Empresa bananera estadounidense

Chiquita Brands International anuncia que apelará el veredicto que la declaró responsable de financiar a paramilitares en Colombia

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La empresa bananera estadounidense Chiquita Brands International anunció que apelará el veredicto de un jurado que la declaró responsable de haber financiado a un grupo paramilitar en Colombia, en un proceso civil que le ordena pagar US$ 38.300.000 en compensaciones.

El veredicto, que se produjo el lunes en una Corte federal del Distrito Sur de la Florida, concluyó que la representación jurídica de las familias de ocho víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aportó la evidencia suficiente para demostrar que la compañía financió a la agrupación entre 1997 y 2004, y que por esa razón debe compensar a los afectados.

La empresa, sin embargo, considera que la resolución no tiene fundamento. En un comunicado emitido tras la determinación del jurado, dijo que si bien “la situación de violencia en Colombia fue trágica para muchos”, está convencida de que “no hay base legal para estos reclamos”.

“Aunque estamos decepcionados por esta decisión, nos mantenemos confiados en que nuestra posición legal será la que prevalezca”, indicó.

Marco Simons, asesor jurídico de EarthRights International —la organización no gubernamental de derechos humanos que representa a las familias demandantes—, dijo el lunes a CNN que eran conscientes de que Chiquita Brands International podría apelar, pero que confían en que el veredicto se mantendrá firme.

“Así que este no es el final, pero sí es un paso significativo y esperamos que esta victoria ayude a pavimentar el camino para compensación y remedios adecuados para todas las víctimas aquí”, reiteró este martes en una rueda de prensa.

De acuerdo con los demandantes, Chiquita Brands International financió a paramilitares de las AUC entre 1997 y 2004 para sus actividades en las regiones de Magdalena y Urabá.

En 2007, Chiquita Brands International se declaró culpable en EE.UU. de haber pagado a las AUC —catalogadas por el gobierno de ese país como una organización terrorista— un monto de US$ 1.700.000, dijo entonces el Departamento de Justicia. Por esa conducta, la compañía aceptó pagar una multa de US$ 25.000.000. Sin embargo, la empresa niega que esto implique responsabilidad en las muertes a las que se refiere el juicio actual.

EarthRights International representa a unas 500 familias colombianas que reclaman haber sido afectadas por esta situación, en medio del conflicto armado en el país sudamericano desde las últimas décadas del siglo pasado.

Fuente y créditos
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