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“El Grande” confesó apoyo del Cártel de Sinaloa a AMLO: Anabel Hernández

“El Grande” confesó apoyo del Cártel de Sinaloa a AMLO: Anabel Hernández

Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada por medios internacionales, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros globales y ha reactivado el análisis del riesgo político, país y regulatorio asociado a Venezuela. Este hecho, más allá de su dimensión geopolítica, representa un evento crítico para el sector financiero y asegurador venezolano y un nuevo foco de atención para instituciones latinoamericanas con exposición directa o indirecta, especialmente en materia de sanciones internacionales, prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales (AML/SARLAFT) y solvencia.

Reacciones de los mercados financieros internacionales

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos venezolanos y los títulos de PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana) registraron incrementos relevantes en los mercados secundarios, impulsados por expectativas de eventuales cambios en la gobernanza económica, procesos de reestructuración de deuda soberana y posible flexibilización futura de sanciones. Este comportamiento refleja un apetito especulativo por activos, más que una mejora estructural inmediata del riesgo crediticio venezolano.

Impacto en mercados energéticos y financieros regionales

El mercado petrolero reaccionó con volatilidad moderada, dado que la producción venezolana actual representa una fracción limitada de la oferta global. No obstante, se observaron movimientos positivos en acciones de empresas energéticas internacionales, así como mayor sensibilidad en mercados emergentes latinoamericanos, especialmente en portafolios con exposición a commodities y deuda soberana.

Estos efectos tienen implicaciones directas para bancos, aseguradoras y fondos de inversión con posiciones en renta fija emergente.

Impactos sobre el sistema financiero venezolano

El sistema financiero venezolano, ya debilitado por sanciones internacionales, restricciones cambiarias, pérdida de corresponsalías y fragilidad institucional, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre elevada. Este se caracteriza por el riesgo de salidas de capital, disrupciones operativas y posibles cambios abruptos en la supervisión y control estatal.

Por lo tanto, las entidades financieras locales deberán reforzar sus planes de continuidad de negocio, gestión de liquidez y controles de riesgo operativo, entre otras medidas.

Implicaciones en AML/SARLAFT y sanciones internacionales

Reforzamiento del riesgo PEP y debida diligencia ampliada

La captura de Nicolás Maduro, reconocido por algunos pocos Estados como jefe de Estado y desconocido por otros, y vinculado a actividades narcoterroristas (según los Estados Unidos de América), lo convierten a él y a su círculo cercano en Personas Expuestas Políticamente (PEP) de riesgo extremo.

Para bancos, entidades financieras y aseguradoras en América Latina, esto implica la aplicación obligatoria de debida diligencia ampliada (DDA), revisión exhaustiva de transacciones históricas, monitoreo reforzado de estructuras societarias, fideicomisos y beneficiarios finales

Sanciones, congelamiento de activos y riesgo extraterritorial

Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han intensificado el congelamiento de activos, restricciones a transacciones financieras y medidas contra empresas, familiares y aliados del régimen venezolano.

Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones que faciliten operaciones con partes sancionadas, así como multas regulatorias, pérdida de corresponsalías y acceso al sistema financiero internacional.

Para el sector financiero regional, el riesgo de sanciones se convierte en un componente crítico del riesgo legal y reputacional.

Impacto en el sector asegurador y reasegurador

Revisión de riesgos asegurables

Las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan una revisión profunda de seguros de riesgo político (confiscación, expropiación), seguro de crédito y caución, coberturas de interrupción de negocios y comercio internacional, entre otros.

Es previsible que se presenten ajustes en primas, reducción de capacidad y la inclusión de cláusulas más estrictas de exclusión por sanciones.

Reaseguro, pagos y cumplimiento

Frente a esta situación, lo más probable es que las reaseguradoras internacionales estén atentas y exijan cumplimiento estricto de sanciones frente al pago de siniestros, transferencias internacionales y manejo de reservas técnicas.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la denegación de cobertura, lo que afectaría la estabilidad financiera de las aseguradoras locales.

ORSA y la evaluación integral del riesgo

En este contexto, cobra especial relevancia el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – Autoevaluación de Riesgos y Solvencia) como herramienta estratégica.

Una ORSA robusta debe incorporar explícitamente riesgo país y geopolítico, riesgo de sanciones y AML/SARLAFT, riesgo de liquidez por congelamiento de activos, riesgo reputacional y legal, así como el impacto en solvencia bajo escenarios adversos.

Los escenarios de estrés deben contemplar, al menos, el endurecimiento de sanciones, el bloqueo de pagos de reaseguros, el incremento de siniestros por riesgo político y el deterioro de inversiones en deuda emergente

Implicaciones para América Latina

Para el sistema financiero y asegurador latinoamericano, este evento refuerza tres tendencias clave:
i) Mayor sensibilidad al riesgo político en las decisiones de inversión.
ii) Consolidación del compliance y AML/SARLAFT como funciones estratégicas, no solo regulatorias.
iii) Mayor exigencia de los supervisores en cuanto a la revelación de exposición, monitoreo transfronterizo, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Conclusiones

La captura de Nicolás Maduro constituye un evento de alto impacto para el sector financiero y asegurador venezolano y latinoamericano. Si bien abre expectativas de cambios estructurales a mediano plazo, también incrementa significativamente los riesgos de corto plazo, especialmente en materia de sanciones, AML/SARLAFT, solvencia y continuidad operativa.

Para bancos, demás instituciones financieras, aseguradoras y reguladores, el desafío será gestionar este entorno con un enfoque prudente y basado en riesgos, fortaleciendo el ORSA, los sistemas de cumplimiento y la gobernanza, en un contexto regional cada vez más expuesto a eventos geopolíticos y regulatorios.

Para el sector asegurador colombiano, el endurecimiento del entorno geopolítico y sancionatorio asociado a Venezuela refuerza la necesidad de gestionar el riesgo país y el riesgo de sanciones como elementos estructurales del negocio, y no como eventos coyunturales.

Aunque la exposición directa del mercado asegurador colombiano al riesgo venezolano es limitada, los vínculos indirectos a través de inversiones, reaseguro, comercio exterior y flujos transfronterizos exigen un enfoque preventivo y altamente técnico.

Desde la perspectiva AML/SARLAFT, las aseguradoras latinoamericanas deben profundizar la debida diligencia ampliada sobre PEP, fortalecer el monitoreo de operaciones atípicas y asegurar la actualización permanente de listas de sanciones internacionales, en línea con los requerimientos de los supervisores. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en consonancia con los estándares de las 40 Recomendaciones del GAFI, establece que la gestión del riesgo de sanciones se consolida como un componente crítico del riesgo legal, reputacional y operativo.

En materia de solvencia y gestión integral de riesgos, el evento subraya la importancia de incorporar escenarios geopolíticos y de sanciones, con el fin de evaluar su impacto potencial en inversiones, liquidez, reaseguro y continuidad del negocio. Una ORSA robusta permite anticipar efectos adversos, fortalecer la toma de decisiones de la alta dirección y demostrar una adecuada alineación entre apetito de riesgo, capital y estrategia.

Finalmente, para el sector asegurador latinoamericano, este contexto reafirma que la solidez financiera y la sostenibilidad del negocio dependen cada vez más de la calidad del gobierno corporativo, la madurez de los sistemas de cumplimiento y la capacidad de anticipación del riesgo, elementos que seguirán siendo foco de atención prioritaria por parte del supervisor y del mercado.

Fuentes y referencias

  • Reuters – Reacciones de mercados financieros y congelamiento de activos

  • Financial Times – Impacto energético y expectativas de inversión

  • Associated Press – Volatilidad de mercados globales

  • U.S. Treasury / OFAC – Sanciones y designaciones a funcionarios venezolanos

  • GAFI/FATF – Enfoque basado en riesgos y AML/CFT

  • Marcos regulatorios de Solvencia II y adopciones ORSA en América Latina

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El controversial libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” de Anabel Hernández, que por ahora está en fase de preventa y verá la luz a partir del 3 de mayo en algunas librerías, da detalles de cómo Sergio Villarreal Barragán, “El Grande” confesó el apoyo del Cártel de Sinaloa a Andrés Manuel López Obrador.

El dato que llama la atención es que “El Grande”, quien habló sobre la entrega de dinero a AMLO, es el mismo que declaró que la misma organización criminal daba millones de dólares al entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

Y es que la sombra del narcotráfico se cierne sobre el presidente López Obrador, pues la autora asegura en su nueva publicación que el crimen organizado financió sus tres campañas electorales: 2006 y 2012 y 2018, cuando finalmente ganó las elecciones.

El libro en cuya portada aparece sólo una mujer que actualmente es alcaldesa en un municipio del norte de México y en 2022 acaparó reflectores por su cercanía con el Presidente, da detalles sobre una reunión para que el cartel financiara las aspiraciones políticas de López Obrador.

A cambio del dinero ilegal, AMLO que entonces era candidato presidencial ofreció dejarlos influir en la designación del titular de la PGR y altos funcionarios, favorecer sus negocios criminales y obstaculizar las operaciones de la DEA en México.

Y resulta que el mismo día que “El Grande” habló en la PGR de la entrega de dinero a AMLO, también confesó que la misma organización criminal daba millones de dólares al entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

“El Grande” confesó apoyo del Cártel de Sinaloa a AMLO: Anabel Hernández

Anabel Hernández relata que en 2010, desde los primeros días después de su detención Sergio Villarreal Barragán alias “El Grande”, uno de los cabecillas del Cartel de Sinaloa, confesó ante la Procuraduría General de la República (PGR) que entregó una millonaria cantidad al actual presidente de la República, entonces en campaña.

De acuerdo con la periodista, por órdenes de Arturo Beltrán Leyva, “El Grande” entregó 500 mil dólares a AMLO (cerca de 8.5 millones de pesos), en un hotel de Gómez Palacio, Durango, el 15 de junio de 2006, cuando era el candidato presidencial de la alianza opositora “Por el Bien de Todos”.

Presuntamente, el dinero fue entregado a nombre de los principales integrantes de la organización criminal: Beltrán Leyva, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, e Ismael Zambada García, “El Mayo”.

“El Grande” declaró ante PGR que el contexto de la reunión con AMLO —ahora presidente de México— fue el cónclave llevado a cabo a fines de 2005 y principios de 2006 en Nuevo Vallarta organizado por él y Francisco León, candidato al senado en Durango de la coalición “Por el Bien de Todos”.

Estos narcotraficantes se reunieron para financiar a AMLO, según Anabel Hernández

En ese encuentro estuvo un integrante del equipo de campaña de AMLO, con Arturo Beltrán Leyva, El Grande, Edgar Valdés Villarreal “La Barbie” y otros miembros de la organización criminal.

El Cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO, con la esperanza de que si ganaba pudiera poder influir en la designación del titular de la PGR y altos funcionarios, para favorecer sus negocios criminales y obstaculizar las operaciones de la DEA en México, según las revelaciones de Anabel Hernández.

En la confesión de “El Grande”  estuvieron presentes Marisela Morales, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) y su colaboradora Guillermina Cabrera.

Por parte del gobierno de Estados Unidos asistieron los agentes de la DEA Joe López y Miguel Madrigal con el fin de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos evaluara la calidad de información que “El Grande” podía dar en caso de ser extraditado.

Y aunque el mismo día que “El Grande” habló en la PGR de la entrega de dinero a AMLO, también confesó que la misma organización criminal daba millones de dólares a Genaro García Luna, titular de Seguridad, lo extraño es que ninguna de las dos denuncias fueron investigadas por el gobierno del presidente Felipe Calderón.

Anabel Hernández reta a AMLO a que se presenten las pruebas en su mañanera

Luego de que este lunes 29 de abril el presidente López Obrador le pidió pruebas a la periodista, esta de inmediato le agarró en el aire las palabras y lo retó a que permita una videoconferencia en su mañanera para que “El Grande”, de viva voz, narre los hechos, y así puedo oirlo todo México.

¿Quién es Sergio Villarreal “El Grande”, testigo contra AMLO y García Luna?

Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, nació el 21 de septiembre de 1969 en Torreón, Coahuila, donde formó parte de la Policía Ministerial del Estado y de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

Pero mientras se encontraba desempeñando funciones públicas comenzó su relación con el Cártel de Reynosa.

El mote de “El Grande” lo debe a su estatura que supera los dos metros. Otros apodos que se conocen son “Comeniños” y “King Kong”.

También tuvo nexos con el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo, Los Zetas y, finalmente con el Cártel de Sinaloa (De “El Chapo” Guzmán y “El Mayo” Zambada), para el que trabajaban los Beltrán Leyva, a cargo de dos grupos de asesinos conocidos como “Los Pelones“, en el estado de Guerrero y “Los Güeros”, en el estado de Sonora (después se separaron e hicieron el Cártel de los Beltrán Leyva).

Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva durante un tiroteo en 2009, el control del Cártel se dividió, por un lado encabezado por Édgar Valdez Villarreal “La Barbie” y Gerardo Alvarez-Vazquez y por el otro por Héctor Beltrán Leyva y Sergio Villarreal Barragán

En septiembre de 2010, Sergio Villarreal, quien para ese momento ya era considerado por las autoridades mexicanas como el principal operador de la organización criminal de los Beltrán Leyva, fue detenido en la Colonia San Pedro del Fraccionamiento Puerta de Hierro, de la ciudad de Puebla, Puebla.

Tras su detención Sergio Villarreal Barragán alias “El Grande”, confesó ante PGR que entregó una millonaria cantidad a la campaña de AMLO y también declaró que la misma organización criminal daba millones de dólares al entonces titular de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

En 2011 Villarreal fue internado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, cuando la Agencia Federal de Investigación cumplió la orden de detención con fines de extradición a Estados Unidos.

En 2012, el narcotraficante fue extraditado a Estados Unidos acusado de traficar drogas para el cártel de los Beltrán Leyva, asociación delictuosa contra la salud y lavado de dinero, presuntamente cometidos entre 2007 y 2010.

Villarreal fue entregado a agentes del servicio de Marshals de Estados Unidos el 22 de mayo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Fuente y Creditos 

Diario Yucatan

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