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¿Quiénes son los detenidos de Pdvsa-Cripto y cuáles son los cargos que enfrentan?

¿Quiénes son los detenidos de Pdvsa-Cripto y cuáles son los cargos que enfrentan?

Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada por medios internacionales, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros globales y ha reactivado el análisis del riesgo político, país y regulatorio asociado a Venezuela. Este hecho, más allá de su dimensión geopolítica, representa un evento crítico para el sector financiero y asegurador venezolano y un nuevo foco de atención para instituciones latinoamericanas con exposición directa o indirecta, especialmente en materia de sanciones internacionales, prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales (AML/SARLAFT) y solvencia.

Reacciones de los mercados financieros internacionales

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos venezolanos y los títulos de PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana) registraron incrementos relevantes en los mercados secundarios, impulsados por expectativas de eventuales cambios en la gobernanza económica, procesos de reestructuración de deuda soberana y posible flexibilización futura de sanciones. Este comportamiento refleja un apetito especulativo por activos, más que una mejora estructural inmediata del riesgo crediticio venezolano.

Impacto en mercados energéticos y financieros regionales

El mercado petrolero reaccionó con volatilidad moderada, dado que la producción venezolana actual representa una fracción limitada de la oferta global. No obstante, se observaron movimientos positivos en acciones de empresas energéticas internacionales, así como mayor sensibilidad en mercados emergentes latinoamericanos, especialmente en portafolios con exposición a commodities y deuda soberana.

Estos efectos tienen implicaciones directas para bancos, aseguradoras y fondos de inversión con posiciones en renta fija emergente.

Impactos sobre el sistema financiero venezolano

El sistema financiero venezolano, ya debilitado por sanciones internacionales, restricciones cambiarias, pérdida de corresponsalías y fragilidad institucional, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre elevada. Este se caracteriza por el riesgo de salidas de capital, disrupciones operativas y posibles cambios abruptos en la supervisión y control estatal.

Por lo tanto, las entidades financieras locales deberán reforzar sus planes de continuidad de negocio, gestión de liquidez y controles de riesgo operativo, entre otras medidas.

Implicaciones en AML/SARLAFT y sanciones internacionales

Reforzamiento del riesgo PEP y debida diligencia ampliada

La captura de Nicolás Maduro, reconocido por algunos pocos Estados como jefe de Estado y desconocido por otros, y vinculado a actividades narcoterroristas (según los Estados Unidos de América), lo convierten a él y a su círculo cercano en Personas Expuestas Políticamente (PEP) de riesgo extremo.

Para bancos, entidades financieras y aseguradoras en América Latina, esto implica la aplicación obligatoria de debida diligencia ampliada (DDA), revisión exhaustiva de transacciones históricas, monitoreo reforzado de estructuras societarias, fideicomisos y beneficiarios finales

Sanciones, congelamiento de activos y riesgo extraterritorial

Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han intensificado el congelamiento de activos, restricciones a transacciones financieras y medidas contra empresas, familiares y aliados del régimen venezolano.

Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones que faciliten operaciones con partes sancionadas, así como multas regulatorias, pérdida de corresponsalías y acceso al sistema financiero internacional.

Para el sector financiero regional, el riesgo de sanciones se convierte en un componente crítico del riesgo legal y reputacional.

Impacto en el sector asegurador y reasegurador

Revisión de riesgos asegurables

Las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan una revisión profunda de seguros de riesgo político (confiscación, expropiación), seguro de crédito y caución, coberturas de interrupción de negocios y comercio internacional, entre otros.

Es previsible que se presenten ajustes en primas, reducción de capacidad y la inclusión de cláusulas más estrictas de exclusión por sanciones.

Reaseguro, pagos y cumplimiento

Frente a esta situación, lo más probable es que las reaseguradoras internacionales estén atentas y exijan cumplimiento estricto de sanciones frente al pago de siniestros, transferencias internacionales y manejo de reservas técnicas.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la denegación de cobertura, lo que afectaría la estabilidad financiera de las aseguradoras locales.

ORSA y la evaluación integral del riesgo

En este contexto, cobra especial relevancia el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – Autoevaluación de Riesgos y Solvencia) como herramienta estratégica.

Una ORSA robusta debe incorporar explícitamente riesgo país y geopolítico, riesgo de sanciones y AML/SARLAFT, riesgo de liquidez por congelamiento de activos, riesgo reputacional y legal, así como el impacto en solvencia bajo escenarios adversos.

Los escenarios de estrés deben contemplar, al menos, el endurecimiento de sanciones, el bloqueo de pagos de reaseguros, el incremento de siniestros por riesgo político y el deterioro de inversiones en deuda emergente

Implicaciones para América Latina

Para el sistema financiero y asegurador latinoamericano, este evento refuerza tres tendencias clave:
i) Mayor sensibilidad al riesgo político en las decisiones de inversión.
ii) Consolidación del compliance y AML/SARLAFT como funciones estratégicas, no solo regulatorias.
iii) Mayor exigencia de los supervisores en cuanto a la revelación de exposición, monitoreo transfronterizo, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Conclusiones

La captura de Nicolás Maduro constituye un evento de alto impacto para el sector financiero y asegurador venezolano y latinoamericano. Si bien abre expectativas de cambios estructurales a mediano plazo, también incrementa significativamente los riesgos de corto plazo, especialmente en materia de sanciones, AML/SARLAFT, solvencia y continuidad operativa.

Para bancos, demás instituciones financieras, aseguradoras y reguladores, el desafío será gestionar este entorno con un enfoque prudente y basado en riesgos, fortaleciendo el ORSA, los sistemas de cumplimiento y la gobernanza, en un contexto regional cada vez más expuesto a eventos geopolíticos y regulatorios.

Para el sector asegurador colombiano, el endurecimiento del entorno geopolítico y sancionatorio asociado a Venezuela refuerza la necesidad de gestionar el riesgo país y el riesgo de sanciones como elementos estructurales del negocio, y no como eventos coyunturales.

Aunque la exposición directa del mercado asegurador colombiano al riesgo venezolano es limitada, los vínculos indirectos a través de inversiones, reaseguro, comercio exterior y flujos transfronterizos exigen un enfoque preventivo y altamente técnico.

Desde la perspectiva AML/SARLAFT, las aseguradoras latinoamericanas deben profundizar la debida diligencia ampliada sobre PEP, fortalecer el monitoreo de operaciones atípicas y asegurar la actualización permanente de listas de sanciones internacionales, en línea con los requerimientos de los supervisores. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en consonancia con los estándares de las 40 Recomendaciones del GAFI, establece que la gestión del riesgo de sanciones se consolida como un componente crítico del riesgo legal, reputacional y operativo.

En materia de solvencia y gestión integral de riesgos, el evento subraya la importancia de incorporar escenarios geopolíticos y de sanciones, con el fin de evaluar su impacto potencial en inversiones, liquidez, reaseguro y continuidad del negocio. Una ORSA robusta permite anticipar efectos adversos, fortalecer la toma de decisiones de la alta dirección y demostrar una adecuada alineación entre apetito de riesgo, capital y estrategia.

Finalmente, para el sector asegurador latinoamericano, este contexto reafirma que la solidez financiera y la sostenibilidad del negocio dependen cada vez más de la calidad del gobierno corporativo, la madurez de los sistemas de cumplimiento y la capacidad de anticipación del riesgo, elementos que seguirán siendo foco de atención prioritaria por parte del supervisor y del mercado.

Fuentes y referencias

  • Reuters – Reacciones de mercados financieros y congelamiento de activos

  • Financial Times – Impacto energético y expectativas de inversión

  • Associated Press – Volatilidad de mercados globales

  • U.S. Treasury / OFAC – Sanciones y designaciones a funcionarios venezolanos

  • GAFI/FATF – Enfoque basado en riesgos y AML/CFT

  • Marcos regulatorios de Solvencia II y adopciones ORSA en América Latina

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Entre los delitos a imputar se encuentran: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y otros más.

País.- Ante las recientes detenciones relacionadas con la trama “Pdvsa-Cripto”, correspondientes a la segunda fase de las investigaciones difundidas en rueda de prensa por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, es oportuno recordar sobre las acusaciones que enfrentan los implicados, en especial quienes ocupaban altos cargos.

Los aprehendidos serán imputados en las próximas horas por los delitos de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación.

Cómo se recordará, en la primera fase de la investigación, el titular del Ministerio Público (MP) dijo que fueron acusadas 54 personas y no se descarta desarrollar una tercera fase.

Tareck El Aissami:

Este exfuncionario ocupó diversos cargos políticos dentro del Ejecutivo venezolano hasta el 20 de marzo de 2023 cuando renunció al Ministerio de Petróleo y vicepresidencia sectorial de Economía de Venezuela, luego de una operación contra la corrupción.

Siete años atrás, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ya lo había acusado de narcotráfico y le impuso sanciones. En ese entonces se informó que le confiscaban sus bienes en Estados Unidos, además de prohibir a todas las instituciones estadounidenses mantener relaciones financieras o comerciales con él.

Samark José López:

El empresario venezolano es acusado por lavado de dinero y legitimación de capitales. En 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como testaferro clave de Tareck El Aissami. Ha sido vinculado con Bancamiga, como accionista y ejecutivo. Se le atribuyen 13 empresas de su propiedad. Se le acusa de lavar sus ganancias producto del tráfico de drogas con la compra de activos, y el manejo de acuerdos comerciales en su nombre.

Antonio Pérez Suárez:

Señalado como el “jefe principal de la estructura de corrupción”, un poderoso de la estatal petrolera de perfil bajo, también vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa; y figuró como la máxima autoridad de varias empresas. Así mismo, fue viceministro de Industrias Intermedias y Ligeras del Ministerio de Industrias y Producción Nacional.

Simón Alejandro Zerpa:

Exministro de Economía y Finanzas y expresidente del Fonden, vicepresidente de Finanzas de Pdvsa. En julio de 2017, el Departamento del Tesoro de EEUU le impuso sanciones por corrupción y otros delitos. Un año después fue removido del cargo ante la imposibilidad de que las entidades norteamericanas ayudaran a la petrolera en la refinanciación de la deuda, incluso antes de las sanciones, explicaron a la agencia Reuters dos fuentes financieras.

Joselit Ramírez Camacho:

El jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip); también fue secretario del Despacho y director de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Gobernación de Aragua, además fue director general de la Vicepresidencia de la República, y presidente de la Federación Venezolana de Criminólogos (Fevecrim).

Hugbel Roa:

Exdiputado de la Asamblea Nacional, politólogo y abogado egresado de la Universidad de Los Andes, con varios estudios de cuarto nivel, al igual que una dilatada trayectoria en la administración pública desde el antiguo Fondafa y construcción de viviendas Pdvsa Gas en las ciudades de Anaco y Barcelona, donde obtuvo acceso a créditos millonarios.

El casi quincuagenario se casa con una conocida Tiktoker, Daniela Olbany y también se le conoce una amante de nombre Elizabeth Yépez (alias Ely Jeims) de 28 años quien está siendo buscada por sus vínculos con el desfalco a Pdvsa, junto con otra joven de nombre Johana Torres.

Ambas formarían parte de una organización de prostitución y tráfico sexual, con más de 200 mujeres y 150 hombres cuya creación se atribuye a Roa. Cuando Tareck El Aissamí llegó a la Gobernación del estado de Aragua (2012), Roa, su gente y su red de prostitución se trasladaron hasta allá, para continuar con sus actividades delictivas, ahora expuestas a la luz pública.

Fuente y Creditos

Diario Notitarde

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