Extesorero de Luis Picón fue sentenciado a 10 años de prisión por peculado doloso

Registros penales y compliance: entre la prevención y la estigmatización

La reciente captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades de los Estados Unidos, reportada por medios internacionales, ha generado un impacto inmediato en los mercados financieros globales y ha reactivado el análisis del riesgo político, país y regulatorio asociado a Venezuela. Este hecho, más allá de su dimensión geopolítica, representa un evento crítico para el sector financiero y asegurador venezolano y un nuevo foco de atención para instituciones latinoamericanas con exposición directa o indirecta, especialmente en materia de sanciones internacionales, prevención de lavado de activos o blanqueo de capitales (AML/SARLAFT) y solvencia.

Reacciones de los mercados financieros internacionales

Tras conocerse la noticia, los bonos soberanos venezolanos y los títulos de PDVSA (empresa petrolera estatal venezolana) registraron incrementos relevantes en los mercados secundarios, impulsados por expectativas de eventuales cambios en la gobernanza económica, procesos de reestructuración de deuda soberana y posible flexibilización futura de sanciones. Este comportamiento refleja un apetito especulativo por activos, más que una mejora estructural inmediata del riesgo crediticio venezolano.

Impacto en mercados energéticos y financieros regionales

El mercado petrolero reaccionó con volatilidad moderada, dado que la producción venezolana actual representa una fracción limitada de la oferta global. No obstante, se observaron movimientos positivos en acciones de empresas energéticas internacionales, así como mayor sensibilidad en mercados emergentes latinoamericanos, especialmente en portafolios con exposición a commodities y deuda soberana.

Estos efectos tienen implicaciones directas para bancos, aseguradoras y fondos de inversión con posiciones en renta fija emergente.

Impactos sobre el sistema financiero venezolano

El sistema financiero venezolano, ya debilitado por sanciones internacionales, restricciones cambiarias, pérdida de corresponsalías y fragilidad institucional, enfrenta ahora un escenario de incertidumbre elevada. Este se caracteriza por el riesgo de salidas de capital, disrupciones operativas y posibles cambios abruptos en la supervisión y control estatal.

Por lo tanto, las entidades financieras locales deberán reforzar sus planes de continuidad de negocio, gestión de liquidez y controles de riesgo operativo, entre otras medidas.

Implicaciones en AML/SARLAFT y sanciones internacionales

Reforzamiento del riesgo PEP y debida diligencia ampliada

La captura de Nicolás Maduro, reconocido por algunos pocos Estados como jefe de Estado y desconocido por otros, y vinculado a actividades narcoterroristas (según los Estados Unidos de América), lo convierten a él y a su círculo cercano en Personas Expuestas Políticamente (PEP) de riesgo extremo.

Para bancos, entidades financieras y aseguradoras en América Latina, esto implica la aplicación obligatoria de debida diligencia ampliada (DDA), revisión exhaustiva de transacciones históricas, monitoreo reforzado de estructuras societarias, fideicomisos y beneficiarios finales

Sanciones, congelamiento de activos y riesgo extraterritorial

Estados Unidos, la Unión Europea y otras jurisdicciones han intensificado el congelamiento de activos, restricciones a transacciones financieras y medidas contra empresas, familiares y aliados del régimen venezolano.

Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias para instituciones que faciliten operaciones con partes sancionadas, así como multas regulatorias, pérdida de corresponsalías y acceso al sistema financiero internacional.

Para el sector financiero regional, el riesgo de sanciones se convierte en un componente crítico del riesgo legal y reputacional.

Impacto en el sector asegurador y reasegurador

Revisión de riesgos asegurables

Las aseguradoras y reaseguradoras enfrentan una revisión profunda de seguros de riesgo político (confiscación, expropiación), seguro de crédito y caución, coberturas de interrupción de negocios y comercio internacional, entre otros.

Es previsible que se presenten ajustes en primas, reducción de capacidad y la inclusión de cláusulas más estrictas de exclusión por sanciones.

Reaseguro, pagos y cumplimiento

Frente a esta situación, lo más probable es que las reaseguradoras internacionales estén atentas y exijan cumplimiento estricto de sanciones frente al pago de siniestros, transferencias internacionales y manejo de reservas técnicas.

Cualquier incumplimiento puede derivar en la denegación de cobertura, lo que afectaría la estabilidad financiera de las aseguradoras locales.

ORSA y la evaluación integral del riesgo

En este contexto, cobra especial relevancia el ORSA (Own Risk and Solvency Assessment – Autoevaluación de Riesgos y Solvencia) como herramienta estratégica.

Una ORSA robusta debe incorporar explícitamente riesgo país y geopolítico, riesgo de sanciones y AML/SARLAFT, riesgo de liquidez por congelamiento de activos, riesgo reputacional y legal, así como el impacto en solvencia bajo escenarios adversos.

Los escenarios de estrés deben contemplar, al menos, el endurecimiento de sanciones, el bloqueo de pagos de reaseguros, el incremento de siniestros por riesgo político y el deterioro de inversiones en deuda emergente

Implicaciones para América Latina

Para el sistema financiero y asegurador latinoamericano, este evento refuerza tres tendencias clave:
i) Mayor sensibilidad al riesgo político en las decisiones de inversión.
ii) Consolidación del compliance y AML/SARLAFT como funciones estratégicas, no solo regulatorias.
iii) Mayor exigencia de los supervisores en cuanto a la revelación de exposición, monitoreo transfronterizo, gobierno corporativo y gestión integral de riesgos.

Conclusiones

La captura de Nicolás Maduro constituye un evento de alto impacto para el sector financiero y asegurador venezolano y latinoamericano. Si bien abre expectativas de cambios estructurales a mediano plazo, también incrementa significativamente los riesgos de corto plazo, especialmente en materia de sanciones, AML/SARLAFT, solvencia y continuidad operativa.

Para bancos, demás instituciones financieras, aseguradoras y reguladores, el desafío será gestionar este entorno con un enfoque prudente y basado en riesgos, fortaleciendo el ORSA, los sistemas de cumplimiento y la gobernanza, en un contexto regional cada vez más expuesto a eventos geopolíticos y regulatorios.

Para el sector asegurador colombiano, el endurecimiento del entorno geopolítico y sancionatorio asociado a Venezuela refuerza la necesidad de gestionar el riesgo país y el riesgo de sanciones como elementos estructurales del negocio, y no como eventos coyunturales.

Aunque la exposición directa del mercado asegurador colombiano al riesgo venezolano es limitada, los vínculos indirectos a través de inversiones, reaseguro, comercio exterior y flujos transfronterizos exigen un enfoque preventivo y altamente técnico.

Desde la perspectiva AML/SARLAFT, las aseguradoras latinoamericanas deben profundizar la debida diligencia ampliada sobre PEP, fortalecer el monitoreo de operaciones atípicas y asegurar la actualización permanente de listas de sanciones internacionales, en línea con los requerimientos de los supervisores. En el caso de Colombia, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en consonancia con los estándares de las 40 Recomendaciones del GAFI, establece que la gestión del riesgo de sanciones se consolida como un componente crítico del riesgo legal, reputacional y operativo.

En materia de solvencia y gestión integral de riesgos, el evento subraya la importancia de incorporar escenarios geopolíticos y de sanciones, con el fin de evaluar su impacto potencial en inversiones, liquidez, reaseguro y continuidad del negocio. Una ORSA robusta permite anticipar efectos adversos, fortalecer la toma de decisiones de la alta dirección y demostrar una adecuada alineación entre apetito de riesgo, capital y estrategia.

Finalmente, para el sector asegurador latinoamericano, este contexto reafirma que la solidez financiera y la sostenibilidad del negocio dependen cada vez más de la calidad del gobierno corporativo, la madurez de los sistemas de cumplimiento y la capacidad de anticipación del riesgo, elementos que seguirán siendo foco de atención prioritaria por parte del supervisor y del mercado.

Fuentes y referencias

Reuters – Reacciones de mercados financieros y congelamiento de activos
Financial Times – Impacto energético y expectativas de inversión
Associated Press – Volatilidad de mercados globales
U.S. Treasury / OFAC – Sanciones y designaciones a funcionarios venezolanos
GAFI/FATF – Enfoque basado en riesgos y AML/CFT
Marcos regulatorios de Solvencia II y adopciones ORSA en América Latina

Napoleón Rufo Carlos Huamán, ex tesorero del Gobierno Regional de Huánuco en la gestión 2011 – 2014 de Luis Picón Quedo, fue sentenciado a 10 años de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargo público por el mismo periodo, como autor de la comisión del delito de peculado doloso agravado en contra del Estado, dictaminado por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio del distrito de Pillco Marca.

La sentencia de fecha 10 de abril de 2024, es por su responsabilidad como director tesorero del Gorehco (desde el 30 de mayo de 2012), en la obra: “Construcción del sistema de agua potable y alcantarillado de los asentamientos humanos aledaños a la ciudad de Tingo María”, entre enero y febrero del año 2014, por el pago ilícito de 4’471,184.77 soles, como adelanto directo y adelanto de materiales, a favor del Consorcio San Cristóbal, representado por Mishel Miranda Gambini (coinculpado), que presentó las cartas fianzas falsas N° E1506-00-2013 y la carta fianza C, causando perjuicio al empleador.

Miranda Gambini también fue condenado a 12 años de pena privativa de la libertad por peculado doloso agravado y uso de documento privado falso. Además, ambos deben pagar una reparación civil solidaria de S/4 571 184.77

Se imputa a Carlos Huamán (también ex alcalde de Lauricocha 2015 – 2018), que, como tesorero del Gorehco realizó pagos ilícitos al Consorcio San Cristóbal, pese a que tenía la obligación de defender y cautelar los intereses del Estado, en este caso del Gobierno Regional de Huánuco, por cuanto, si bien el gerente regional de la Administración autorizaba el pago de adelantos a favor del referido consorcio, el acusado como tesorero tenía que planear, organizar, dirigir y controlar la instalación de los recursos financieros de acuerdo al procedimiento del pago del tesoro público.

Sin embargo, dice el fallo judicial: “se apropió indebidamente para otro, en este caso el monto de 4’471,184.77 soles a favor del Consorcio San Cristobal, que presentó las cartas fianzas N° E1506-00-2013 y N° E1520-00-2013, las cuales tenían información remitida por la Superintendencia de Banca y Seguros expedidas a nombre de otras empresas, siendo así, eran falsas; no obstante, no realizó observación y por lo contrario, con dichas cartas fianzas falsas pagó los adelantos directos por 1’490,394.89 soles y el adelanto de materiales por 2’980,789.78 soles, disponiendo así de forma ilícita el dinero del Estado”.

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En la información remitida por la Superintendencia de Banca y Seguros, a través del informe N°118-2014-DSSB del 6 de octubre del 2014, establece que los certificados de garantía presentados por el Consorcio San Cristóbal no correspondían a la emisión de cartas fianzas expedidas por Secres, compañía de seguros y garantías de dicho consorcio; toda vez que la carta fianza N° E1506-00-2013 fue expedida a nombre de Contratista Generales Crembiln SCRL y la carta fianza E1520-00-2013 a favor del Consorcio Contratistas, por lo cual las cartas fianzas presentadas por el Consorcio San Cristóbal, para obtener los adelantos, son falsos, por lo que no debería haberse entregado dichos adelantos.

La ejecución de la sentencia fue suspendida provisionalmente mientras se resuelva un eventual recurso de impugnación, ordenando las siguientes restricciones: concurrir cada 30 días a justificar su asistencia e imprimir su huella digital en el biométrico de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, o efectuar su control biométrico virtual; no ausentarse de la localidad donde reside bajo ningún motivo, y prohibición de acercarse o comunicarse -por cualquier medio- con los testigos ofrecidos en el caso.

Fuente y Creditos

Tu Diario Huanuco