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Debida diligencia en entornos de comercio electrónico: gestión estratégica del riesgo en la vinculación de terceros digitales

El comercio electrónico se ha consolidado como un motor clave de crecimiento en la economía digital, lo que ha permitido a las organizaciones ampliar su alcance y optimizar sus operaciones. Sin embargo, este modelo también incrementa la exposición a riesgos asociados a la interacción con terceros en entornos digitales, particularmente en contextos donde la identidad digital y la ausencia de contacto físico dificultan los procesos de verificación tradicionales (OECD, 2023; UNCTAD, 2022).    A diferencia de los esquemas tradicionales, donde la validación de proveedores se basaba en relaciones presenciales, los entornos digitales se caracterizan por su dinamismo y anonimato relativo. Esto facilita riesgos como el fraude, la suplantación de identidad, el lavado de activos y afectaciones reputacionales, especialmente en la gestión de terceros como proveedores tecnológicos, operadores logísticos y pasarelas de pago (GAFI, 2021; Europol, 2022).    En este contexto, la debida diligencia se posiciona como una herramienta esencial de mitigación de riesgos. A través de procesos como la verificación de identidad, validación legal y análisis reputacional, las organizaciones pueden evaluar integralmente a sus contrapartes. No obstante, en entornos digitales estos procesos deben evolucionar hacia esquemas continuos, dinámicos y basados en riesgo, alineados con estándares internacionales como los promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (GAFI, 2021; Basel Institute on Governance, 2020). 

La importancia de estos controles se evidencia en casos recientes. En 2020, Amazon alcanzó un acuerdo con la Office of Foreign Assets Control (OFAC) tras identificarse fallas en sus controles que permitieron transacciones con personas sancionadas y usuarios en jurisdicciones restringidas, lo que evidenció debilidades en el monitoreo automatizado y la debida diligencia continua (U.S. Department of the Treasury, 2020; OFAC, 2020). 

 

De igual forma, en 2025 la Comisión Europea señaló preliminarmente que Temu habría incumplido el Digital Services Act (DSA) al no evaluar adecuadamente los riesgos asociados a productos ilegales en su marketplace. La investigación evidenció deficiencias en la supervisión de vendedores y en la trazabilidad de productos, lo que incrementa la exposición al riesgo legal y reputacional (European Commission, 2025; European Parliament, 2022).

Por su parte, SHEIN fue objeto de investigaciones por prácticas potencialmente engañosas, en las que incluía descuentos ficticios y deficiencias en la información al consumidor. Estos cuestionamientos también evidencian la falta de claridad en la asignación de responsabilidades entre la plataforma y los vendedores, lo que destaca la necesidad de monitoreo continuo en la relación con terceros (European Commission, 2024; OECD, 2023). 

 

Estos casos reflejan que la debida diligencia no es solo un requisito de cumplimiento normativo, sino un componente estratégico para la sostenibilidad del negocio. En respuesta, diversas organizaciones están optando por la tercerización de estos procesos con firmas especializadas en gestión de riesgos, con el fin de fortalecer la capacidad analítica y garantizar mayor trazabilidad en la toma de decisiones (World Bank, 2020; Deloitte, 2022). 

 

Compañías como Risk Consulting Global Group permiten fortalecer el conocimiento de contrapartes mediante metodologías estructuradas, enfoques basados en riesgo y acceso a fuentes especializadas. Este modelo contribuye a mejorar la calidad del análisis y a optimizar los recursos internos, especialmente en organizaciones con alta exposición a ecosistemas digitales (Basel Institute on Governance, 2020; KPMG, 2021). 

 

Uno de los beneficios más relevantes en los procesos de tercerización de la debida diligencia es su impacto en la prevención de pérdidas económicas. La identificación temprana de señales de alerta, como inconsistencias en la información o ubicaciones no verificables, permite evitar la vinculación con contrapartes fraudulentas antes de que se materialicen pérdidas financieras o sanciones regulatorias (GAFI, 2021; ACFE, 2022). 

 

Adicionalmente, el uso de herramientas tecnológicas y economías de escala permite realizar evaluaciones más eficientes, además reduce costos operativos sin sacrificar la profundidad del análisis. En este sentido, la debida diligencia debe entenderse como una inversión estratégica orientada a la sostenibilidad y resiliencia organizacional (Deloitte, 2022; World Economic Forum, 2023). 

 

En conclusión, el comercio electrónico ofrece importantes oportunidades, pero también exige una gestión de riesgos más sofisticada. La debida diligencia se consolida como un pilar fundamental para la vinculación segura de terceros en ecosistemas digitales, permitiendo a las organizaciones operar con mayores estándares de cumplimiento, transparencia y sostenibilidad (OECD, 2023; GAFI, 2021). 

 

En este contexto, el apoyo de firmas especializadas como Risk Consulting Global Group permite a las organizaciones fortalecer su capacidad de prevención, optimizar recursos y operar con mayores estándares de cumplimiento y sostenibilidad. 

Referencias:

ACFE. (2022). Occupational fraud 2022: A report to the nationshttps://www.acfe.com/report-to-the-nations/2022/  

Basel Institute on Governance. (2020). Basel AML Index Report 2020https://baselgovernance.org  

Deloitte. (2022). Global risk management surveyhttps://www2.deloitte.com  

European Commission. (2024). Consumer protection enforcement actionshttps://ec.europa.eu  

European Commission. (2025). Di
gital Services Act enforcement updates
https://ec.europa.eu/digital-services-act  

European Parliament. (2022). Digital Services Act (DSA)https://www.europarl.europa.eu  

Europol. (2022). Internet organised crime threat assessment (IOCTA)https://www.europol.europa.eu  

GAFI (FATF). (2021). Guidance on digital identityhttps://www.fatf-gafi.org  

KPMG. (2021). Third-party risk management outlookhttps://kpmg.com  

OECD. (2023). Consumer policy and e-commercehttps://www.oecd.org  

OFAC. (2020). Enforcement information for Amazon settlementhttps://home.treasury.gov 
 
 

U.S. Department of the Treasury. (2020). Amazon OFAC settlement announcementhttps://home.treasury.gov  

UNCTAD. (2022). E-commerce and digital economy reporthttps://unctad.org  

World Bank. (2020). Enhancing government effectiveness and transparencyhttps://www.worldbank.org  

World Economic Forum. (2023). Global risks reporthttps://www.weforum.org  

 

Autor/a: Alexander Galindo Beltrán

Gerente de soluciones en cumplimiento

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