El martes 18 de enero de 2022 fue sancionada por el Presidente de la República la Ley 2195 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones”, iniciativa que fue producto del trabajo articulado de 25 entidades del Estado y encabezada por la Vicepresidente de la República y la Secretaría de Transparencia, y que recoge varias de las iniciativas que se han presentado desde que inició el actual Gobierno y que no han podido concretarse en una Ley.
Este constituye nuestro tercer Estatuto Anticorrupción2 y tiene un enfoque esencialmente preventivo, de fortalecimiento institucional y eliminación de obstáculos o llenado de vacíos en la aplicación efectiva de la normatividad vigente en la prevención y lucha contra la corrupción, así como validación de compromisos internacionales pendientes de implementación en nuestro país a partir de una visión holística del fenómeno que integra las inquietudes y recomendaciones de las 25 entidades que hicieron parte de las mesas de trabajo que produjeron este importante documento:
“La prevención y probidad son los pilares que soportan la iniciativa presentada ante el Congreso de la República. Debe revisarse el presente proyecto como un gran sistema que permitirá prevenir la corrupción, capturar el corrupto y resarcir los daños causados por los actos de corrupción, todo esto reforzado por una cultura de la legalidad e integridad que debe permear tanto instituciones educativas como empresas y entidades públicas 4”
