La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) expuso un esquema de corrupción que habría defraudado al fisco guatemalteco por más de Q300 millones, a través de una estructura dividida en tres grupos de empresas que obtuvieron beneficios ilícitos.
En una conferencia de prensa este miércoles, el jefe de la SAT, Marco Livio Díaz, dio a conocer una red de 410 empresas, de las cuales el 75% fueron creadas por el mismo abogado. Estas compañías comparten el mismo representante legal, pero el mecanismo de defraudación involucra a tres grupos diferentes de empresas, algunas de las cuales forman parte de estas 410, mientras que otras están fuera de ese grupo.
Primer grupo
La investigación, que tomó nueve meses, sugiere que esta red habría estado operativa desde 2021. El primer grupo está compuesto por nueve empresas que, a pesar de no contar con suficiente capital, lograron vender Q81.7 millones al Estado.
Entre las empresas y sus montos adjudicados se encuentran:
- Grupo Basado, S.A.: Q43.9 millones
- Grupo Propela S.A.: Q12 millones
- Inversiones Caddie S.A.: Q8.8 millones
- Inversiones Humedales S.A.: Q5.8 millones
- Consorcio Las Mallorcas S.A.: Q4.9 millones
- Commerce Madness S.A.: Q2.7 millones
- Kaizen Inc S.A.: Q2 millones
- Megalodon S.A.: Q997 mil
De acuerdo con la información oficial, la Policía Nacional Civil (PNC) y su Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica adjudicaron Q48.8 millones a estas empresas. Otros compradores incluyeron el Ministerio de Cultura y Deportes, diversas municipalidades, la Dirección Departamental de Redes Integradas de Servicios de Salud de Santa Rosa, el Fondo de Desarrollo Social, y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas.
Por ejemplo, Grupo Basado S.A. vendió alimentos como carne, pescado y granos al Estado por más de Q43.9 millones, con la mayoría de las adjudicaciones por montos inferiores a Q25 mil, consideradas de baja cuantía. Consorcio Las Mallorcas prestó servicios de alquiler de cabinas sanitarias, mantenimiento de instalaciones y venta de chalecos por Q4.9 millones. Además, Commerce Madness recibió Q2.6 millones del Ministerio de la Defensa Nacional para la compra de alimentos, papelería y útiles de oficina.
Segundo grupo
El segundo grupo está conformado por 16 empresas, cuyos nombres no fueron revelados. Estas vendieron a 16 instituciones del Estado por un total de Q4.3 mil millones. Algunas de las instituciones implicadas incluyen:
- Dirección General de Caminos: Q3.1 mil millones
- Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL): Q435 millones
- Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE): Q343 millones
- Municipalidades: Q322 millones
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Q23 millones
- Unidad Especial de Ejecución de Programas y Proyectos (UEPPS): Q12.4 millones
- Dirección General de las Artes: Q6.4 millones
- Dirección General del Deporte y la Recreación: Q4 millones
- Dirección General de Aeronáutica Civil: Q2.2 millones
La SAT encontró irregularidades significativas en este grupo. De las 16 empresas, dos no fueron localizadas, una está fuera del país, tres reportaron extravío de documentos, seis tienen su contabilidad incompleta y solo cuatro presentaron la documentación requerida. Estas 410 empresas habrían facturado Q375 millones a estas 16 compañías para evadir el IVA y el Impuesto Sobre la Renta.
Tercer grupo
El tercer grupo incluye cinco constructoras que hicieron negocios con al menos dos de las 410 empresas por un valor superior a Q821 millones. Estas compañías habrían recibido facturas por Q64.8 millones para evadir impuestos y, al mismo tiempo, facturaron al Estado por Q517.2 millones.
Los representantes legales de estas empresas, dos mujeres familiares, se encargaron de firmar los cheques, habiendo cobrado en efectivo alrededor de Q9.5 millones a través de cheques individuales de Q250 mil en promedio. La SAT no reveló los nombres de estas cinco constructoras, pero señaló que sus domicilios no fueron localizados.
Durante la conferencia de prensa también estuvieron presentes Edwin Orlando Curtidor Juárez, intendente de Aduanas; Oscar Vinicio Perdomo Figueroa, intendente de Asuntos Jurídicos; Armando Gabriel Pokus Yaquián, intendente de Atención al Contribuyente; Oscar Alberto Hernández Romero, intendente de Fiscalización; y Erick Estuardo Echeverria Mazariegos, intendente de Recaudación.
Fuente y créditos
LaHora.gt
