Entre marzo y agosto de 2024, Venezuela ha sido escenario de una serie de detenciones y abusos, según reportan diversas organizaciones no gubernamentales. Estos incidentes han afectado principalmente a periodistas y líderes opositores en medio del controvertido proceso electoral. Las acusaciones infundadas de terrorismo contra profesionales de la prensa han sido una constante, sumándose a la detención de varios miembros de partidos políticos que, según la oposición, reflejan una escalada de represión sin precedentes bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
Este aumento en la represión supera, según la oposición, las anteriores oleadas represivas de la última década, las cuales están siendo investigadas por organismos internacionales como posibles crímenes de lesa humanidad.
Entre los arrestos más destacados están los del exgobernador de Mérida y dirigente de Acción Democrática (AD), Williams Dávila Barrios; el exdiputado opositor Américo De Grazia; y María Oropeza, coordinadora del Comando con Venezuela en Portuguesa, quien fue grabada en vivo mientras las fuerzas de seguridad allanaban su domicilio. Previamente, un video difundido por su partido mostró el arresto del dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, por personas vestidas de negro.
La proclamación de Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin la divulgación detallada de los resultados, desató una ola de protestas y encarcelamientos bajo la denominada «operación Tun Tun», que también afecta a la ciudadanía en general.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha denunciado el uso abusivo de leyes antiterrorismo contra cuatro periodistas detenidos mientras cubrían las protestas. El sindicato alega que estos periodistas han enfrentado serias dificultades para ejercer su profesión y acceder a una defensa independiente.
El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) ha pedido a las autoridades venezolanas que retiren los cargos de terrorismo contra los periodistas. Además, la asociación civil Espacio Público ha documentado al menos 16 casos de periodistas con pasaportes anulados y otros problemas que afectan a la sociedad civil en general.
CNN ha solicitado información a la Fiscalía General de Venezuela, sin recibir respuesta hasta el momento. El fiscal general, Tarek William Saab, ha afirmado que todos los detenidos están recibiendo el debido proceso, aunque no ha respondido a las acusaciones de manera específica.
Diosdado Cabello, una figura prominente del chavismo, ha desestimado las preocupaciones internacionales, afirmando que los periodistas detenidos son en realidad «agentes de la CIA» y parte de una conspiración, sin presentar pruebas para respaldar sus afirmaciones.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha expresado su profunda preocupación por las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza en Venezuela tras las elecciones presidenciales. Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió sobre el clima de miedo y la continua represión en el país.
Fuente y créditos
CNN
