responsable de financiar (Al-Nusra) y lo ha hecho a través de los dos primeros acusados (los hermanos Al-Khayyat) y las empresas que poseen, junto con las cuentas. tienen en el Banco Doha”, dijo.
“La evidencia sugiere que el Estado de Qatar está involucrado en una campaña sostenida, enviando múltiples individuos a múltiples lugares durante un largo período de tiempo, cuyo objetivo es pervertir el curso de la justicia pública en estos procedimientos, intimidar a los testigos y persuadir a que los demandantes abandonen su reclamo”.
Se había pedido a la policía antiterrorista del Reino Unido que investigara las acusaciones, añadió Emmerson. Los reclamantes permanecen en el anonimato por motivos de seguridad.
Sonia Tolaney QC, en representación del Doha Bank, dijo que existe una “preocupación real” de que el reclamo tenga motivaciones políticas.
“Qatar es un estado extranjero amigo de este país. Este país debería tener cuidado antes de albergar acusaciones descabelladas sobre (Qatar) interferir en la justicia pública”, añadió.
Un portavoz de la Policía Metropolitana de Londres dijo: “Podemos confirmar que el 9 de noviembre recibimos acusaciones relacionadas con la financiación del terrorismo, la perversión del curso de la justicia y la intimidación de testigos.
“Estas acusaciones están siendo analizadas actualmente por agentes del comando antiterrorista de la Met, con miras a determinar si hay motivos para una investigación policial con sede en el Reino Unido sobre estos asuntos”.
Emmerson pidió que se retrasara una audiencia sobre jurisdicción en el caso, y Doha Bank y otros acusados dijeron que debería ser escuchada en Qatar.
La jueza Rosalind Coe QC, resumiendo, acordó “a regañadientes” aplazar el caso para permitir que se reunieran más pruebas a la luz de la gravedad de las acusaciones.
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