La extensa frontera de 1.529 km que comparten Perú y Ecuador se extiende desde la pintoresca zona costera del Pacífico hasta la exuberante selva húmeda tropical amazónica. Desde Huaquillas, el último pueblo del sur de Ecuador, hasta Aguas Verdes, el primero en el norte de Perú, se cuentan 60 pasos entre cada anuncio de “Bienvenidos” a cada país.
Oficialmente, se intercambian dos monedas distintas, se puede usar tanto el dólar como los soles, en la práctica todos aceptan de todo, y como el mejor operador cambiario, aplican su propia tasa de cambio. Ser de un lado o el otro es apenas una circunstancia. Es una frontera llena de gente, murmullos y gritos de distinta índole. Aquí, no se distingue entre el peruano, el ecuatoriano o cualquier otro turista.
Por esta frontera circulan personas, mercancía, historias, situaciones favorables y otras no tanto. Lo bueno y lo malo de estos países se intercambian en esta frontera, cultura, economía, costumbres, comidas y criminalidad. Los países vecinos, en unas zonas más que otras, se envuelven en un solo conglomerado.
¿Perú puede verse afectado por la crisis de criminalidad de Ecuador?
Una actividad delictiva es un problema social, pero también económico. Los fondos ilegales aumentan los precios, producen escasez de una serie de bienes y servicios, enriquecen a una minoría, corrompen a las autoridades y a ciudadanos “honestos” de distintos estratos de la población. Fortalecen un mercado extra bancario paralelo, exento de controles y registros, planteando una competencia desleal e ilegal para el empresariado.
En condiciones “Ceteris Paribus”, con los demás factores constantes, debe suplirse de un lado a otro de cada territorio, las cosas que no hay en cada país. La realidad es que existen compras de todo tipo, compras de suministros, materiales, comida y probablemente también productos y servicios prohibidos.
El brazo delictivo de las bandas criminales ecuatorianas ya traspasó las fronteras del Ecuador y vienen amenazando a países vecinos, como el Perú. Las autoridades policiales han capturado varios delincuentes ecuatorianos ligados a las organizaciones más sanguinarias del vecino país del norte.
Las bandas delictivas operan de manera conjunta para controlar las rutas de distribución y los puntos de venta de estupefacientes, especialmente la cocaína, cuya demanda en el mercado internacional ha experimentado una disminución, aunque persiste en niveles elevados.
¿Tiene impacto la criminalidad del Ecuador en el sector empresarial peruano?
En el escenario peruano, existen señales de actividad por parte de los dos principales grupos criminales, considerados además como grupos terroristas en Ecuador. Estas organizaciones están involucradas en actividades tales como narcotráfico, minería ilegal de oro, trata de personas y extorsiones.
Son al menos cuatro bandas ecuatorianas con presencia en el territorio nacional, las cuales están implicadas en delitos como homicidios, préstamos informales “gota a gota”, extorsión, narcotráfico, trata de personas. Se conoce de 700 denuncias registradas en el Sistema Nacional de Denuncias Policiales, entre septiembre de 2023 y 15 de enero de este año[1].
Las empresas que ejercen actividades empresariales en el Perú deben cumplir con la Ley N°31740, antes Ley 30424. Hay una ampliación de los delitos contemplados en la Ley original, la cual especifica que las Personas Jurídicas son responsables administrativamente por los delitos que
[1] OJO. Bandas de Ecuador operan en el Perú. Revisado el 30 01 2024 en la web https://ojo.pe/actualidad/bandas-de-ecuador-operan-en-el-peru-noticia/
Forman parte de la norma cometidos en su nombre o por cuenta de ellas y en su beneficio, directo o indirecto, entre estos el terrorismo.
Sigue siendo el #lavadodeactivo un delito sobre el cual las Personas Jurídicas son responsables administrativamente. Los 30 nuevos delitos de la Ley N°31740 entraron en vigor seis meses después de su publicación, es decir, el pasado 13 de noviembre de 2023. La medida de mitigación más efectiva es implementar un Modelo de Prevención, conozca más sobre nuestros servicios AQUÍ.
Los cambios normativos en el Perú se hacen con el objetivo de fortalecer la normativa anticorrupción y promover el buen gobierno corporativo. La iniciativa surgió a raíz de una serie de recomendaciones efectuadas por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Obviamente, una empresa no va a registrar en su base de datos a “Los Choneros” o “Los Tiguerones” o alguien de sus filas con antecedentes; pero ¿Qué tal?, la posibilidad de registrar empresas fachadas o alguien con una identidad falsa.
¿Puede el sector empresarial peruano facilitar el financiamiento al terrorismo?
Existe la posibilidad, es un riesgo potencial, que el sector empresarial peruano pueda facilitar el financiamiento al terrorismo por omisión, negligencia, o inobservancia de normas de riesgos existentes.
Los factores de riesgo están presentes y destacan aún más debido a que Ecuador ha categorizado a las bandas criminales como organizaciones terroristas. Para obtener más información sobre este tema, se recomienda leer nuestro Ebook Terrorismo y Lavado de Activos en Ecuador. Es fundamental tener en cuenta que estas bandas criminales no solo operan en Ecuador, sino que también tienen presencia y actividad en el territorio peruano.
Cuando una empresa que puede ser responsable administrativamente por delitos como el terrorismo, tiene que ocuparse. Debe actuar ante la posibilidad de ser utilizado por bandas criminales como un medio para mover, transformar, convertir o procesar fondos, recursos, o ganancias ilícitas.
¿Cómo puede el sector empresarial peruano facilitar el financiamiento al terrorismo?
Operar en un mundo globalizado, caracterizado por el uso de tecnologías, ofrecen mayores oportunidades y a la vez nuevos mecanismos para lavar o dar apariencia de legitimidad a toda clase de fondos de origen ilegal.
Una característica crucial en la actualidad es la destreza del crimen organizado para eludir normas y controles. En este contexto, cualquier empresa en Perú podría involuntariamente facilitar el financiamiento al terrorismo. Plateamos algunos ejemplos:
- Procesando operaciones de un tercero con una falsa identidad. Existe un documento peruano con el nombre de Juan Fabián Rivera que pertenecía a un delincuente.
- Teniendo relaciones comerciales, contractuales, legales con una empresa de transporte. La banda “Los Lobos” controlan el transporte, el almacenamiento.
- Exportando contenedores contaminados con dinero ilegal o sustancias ilícitas.
- Vinculando como aliado de negocios un líder de una cooperativa de ahorros y crédito ubicada en el cantón Huaquillas, provincia del Oro, que no pudo justificar un millón de dólares en un aeropuerto en Tumbes.
Los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT) representan un grave daño social y comprometen la economía. Aunque pueda parecer romántico o incluso ingenuo, considero que la colaboración conjunta del sector público y privado contra los recursos del crimen organizado aumenta las posibilidades de desarrollo para los países.
La criminalidad tiene aristas sociales, económicas, legales, geopolíticas. La adopción de medidas debe ser multisectorial, entre el sector público y privado. Seguridad social, educación, militarización, justicia social, cuerpos policiales, son acciones del Estado. El sector privado debe accionar en dirección a prevenir que su organización no facilite delitos como el terrorismo o su financiamiento.
La rapidez con que el crimen organizado se adapta a la velocidad y facilidad de las oportunidades financieras y económicas es lo único que debe emular el sector público y privado de una nación.
CONTEO. Cuantas empresas ecuatorianas o de otras naciones están en el Perú, cuántas empresas comprende el alcance de la responsabilidad administrativa a las Personas Jurídicas Extranjeras que realicen o desarrollen sus actividades, directa o indirectamente, en el territorio peruano.
Un Modelo de Prevención, plateado en la Ley N°31740 es una atenuante ante una investigación penal por responsabilidad administrativa, podría eximir a una compañía de sanciones severas en caso un colaborador o socio cometa un delito. Implica un proceso de carácter dinámico, ya que tiene que ir adaptándose a medida que se va implementando.
Periódicamente, hay que revisar si el Modelo de Prevención cumple con las nuevas disposiciones y en nuevo entorno social, económico y criminal. En caso de que no, hay que realizar las mejoras y correcciones necesarias. Consulte nuestros servicios AQUÍ.
