Siete miembros de ‘Guerreros Unidos’ se enfrentan al juicio por el caso Ayotzinapa

Siete integrantes del cártel 'Guerreros Unidos' irán a juicio por delincuencia organizada, acusados ​​de estar implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó los amparos presentados por los acusados ​​y ordenó reponer el proceso penal, señalando que participó en el traslado y desaparición de los estudiantes en 2014.
Miembros de 'Guerreros Unidos' enfrentan al juicio por el caso Ayotzinapa

Siete integrantes del cártel ‘Guerreros Unidos’ serán llevados a juicio por delincuencia organizada, tras una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los acusados, Miguel Ángel Landa Bahena (alias El Duvalín), Salvador Reza Jacobo (El Lucas), Patricio Reyes Landa (El Pato), Jonathan Osorio Cortés (El Jona), Felipe Rodríguez Salgado (El Cepillo), Darío Morales Sánchez (El Comisario) y Agustín García Reyes (El Chereje), hijo considerado clave en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

La SCJN rechazó un incidente de inejecución de sentencia que buscaba proteger a los acusados ​​mediante diversos amparos. En cambio, se ordenó reponer el proceso penal por delincuencia organizada, señalando que los acusados ​​presuntamente colaboraron en el traslado de los estudiantes hacia un lugar cercano a la casa de Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil, quien habría dado la orden de desaparecer a los jóvenes el 26 de septiembre de 2014.

Los amparos en cuestión corresponden a los casos 203/2017, 204/2017 y 205/2017, relacionados con la causa penal 66/2015. Desde octubre de 2018, algunos de los acusados, como El Chereje, El Jona, El Pato, El Lucas y El Cepillo, fueron liberados debido a la falta de pruebas, según un juez de Distrito. Se argumentó que algunos de los detenidos fueron torturados o que no se pudo comprobar la existencia del cártel Guerreros Unidos.

El pleno de la Corte ordenó que se emita una nueva sentencia y que se reponga el proceso desde el momento en que se cumplió la orden de captura. Además, se garantizará la participación de las víctimas indirectas en el proceso, con la asignación de asesores jurídicos si es necesario.

El fallo, dictado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, también responde a los recursos interpuestos por los acusados, quienes denunciaron incumplimientos por parte de diversas instituciones, como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). ). Sin embargo, la Corte determina que no existen razones suficientes para abrir el incidente de inejecución de sentencia en este momento.

Fuente y créditos
La Jornada

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