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De víctima a imputado: La insólita caída del cabo que reveló red de corrupción en la Segunda Comisaría de Carabineros

Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada por medios internacionales, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros globales y ha reactivado el análisis del riesgo político, país y regulatorio asociado a Venezuela. Este hecho, más allá de su dimensión geopolítica, representa un evento crítico para el sector financiero y asegurador venezolano y un nuevo foco de atención para instituciones latinoamericanas con exposición directa o indirecta, especialmente en materia de sanciones internacionales, prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales (AML/SARLAFT) y solvencia.

Reacciones de los mercados financieros internacionales

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos venezolanos y los títulos de PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana) registraron incrementos relevantes en los mercados secundarios, impulsados por expectativas de eventuales cambios en la gobernanza económica, procesos de reestructuración de deuda soberana y posible flexibilización futura de sanciones. Este comportamiento refleja un apetito especulativo por activos, más que una mejora estructural inmediata del riesgo crediticio venezolano.

Impacto en mercados energéticos y financieros regionales

El mercado petrolero reaccionó con volatilidad moderada, dado que la producción venezolana actual representa una fracción limitada de la oferta global. No obstante, se observaron movimientos positivos en acciones de empresas energéticas internacionales, así como mayor sensibilidad en mercados emergentes latinoamericanos, especialmente en portafolios con exposición a commodities y deuda soberana.

Estos efectos tienen implicaciones directas para bancos, aseguradoras y fondos de inversión con posiciones en renta fija emergente.

Impactos sobre el sistema financiero venezolano

El sistema financiero venezolano, ya debilitado por sanciones internacionales, restricciones cambiarias, pérdida de corresponsalías y fragilidad institucional, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre elevada. Este se caracteriza por el riesgo de salidas de capital, disrupciones operativas y posibles cambios abruptos en la supervisión y control estatal.

Por lo tanto, las entidades financieras locales deberán reforzar sus planes de continuidad de negocio, gestión de liquidez y controles de riesgo operativo, entre otras medidas.

Implicaciones en AML/SARLAFT y sanciones internacionales

Reforzamiento del riesgo PEP y debida diligencia ampliada

La captura de Nicolás Maduro, reconocido por algunos pocos Estados como jefe de Estado y desconocido por otros, y vinculado a actividades narcoterroristas (según los Estados Unidos de América), lo convierten a él y a su círculo cercano en Personas Expuestas Políticamente (PEP) de riesgo extremo.

Para bancos, entidades financieras y aseguradoras en América Latina, esto implica la aplicación obligatoria de debida diligencia ampliada (DDA), revisión exhaustiva de transacciones históricas, monitoreo reforzado de estructuras societarias, fideicomisos y beneficiarios finales

Sanciones, congelamiento de activos y riesgo extraterritorial

Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han intensificado el congelamiento de activos, restricciones a transacciones financieras y medidas contra empresas, familiares y aliados del régimen venezolano.

Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones que faciliten operaciones con partes sancionadas, así como multas regulatorias, pérdida de corresponsalías y acceso al sistema financiero internacional.

Para el sector financiero regional, el riesgo de sanciones se convierte en un componente crítico del riesgo legal y reputacional.

Impacto en el sector asegurador y reasegurador

Revisión de riesgos asegurables

Las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan una revisión profunda de seguros de riesgo político (confiscación, expropiación), seguro de crédito y caución, coberturas de interrupción de negocios y comercio internacional, entre otros.

Es previsible que se presenten ajustes en primas, reducción de capacidad y la inclusión de cláusulas más estrictas de exclusión por sanciones.

Reaseguro, pagos y cumplimiento

Frente a esta situación, lo más probable es que las reaseguradoras internacionales estén atentas y exijan cumplimiento estricto de sanciones frente al pago de siniestros, transferencias internacionales y manejo de reservas técnicas.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la denegación de cobertura, lo que afectaría la estabilidad financiera de las aseguradoras locales.

ORSA y la evaluación integral del riesgo

En este contexto, cobra especial relevancia el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – Autoevaluación de Riesgos y Solvencia) como herramienta estratégica.

Una ORSA robusta debe incorporar explícitamente riesgo país y geopolítico, riesgo de sanciones y AML/SARLAFT, riesgo de liquidez por congelamiento de activos, riesgo reputacional y legal, así como el impacto en solvencia bajo escenarios adversos.

Los escenarios de estrés deben contemplar, al menos, el endurecimiento de sanciones, el bloqueo de pagos de reaseguros, el incremento de siniestros por riesgo político y el deterioro de inversiones en deuda emergente

Implicaciones para América Latina

Para el sistema financiero y asegurador latinoamericano, este evento refuerza tres tendencias clave:
i) Mayor sensibilidad al riesgo político en las decisiones de inversión.
ii) Consolidación del compliance y AML/SARLAFT como funciones estratégicas, no solo regulatorias.
iii) Mayor exigencia de los supervisores en cuanto a la revelación de exposición, monitoreo transfronterizo, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Conclusiones

La captura de Nicolás Maduro constituye un evento de alto impacto para el sector financiero y asegurador venezolano y latinoamericano. Si bien abre expectativas de cambios estructurales a mediano plazo, también incrementa significativamente los riesgos de corto plazo, especialmente en materia de sanciones, AML/SARLAFT, solvencia y continuidad operativa.

Para bancos, demás instituciones financieras, aseguradoras y reguladores, el desafío será gestionar este entorno con un enfoque prudente y basado en riesgos, fortaleciendo el ORSA, los sistemas de cumplimiento y la gobernanza, en un contexto regional cada vez más expuesto a eventos geopolíticos y regulatorios.

Para el sector asegurador colombiano, el endurecimiento del entorno geopolítico y sancionatorio asociado a Venezuela refuerza la necesidad de gestionar el riesgo país y el riesgo de sanciones como elementos estructurales del negocio, y no como eventos coyunturales.

Aunque la exposición directa del mercado asegurador colombiano al riesgo venezolano es limitada, los vínculos indirectos a través de inversiones, reaseguro, comercio exterior y flujos transfronterizos exigen un enfoque preventivo y altamente técnico.

Desde la perspectiva AML/SARLAFT, las aseguradoras latinoamericanas deben profundizar la debida diligencia ampliada sobre PEP, fortalecer el monitoreo de operaciones atípicas y asegurar la actualización permanente de listas de sanciones internacionales, en línea con los requerimientos de los supervisores. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en consonancia con los estándares de las 40 Recomendaciones del GAFI, establece que la gestión del riesgo de sanciones se consolida como un componente crítico del riesgo legal, reputacional y operativo.

En materia de solvencia y gestión integral de riesgos, el evento subraya la importancia de incorporar escenarios geopolíticos y de sanciones, con el fin de evaluar su impacto potencial en inversiones, liquidez, reaseguro y continuidad del negocio. Una ORSA robusta permite anticipar efectos adversos, fortalecer la toma de decisiones de la alta dirección y demostrar una adecuada alineación entre apetito de riesgo, capital y estrategia.

Finalmente, para el sector asegurador latinoamericano, este contexto reafirma que la solidez financiera y la sostenibilidad del negocio dependen cada vez más de la calidad del gobierno corporativo, la madurez de los sistemas de cumplimiento y la capacidad de anticipación del riesgo, elementos que seguirán siendo foco de atención prioritaria por parte del supervisor y del mercado.

Fuentes y referencias

  • Reuters – Reacciones de mercados financieros y congelamiento de activos

  • Financial Times – Impacto energético y expectativas de inversión

  • Associated Press – Volatilidad de mercados globales

  • U.S. Treasury / OFAC – Sanciones y designaciones a funcionarios venezolanos

  • GAFI/FATF – Enfoque basado en riesgos y AML/CFT

  • Marcos regulatorios de Solvencia II y adopciones ORSA en América Latina

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El cabo primero Diego Ríos Catalán (29) es una pieza clave en la trama de corrupción desbaratada al interior de la Segunda Comisaría de Carabineros y que operaba en el Barrio Meiggs, vinculada al cobro de cifras millonarias a comerciantes chinos.

Su nombre figura en la lista de los trece efectivos detenidos y la Fiscalía Centro Norte lo formalizó por cohecho, apremios ilegítimos, falsificación de instrumento público, entre otros ilícitos, por lo cual quedó en prisión preventiva.

Sin embargo, un año y medio antes de que se revelara el rol que tenía en esta red de corrupción, el funcionario presentó una denuncia ante el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros contra un compañero de la unidad policial, a quien acusó de ser parte de una banda delictiva.

De acuerdo al expediente judicial, declaró a fines de diciembre de 2022 y se le asignó calidad de víctima. Ante sus superiores, relató que llevaba 10 años de servicio institucional y desde hace tres años ejercía en la Segunda Comisaría, realizando turnos y patrullajes.

En ese marco, señaló que en medio de un cambio de turno, mantuvo una conversación con otro efectivo, quien le indicó que “tenía algo bueno en la noche, consultandole si eso era en el sector, respondiendo que sí, debido a esto, le pregunté si era en la empresa SALFA, la cual hace tiempo señaló que junto a su amigos (banda delictual) tenía listas las camionetas para sustraerlas del lugar, donde me indicó que no, que se trata esta vez de al lado, de la empresa de valores”.

También, reveló que en otra oportunidad, su compañero- de grado cabo segundo- le insinuó que tenía amigos con buenos negocios, “donde me hablaba que si se pitiaban un auto el pago era una luca y media (un millón y medio) por auto y en la noche se hacían hasta cinco autos, donde las ganancias eran divididas para todos en partes iguales”.

Ante esto, aseguró que le habría contestado que él no se involucraba en ese tipo hechos, ya que “mantengo una guagua de dos meses, además no voy a arriesgar a mi familia y mi trabajo por este tipo de hechos”.

Conocido el testimonio, Asuntos Internos de Carabineros derivó los antecedentes a la Fiscalía Centro Norte, alertando que el efectivo denunciado “estaría involucrado con una banda criminal dedicada a cometer diferentes ilícitos”.

La denuncia con efecto boomerang

Ante la gravedad de los antecedentes, tanto la institución policial como el Ministerio Público ordenaron una serie de diligencias, que incluyeron la interceptación telefónica de Diego Ríos, como víctima, y del cabo segundo denunciado.

Esto derivó en que quedaran al descubierto distintas actuaciones de Ríos con comerciantes chinos, alertando de inmediato a los investigadores respecto a la comisión de delitos.

Así lo informó la Fiscalía en una solicitud de levantamiento de secreto bancario donde señalaron que “si bien la presente causa inició con la denuncia del funcionario, la información recabada da cuenta de que el cabo 1° Diego Ríos Catalán también está involucrado en acciones ilícitas (…), pues los antecedentes señalados constituyen indicios coherentes, serios y concordantes que permiten deducir de forma natural que el imputado estaría recibiendo beneficios económicos”.

Así, en mayo de 2023, la indagatoria ya tenía entre sus redes al carabinero, que terminó siendo involucrado en cuatro de nueve hechos formalizados por la Fiscalía Centro Norte.

Entre estos, un episodio ocurrido el 9 de febrero del año pasado, cuando le exigieron el pago de 50 mil pesos a una persona de nacionalidad china, a cambio de no cursar una multa, en medio de una fiscalización a un furgón.

Otro caso, ocurrió entre junio y julio de 2022, cuando junto a otro efectivo formalizado, concurrieron a un local comercial ubicado en San Alfonso, donde le solicitaron la suma de 1 millón 600 mil pesos a cambio de brindar un servicio de seguridad.

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