El Decreto 1122 de 2024 y su anexo técnico marcan un hito en la regulación de los Programas de Transparencia y Ética Pública en Colombia. Este marco legal, que se originó en la Ley 1474 de 2011 y fue fortalecido por la Ley 2195 de 2022, establece las características, estándares y procedimientos que deben seguir las entidades públicas para promover la cultura de la legalidad y mitigar los riesgos de corrupción.
Los sujetos obligados a implementar estos programas incluyen una amplia gama de entidades públicas y privadas que desempeñan funciones públicas o de autoridad. Estas entidades deben desarrollar y articular sus propios Programas de Transparencia y Ética Pública, alineándolos con los sistemas de administración de riesgos existentes para garantizar una gestión coherente y efectiva.
El anexo técnico del decreto detalla los componentes y procesos esenciales que deben incluirse en los programas, como la debida diligencia, la presentación de reportes de operaciones sospechosas y la implementación de canales de denuncia
