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Sentencian a 9 años de cárcel a exagende del INPE por tráfico ilícito de drogas

Sentencian a 9 años de cárcel a exagende del INPE por tráfico ilícito de drogas

Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada por medios internacionales, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros globales y ha reactivado el análisis del riesgo político, país y regulatorio asociado a Venezuela. Este hecho, más allá de su dimensión geopolítica, representa un evento crítico para el sector financiero y asegurador venezolano y un nuevo foco de atención para instituciones latinoamericanas con exposición directa o indirecta, especialmente en materia de sanciones internacionales, prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales (AML/SARLAFT) y solvencia.

Reacciones de los mercados financieros internacionales

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos venezolanos y los títulos de PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana) registraron incrementos relevantes en los mercados secundarios, impulsados por expectativas de eventuales cambios en la gobernanza económica, procesos de reestructuración de deuda soberana y posible flexibilización futura de sanciones. Este comportamiento refleja un apetito especulativo por activos, más que una mejora estructural inmediata del riesgo crediticio venezolano.

Impacto en mercados energéticos y financieros regionales

El mercado petrolero reaccionó con volatilidad moderada, dado que la producción venezolana actual representa una fracción limitada de la oferta global. No obstante, se observaron movimientos positivos en acciones de empresas energéticas internacionales, así como mayor sensibilidad en mercados emergentes latinoamericanos, especialmente en portafolios con exposición a commodities y deuda soberana.

Estos efectos tienen implicaciones directas para bancos, aseguradoras y fondos de inversión con posiciones en renta fija emergente.

Impactos sobre el sistema financiero venezolano

El sistema financiero venezolano, ya debilitado por sanciones internacionales, restricciones cambiarias, pérdida de corresponsalías y fragilidad institucional, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre elevada. Este se caracteriza por el riesgo de salidas de capital, disrupciones operativas y posibles cambios abruptos en la supervisión y control estatal.

Por lo tanto, las entidades financieras locales deberán reforzar sus planes de continuidad de negocio, gestión de liquidez y controles de riesgo operativo, entre otras medidas.

Implicaciones en AML/SARLAFT y sanciones internacionales

Reforzamiento del riesgo PEP y debida diligencia ampliada

La captura de Nicolás Maduro, reconocido por algunos pocos Estados como jefe de Estado y desconocido por otros, y vinculado a actividades narcoterroristas (según los Estados Unidos de América), lo convierten a él y a su círculo cercano en Personas Expuestas Políticamente (PEP) de riesgo extremo.

Para bancos, entidades financieras y aseguradoras en América Latina, esto implica la aplicación obligatoria de debida diligencia ampliada (DDA), revisión exhaustiva de transacciones históricas, monitoreo reforzado de estructuras societarias, fideicomisos y beneficiarios finales

Sanciones, congelamiento de activos y riesgo extraterritorial

Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han intensificado el congelamiento de activos, restricciones a transacciones financieras y medidas contra empresas, familiares y aliados del régimen venezolano.

Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones que faciliten operaciones con partes sancionadas, así como multas regulatorias, pérdida de corresponsalías y acceso al sistema financiero internacional.

Para el sector financiero regional, el riesgo de sanciones se convierte en un componente crítico del riesgo legal y reputacional.

Impacto en el sector asegurador y reasegurador

Revisión de riesgos asegurables

Las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan una revisión profunda de seguros de riesgo político (confiscación, expropiación), seguro de crédito y caución, coberturas de interrupción de negocios y comercio internacional, entre otros.

Es previsible que se presenten ajustes en primas, reducción de capacidad y la inclusión de cláusulas más estrictas de exclusión por sanciones.

Reaseguro, pagos y cumplimiento

Frente a esta situación, lo más probable es que las reaseguradoras internacionales estén atentas y exijan cumplimiento estricto de sanciones frente al pago de siniestros, transferencias internacionales y manejo de reservas técnicas.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la denegación de cobertura, lo que afectaría la estabilidad financiera de las aseguradoras locales.

ORSA y la evaluación integral del riesgo

En este contexto, cobra especial relevancia el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – Autoevaluación de Riesgos y Solvencia) como herramienta estratégica.

Una ORSA robusta debe incorporar explícitamente riesgo país y geopolítico, riesgo de sanciones y AML/SARLAFT, riesgo de liquidez por congelamiento de activos, riesgo reputacional y legal, así como el impacto en solvencia bajo escenarios adversos.

Los escenarios de estrés deben contemplar, al menos, el endurecimiento de sanciones, el bloqueo de pagos de reaseguros, el incremento de siniestros por riesgo político y el deterioro de inversiones en deuda emergente

Implicaciones para América Latina

Para el sistema financiero y asegurador latinoamericano, este evento refuerza tres tendencias clave:
i) Mayor sensibilidad al riesgo político en las decisiones de inversión.
ii) Consolidación del compliance y AML/SARLAFT como funciones estratégicas, no solo regulatorias.
iii) Mayor exigencia de los supervisores en cuanto a la revelación de exposición, monitoreo transfronterizo, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Conclusiones

La captura de Nicolás Maduro constituye un evento de alto impacto para el sector financiero y asegurador venezolano y latinoamericano. Si bien abre expectativas de cambios estructurales a mediano plazo, también incrementa significativamente los riesgos de corto plazo, especialmente en materia de sanciones, AML/SARLAFT, solvencia y continuidad operativa.

Para bancos, demás instituciones financieras, aseguradoras y reguladores, el desafío será gestionar este entorno con un enfoque prudente y basado en riesgos, fortaleciendo el ORSA, los sistemas de cumplimiento y la gobernanza, en un contexto regional cada vez más expuesto a eventos geopolíticos y regulatorios.

Para el sector asegurador colombiano, el endurecimiento del entorno geopolítico y sancionatorio asociado a Venezuela refuerza la necesidad de gestionar el riesgo país y el riesgo de sanciones como elementos estructurales del negocio, y no como eventos coyunturales.

Aunque la exposición directa del mercado asegurador colombiano al riesgo venezolano es limitada, los vínculos indirectos a través de inversiones, reaseguro, comercio exterior y flujos transfronterizos exigen un enfoque preventivo y altamente técnico.

Desde la perspectiva AML/SARLAFT, las aseguradoras latinoamericanas deben profundizar la debida diligencia ampliada sobre PEP, fortalecer el monitoreo de operaciones atípicas y asegurar la actualización permanente de listas de sanciones internacionales, en línea con los requerimientos de los supervisores. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en consonancia con los estándares de las 40 Recomendaciones del GAFI, establece que la gestión del riesgo de sanciones se consolida como un componente crítico del riesgo legal, reputacional y operativo.

En materia de solvencia y gestión integral de riesgos, el evento subraya la importancia de incorporar escenarios geopolíticos y de sanciones, con el fin de evaluar su impacto potencial en inversiones, liquidez, reaseguro y continuidad del negocio. Una ORSA robusta permite anticipar efectos adversos, fortalecer la toma de decisiones de la alta dirección y demostrar una adecuada alineación entre apetito de riesgo, capital y estrategia.

Finalmente, para el sector asegurador latinoamericano, este contexto reafirma que la solidez financiera y la sostenibilidad del negocio dependen cada vez más de la calidad del gobierno corporativo, la madurez de los sistemas de cumplimiento y la capacidad de anticipación del riesgo, elementos que seguirán siendo foco de atención prioritaria por parte del supervisor y del mercado.

Fuentes y referencias

  • Reuters – Reacciones de mercados financieros y congelamiento de activos

  • Financial Times – Impacto energético y expectativas de inversión

  • Associated Press – Volatilidad de mercados globales

  • U.S. Treasury / OFAC – Sanciones y designaciones a funcionarios venezolanos

  • GAFI/FATF – Enfoque basado en riesgos y AML/CFT

  • Marcos regulatorios de Solvencia II y adopciones ORSA en América Latina

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Dijo que la droga fue ‘sembrada’ porque fue amenazado por reclusos, pero nunca denunció el hecho. La droga estaba debidamente empaquetada y tenía el nombre del destinario, un preso.

Nueve años de pena privativa de la libertad efectiva pasará Grisvel Antonio Pisco Sangama, de 32 años, exagente de seguridad del Penal de Pucallpa, tras ser encontrado culpable por el delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas mediante actos de tráfico. La decisión fue tomada por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de la Corte de Ucayali

Pese a que el imputado sostuvo que la droga encontrada en su poder fue ‘sembrada’ porque días anteriores había sido amenazado por algunos internos, se demostró que él tenía el propósito de comercializarla, ya que la sustancia ilícita estaba empacada e identificada para su destinatario, específicamente para un interno.

Circunstancias de la detención

El día 17 de noviembre de 2019, personal policial tomó conocimiento de que en un inmueble ubicado en la Calle N° 04 del distrito de Yarinacocha, el imputado junto a una mujer identificada como Giuliana Flores Fasanando, de 37 años, se encontrarían acopiando diferentes tipos de drogas (pasta básica de cocaína y marihuana) para su posterior ingreso a las instalaciones del Instituto Penitenciario – Pucallpa.

La Policía llegó al lugar y los detuvo; además, registró la vivienda y encontró una serie de muestras de droga, un paquete compacto en forma rectangular de cocaína y otro paquete compacto en forma irregular conteniendo marihuana, una bolsa también con marihuana y otra bolsa con pasta básica de cocaína. El primer paquete de forma rectangular de cocaína tenía la inscripción “para Aldo Tarazona, un celular con cargador y dos barros”.

En la vivienda se hallaron teléfonos celulares y dinero en posesión de los hoy procesados. Al realizar el descarte y pesaje de la droga incautada, se determinó que efectivamente era cannabis sativa marihuana con un peso total de 0.634 gramos y también la droga tóxica de alcaloide de cocaína con un peso total de 0.21 gramos.

Decisión judicial

Para el juzgado, no solo se acreditó el hallazgo de las sustancias ilícitas sino también el modo en que se favorece el tráfico de las mismas – acopio y acondicionamiento – empaquetadas, listas para ser distribuidas al interior del penal, pues se advierte que el paquete estaba destinado a ser ingresado al haberse consignado datos específicos con tal fin. Aunque el investigado presentó testigos que señalaban que días anteriores vieron a personas desconocidas intentar ingresar a su vivienda, al parecer con la finalidad de ‘sembrar’ las sustancias ilícitas, este acto no fue denunciado. Además, tanto el sentenciado como su pareja, entraron en contradicción al momento de contar los hechos en cómo la droga fue dejada en su hogar.

En relación a la acusada Giuliana Flores, que fue acusada por coadyuvar a su pareja en el acondicionamiento y acopio de droga en su vivienda, la jurisprudencia (decisiones judiciales emitidas por tribunales o cortes de justicia que establecen precedentes legales) establece que la mera convivencia con una persona que comete actos delictivos no la convierte automáticamente en cómplice o coautora del delito. En este caso, no se ha probado su participación activa en los hechos imputados. Además, no se ha corroborado que la acusada tuviera acceso a las sustancias ilícitas ni que tuviera motivos para participar en el delito de tráfico ilícito de drogas. Por lo tanto, no se acreditó su participación en los hechos imputados y fue absuelta.

Además de los nueve años de cárcel para Grisvel Pisco, se le impuso una multa de 180 días, la cual deberá ser pagada al Estado en un plazo de diez días a partir de la emisión de la sentencia. Además, se ordenó su inhabilitación por un período de nueve años, lo que le impide obtener cargos públicos o dedicarse a actividades relacionadas con la producción o comercialización de sustancias ilícitas.

Asimismo, se estableció una reparación civil de S/ 3 000, que el acusado deberá abonar a favor de la parte agraviada, representada por el Estado a través de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior. Se dispuso también el decomiso definitivo de los bienes relacionados con el proceso.

Pena por tráfico de drogas.

El artículo 296° del Código Penal, sanciona con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años y con 180 a 375 días-multa, e inhabilitación al que promueve, favorece o facilita el consumo ilegal de drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, mediante actos de fabricación o tráfico. La pena es no menor de 15 ni mayor de 25 cuando se incurre en agravantes.

Fuente y Créditos 

Diario Gob

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