El equipo especial de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de la Libertad, a cargo de la Fiscal Provincial Sara Carola García Arrascue, logró una sentencia condenatoria contra los empresarios Marco Antonio Benavides Bargallo y Bruno Bracamonte Moreno, a quienes se les impuso 25 años de cárcel y 350 días multa, como autores del delito de lavado de activos, en su figura agravada por lavar bienes, dinero, efectos y ganancias provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas (TID).
El Ministerio Público, logró acreditar en juicio que Marco Antonio Benavides Bargallo, se encuentra vinculado a actividades ilícitas relacionadas al delito de Tráfico Ilícito de Drogas, que le han servido como fuente de obtención de activos maculados que luego ha ingresado al sistema financiero, logrando incrementar su patrimonio injustificadamente.
En el 2020, acciones de inteligencia de la Dirandro sindicaron al citado empresario Benavides Bargallo como presunto cabecilla de una organización dedicada al TID.
Es así que el 1 de enero del mismo año, la PNP incautó 544 kilos de pasta básica e intervino a varios involucrados en la provincia de Sullana (Piura). Al respecto, el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez, indicó que, según investigaciones policiales, la droga estaba lista para ser enviada a Europa y Marco Benavides sería el financista.
De otro lado, Bruno Bracamonte Moreno, adquirió bienes muebles e inmuebles, pese a no tener un respaldo económico para ello. Asimismo, como Gerente General de la persona jurídica ALFA CONSTRUCTORES SAC., efectuó importantes aumentos de capital e instrumentalizó dicha empresa para la adquisición de patrimonio, al que pretendía otorgar una apariencia de legitimidad, pese a tener conocimiento del origen ilícito de tales activos. Todo ello con la finalidad de evitar su identificación, incautación o decomiso.
Es por ello que la condena también alcanza a la persona jurídica ALFA CONSTRUCTORES SAC, declarada responsable penalmente, disponiéndose la clausura definitiva de la empresa y se dictó la incautación definitiva de los bienes de origen ilícito y se fijó en S/.100,000.00 soles, por concepto de reparación civil que deberán abonar los sentenciados solidariamente en ejecución de sentencia.
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