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Los audios que complican al fiscal antidrogas de Rancagua investigado por vínculos con narcoabogados

Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada por medios internacionales, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros globales y ha reactivado el análisis del riesgo político, país y regulatorio asociado a Venezuela. Este hecho, más allá de su dimensión geopolítica, representa un evento crítico para el sector financiero y asegurador venezolano y un nuevo foco de atención para instituciones latinoamericanas con exposición directa o indirecta, especialmente en materia de sanciones internacionales, prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales (AML/SARLAFT) y solvencia.

Reacciones de los mercados financieros internacionales

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos venezolanos y los títulos de PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana) registraron incrementos relevantes en los mercados secundarios, impulsados por expectativas de eventuales cambios en la gobernanza económica, procesos de reestructuración de deuda soberana y posible flexibilización futura de sanciones. Este comportamiento refleja un apetito especulativo por activos, más que una mejora estructural inmediata del riesgo crediticio venezolano.

Impacto en mercados energéticos y financieros regionales

El mercado petrolero reaccionó con volatilidad moderada, dado que la producción venezolana actual representa una fracción limitada de la oferta global. No obstante, se observaron movimientos positivos en acciones de empresas energéticas internacionales, así como mayor sensibilidad en mercados emergentes latinoamericanos, especialmente en portafolios con exposición a commodities y deuda soberana.

Estos efectos tienen implicaciones directas para bancos, aseguradoras y fondos de inversión con posiciones en renta fija emergente.

Impactos sobre el sistema financiero venezolano

El sistema financiero venezolano, ya debilitado por sanciones internacionales, restricciones cambiarias, pérdida de corresponsalías y fragilidad institucional, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre elevada. Este se caracteriza por el riesgo de salidas de capital, disrupciones operativas y posibles cambios abruptos en la supervisión y control estatal.

Por lo tanto, las entidades financieras locales deberán reforzar sus planes de continuidad de negocio, gestión de liquidez y controles de riesgo operativo, entre otras medidas.

Implicaciones en AML/SARLAFT y sanciones internacionales

Reforzamiento del riesgo PEP y debida diligencia ampliada

La captura de Nicolás Maduro, reconocido por algunos pocos Estados como jefe de Estado y desconocido por otros, y vinculado a actividades narcoterroristas (según los Estados Unidos de América), lo convierten a él y a su círculo cercano en Personas Expuestas Políticamente (PEP) de riesgo extremo.

Para bancos, entidades financieras y aseguradoras en América Latina, esto implica la aplicación obligatoria de debida diligencia ampliada (DDA), revisión exhaustiva de transacciones históricas, monitoreo reforzado de estructuras societarias, fideicomisos y beneficiarios finales

Sanciones, congelamiento de activos y riesgo extraterritorial

Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han intensificado el congelamiento de activos, restricciones a transacciones financieras y medidas contra empresas, familiares y aliados del régimen venezolano.

Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones que faciliten operaciones con partes sancionadas, así como multas regulatorias, pérdida de corresponsalías y acceso al sistema financiero internacional.

Para el sector financiero regional, el riesgo de sanciones se convierte en un componente crítico del riesgo legal y reputacional.

Impacto en el sector asegurador y reasegurador

Revisión de riesgos asegurables

Las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan una revisión profunda de seguros de riesgo político (confiscación, expropiación), seguro de crédito y caución, coberturas de interrupción de negocios y comercio internacional, entre otros.

Es previsible que se presenten ajustes en primas, reducción de capacidad y la inclusión de cláusulas más estrictas de exclusión por sanciones.

Reaseguro, pagos y cumplimiento

Frente a esta situación, lo más probable es que las reaseguradoras internacionales estén atentas y exijan cumplimiento estricto de sanciones frente al pago de siniestros, transferencias internacionales y manejo de reservas técnicas.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la denegación de cobertura, lo que afectaría la estabilidad financiera de las aseguradoras locales.

ORSA y la evaluación integral del riesgo

En este contexto, cobra especial relevancia el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – Autoevaluación de Riesgos y Solvencia) como herramienta estratégica.

Una ORSA robusta debe incorporar explícitamente riesgo país y geopolítico, riesgo de sanciones y AML/SARLAFT, riesgo de liquidez por congelamiento de activos, riesgo reputacional y legal, así como el impacto en solvencia bajo escenarios adversos.

Los escenarios de estrés deben contemplar, al menos, el endurecimiento de sanciones, el bloqueo de pagos de reaseguros, el incremento de siniestros por riesgo político y el deterioro de inversiones en deuda emergente

Implicaciones para América Latina

Para el sistema financiero y asegurador latinoamericano, este evento refuerza tres tendencias clave:
i) Mayor sensibilidad al riesgo político en las decisiones de inversión.
ii) Consolidación del compliance y AML/SARLAFT como funciones estratégicas, no solo regulatorias.
iii) Mayor exigencia de los supervisores en cuanto a la revelación de exposición, monitoreo transfronterizo, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Conclusiones

La captura de Nicolás Maduro constituye un evento de alto impacto para el sector financiero y asegurador venezolano y latinoamericano. Si bien abre expectativas de cambios estructurales a mediano plazo, también incrementa significativamente los riesgos de corto plazo, especialmente en materia de sanciones, AML/SARLAFT, solvencia y continuidad operativa.

Para bancos, demás instituciones financieras, aseguradoras y reguladores, el desafío será gestionar este entorno con un enfoque prudente y basado en riesgos, fortaleciendo el ORSA, los sistemas de cumplimiento y la gobernanza, en un contexto regional cada vez más expuesto a eventos geopolíticos y regulatorios.

Para el sector asegurador colombiano, el endurecimiento del entorno geopolítico y sancionatorio asociado a Venezuela refuerza la necesidad de gestionar el riesgo país y el riesgo de sanciones como elementos estructurales del negocio, y no como eventos coyunturales.

Aunque la exposición directa del mercado asegurador colombiano al riesgo venezolano es limitada, los vínculos indirectos a través de inversiones, reaseguro, comercio exterior y flujos transfronterizos exigen un enfoque preventivo y altamente técnico.

Desde la perspectiva AML/SARLAFT, las aseguradoras latinoamericanas deben profundizar la debida diligencia ampliada sobre PEP, fortalecer el monitoreo de operaciones atípicas y asegurar la actualización permanente de listas de sanciones internacionales, en línea con los requerimientos de los supervisores. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en consonancia con los estándares de las 40 Recomendaciones del GAFI, establece que la gestión del riesgo de sanciones se consolida como un componente crítico del riesgo legal, reputacional y operativo.

En materia de solvencia y gestión integral de riesgos, el evento subraya la importancia de incorporar escenarios geopolíticos y de sanciones, con el fin de evaluar su impacto potencial en inversiones, liquidez, reaseguro y continuidad del negocio. Una ORSA robusta permite anticipar efectos adversos, fortalecer la toma de decisiones de la alta dirección y demostrar una adecuada alineación entre apetito de riesgo, capital y estrategia.

Finalmente, para el sector asegurador latinoamericano, este contexto reafirma que la solidez financiera y la sostenibilidad del negocio dependen cada vez más de la calidad del gobierno corporativo, la madurez de los sistemas de cumplimiento y la capacidad de anticipación del riesgo, elementos que seguirán siendo foco de atención prioritaria por parte del supervisor y del mercado.

Fuentes y referencias

  • Reuters – Reacciones de mercados financieros y congelamiento de activos

  • Financial Times – Impacto energético y expectativas de inversión

  • Associated Press – Volatilidad de mercados globales

  • U.S. Treasury / OFAC – Sanciones y designaciones a funcionarios venezolanos

  • GAFI/FATF – Enfoque basado en riesgos y AML/CFT

  • Marcos regulatorios de Solvencia II y adopciones ORSA en América Latina

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Retraído en su casa de Avenida Mechero en Machalí. Así pasa sus días el suspendido fiscal antidrogas de Rancagua, Jorge Mena Ocares, quien fue alejado de sus funciones el pasado 7 de mayo, luego de que se iniciara una investigación penal en su contra por presuntos tratos irregulares con narcoabogados para reducir penas o llegar a salidas alternativas.

La indagatoria quedó en manos del fiscal metropolitano occidente, Marcos Pastén, por instrucción de la máxima autoridad del Ministerio Público, Ángel Valencia.

Esa investigación apunta no solo a pesquisar posibles delitos de corrupción en los tratos que Mena pactaba con imputados por narcotráfico, sino que también una de las aristas –reconocen cercanos a la indagatoria– busca esclarecer posibles fallas u omisiones en cómo se ejercía el control jerárquico por parte de los superiores de Mena.

En ese sentido –dicen las mismas fuentes–, no se descarta una posible citación a declarar al jefe de la fiscalía local de Rancagua, Javier Bischoffshausen; y al otrora fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias –quien dejó su cargo el pasado 24 de mayo tras 23 años en el Ministerio Público–, para que puedan dar cuenta de los mecanismos de control que se ejercían al interior de la sede.

El propio Arias –consultado por Mega Investiga acerca de si fallaron esos mecanismos internos de la fiscalía que él dirigía– respondió que precisamente “de eso se trata la corrupción, de evadir los controles, porque tampoco podemos llenarnos de controles; sí tenemos que aprender, por ejemplo de ciertas conductas que en un principio pudieran aparecer loables, incluso de un fiscal muy trabajador, que era el caso, que puedan ser sospechosas”.

“Hubo muchos casos en que se burlaron esos controles y precisamente cuando esos controles se burlaron, estaban todas aquellas anomalías o irregularidades que en principio podrían ser constitutivas de infracciones administrativas o ser el fundamento de algún delito”, refuerza el expersecutor.

El mecanismo de Mena

Al menos desde el 2015 datan las causas que están en la mira de la Fiscalía. En ellas, Mena habría gestado negociaciones irregulares para reducir las condenas de imputados por narcotráfico y, además, habría evadido los controles internos del Ministerio Público que regulan el actuar de los persecutores.

“Pudimos encontrar ciertas irregularidades desde el año 2015 (…) La investigación administrativa fue encontrando varios casos, entonces ya un caso habría sido muy grave y que sean muchos adquiere una gravedad que podría ser constitutiva de delito. Por eso, en su momento la decisión fue abrir una investigación administrativa por la gravedad de los hechos, suspender al funcionario investigado e informar al fiscal nacional para que se designara al fiscal regional para la investigación penal correspondiente”, explica Arias.

Mega Investiga accedió a los audios de dos audiencias –que forman parte de las pesquisas de la Fiscalía Metropolitana Occidente– que dan luces del actuar de Mena para llegar a procedimientos abreviados en causas de narcotráfico y evadir los controles. En una de ellas, incluso, había imputados que importaron más de 100 kilos de drogas a la capital regional.

“Magistrada, para avanzar en esta causa yo no tendría ningún inconveniente (de un abreviado). Es más, lo único que hago presente es que yo tengo un juicio oral a las 12”, se le escucha decir al suspendido fiscal Mena, en una audiencia del 20 de noviembre del año pasado, en la que buscaba apurar la tramitación del procedimiento.

En los más de 20 minutos que duró la audiencia, el persecutor nunca comunicó a la jueza Loreto Salas del Juzgado de Garantía de Rancagua, la cantidad de estupefacientes que se les imputaba a los acusados.

“Aceptan los hechos de la acusación y se procede bajo las reglas del procedimiento abreviado. El Ministerio Público comunica la decisión de no perseverar”, señaló la magistrada, respecto a una de las imputadas.

Precisamente, la facultad de no perseverar en una investigación –es decir que el fiscal desiste de presentar acusación– era uno de los mecanismos que, según se indaga, utilizaba Mena para cerrar causas de narcotráfico con condenas menores.

En la audiencia, Mena invocó la decisión de no perseverar en uno de los casos y concretó tres condenas a través de procedimientos abreviados, que finalmente derivaron en penas sustitutivas de libertad vigilada.

“Tienen irreprochable conducta anterior, han colaborado en el juicio y desde ese punto de vista la Fiscalía va a solicitar respecto de estos imputados la pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo (…) la defensa tiene un informe social que lo hemos tenido a la vista y estaríamos de acuerdo en que fuera con libertad vigilada intensiva”, expuso Mena en esa audiencia.

“¿De todos?”, preguntó la magistrada Salas. “De todos”, refrendó Mena.

Otro de los mecanismos que se investigan es que el fiscal antidrogas de Rancagua utilizaba la figura de cómplice en este tipo de causas, para imputados que deberían haber sido procesados en calidad de autores.

En una de las causas que se investiga, uno de los imputados que –según señalan otros persecutores– debió haber sido condenado como autor de delito, solo recibió una sanción menor ya que fue calificado como “cómplice” por el fiscal Mena.

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