La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) fue promulgada por el Congreso de Estados Unidos tras el escándalo de Watergate, donde su propósito es establecer lineamientos que promuevan la conducta ética de los empresarios en la licitación de contratos internacionales.
Esta normativa se basa en nueve principios y prohíbe expresamente realizar pagos a funcionarios públicos, partidos políticos o candidatos con el objetivo de influir en decisiones relacionadas con la adjudicación de contratos.
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En 1997, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) emitió la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros, que establece medidas para prevenir y sancionar actos de soborno a funcionarios extranjeros.
Para armonizar la FCPA con esta Convención, en 1998 el Congreso de Estados Unidos aprobó una enmienda que amplió su alcance y reforzó las sanciones por corrupción en transacciones internacionales.
Además, con la promulgación de la Ley Sarbanes-Oxley en 2002, orientada a la prevención del fraude corporativo, la FCPA adquirió aún mayor relevancia en la regulación del comportamiento empresarial.
El impacto con la suspensión de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que suspende la aplicación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, una normativa vigente desde 1977 que prohíbe a empresas y ciudadanos estadounidenses ofrecer sobornos a funcionarios extranjeros con el propósito de obtener o retener negocios.
La decisión se fundamenta en la preocupación de que la estricta aplicación de la FCPA afecte la competitividad de las empresas estadounidenses en mercados donde las regulaciones sobre sobornos son menos restrictivas. Según documentos oficiales, la suspensión busca evaluar posibles modificaciones a la ley para alinearla con los intereses económicos y de seguridad nacional del país.
Como parte de esta medida, la fiscal general Pam Bondi ha recibido instrucciones de revisar casos en curso y establecer nuevas directrices para su aplicación. Además, la orden ejecutiva congela los procedimientos penales relacionados con la Ley FCPA, lo que impacta a individuos y empresas bajo investigación.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero ha sido considerada un pilar en la lucha contra la corrupción en el comercio internacional, sirviendo de referencia para regulaciones en otras jurisdicciones. En los últimos años, su aplicación se ha intensificado, con un aumento en los casos de presuntas violaciones, sin embargo, sectores empresariales han expresado inquietudes sobre la carga regulatoria que implica su cumplimiento.
Esta decisión ha generado reacciones diversas, mientras que algunos actores del sector empresarial consideran que la suspensión podría facilitar la expansión de compañías estadounidenses en mercados internacionales, otros advierten sobre posibles repercusiones en términos de transparencia y reputación corporativa, se espera que la medida sea objeto de debate en los próximos meses, tanto en el Congreso como en el ámbito internacional.
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¿A quién se aplicaba la Ley FCPA?
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) se aplica a tres grupos principales: emisores de valores, empresas nacionales de Estados Unidos y ciertas personas extranjeras.
- Un emisor es cualquier empresa cuyos valores se negocien en un mercado bursátil estadounidense, incluyendo aquellas que operan en el sistema over the counter (OTC). Es importante destacar que esta categoría también puede incluir compañías extranjeras si tienen valores listados en bolsas de valores dentro de Estados Unidos.
- El segundo grupo abarca a las empresas nacionales, que incluyen cualquier sociedad, asociación, fideicomiso o empresa unipersonal constituida conforme a las leyes estadounidenses.
- El tercer grupo comprende a ciertas personas extranjeras.
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero se aplica a aquellos que, estando en territorio estadounidense, participan en actos de soborno, ya sea de manera directa o a través de terceros.
Por ejemplo, un ciudadano extranjero que asiste a una reunión en EE.UU. para coordinar un esquema de soborno en otro país podría ser sancionado bajo esta legislación. Así lo establece la Guía de aplicación de la FCPA, publicada por el Departamento de Justicia.
Por último, las disposiciones de la ley FCPA también se extienden a los funcionarios, directores, empleados, agentes y accionistas de las entidades mencionadas.
Objeto de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) tiene como propósito sancionar a aquellas personas que utilicen el sistema de correos de Estados Unidos u otros medios de comunicación para cometer actos de soborno.
Según la Guía de aplicación de la FCPA, realizar una llamada telefónica o enviar un correo, ya sea desde o hacia Estados Unidos, se considera comercio interestatal. Este concepto abarca el comercio tanto interno como externo, así como el transporte y las comunicaciones entre distintos estados. En términos generales, la FCPA se aplica a quienes realizan pagos con la intención de influir en las decisiones de un funcionario extranjero.
Finalmente, la suspensión de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero marca un punto de inflexión en la regulación del comercio internacional y la lucha contra la corrupción. Mientras el gobierno de Trump argumenta que la medida busca fortalecer la competitividad de las empresas estadounidenses, los críticos advierten sobre el riesgo de debilitar los controles contra el soborno y afectar la transparencia en los negocios globales.
A medida que esta decisión genera reacciones en distintos sectores, se espera que el Congreso y organismos internacionales analicen sus implicaciones y posibles ajustes a la normativa. En un contexto donde la ética empresarial y la regulación anticorrupción han cobrado mayor relevancia, el futuro de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y su impacto en la economía global seguirán siendo un tema de debate en los próximos meses.
