La jueza Darlis Altagracia Eusebio Vásquez decretó la prisión preventiva para Fernando José de Jesús Ferreira, portugués, y Eliana Núñez Almonte, dominicana, quienes están siendo procesados por delitos cometidos contra cuatro adolescentes, cuyos nombres se mantienen en anonimato para proteger su identidad.
De Jesús Ferreira cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de San Pedro de Macorís, mientras que Núñez Almonte será detenida en el Centro de Privación de Libertad (CPL) para Mujeres en Higüey, provincia La Altagracia.
La procuradora de corte de apelación Yoanna Bejarán Álvarez, a cargo de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), junto con la fiscal de San Pedro de Macorís, Katherin Vallejo, y la fiscal de la PETT, Aleika Almonte, presentaron varias pruebas testimoniales, materiales, periciales y documentales para sustentar la solicitud de prisión preventiva.
Según el documento de solicitud de medida de coerción, tras recibir la denuncia el 1 de julio, la PETT y la Fiscalía de San Pedro de Macorís comenzaron de inmediato la investigación, logrando rescatar a las víctimas y arrestar a los acusados en una villa propiedad de De Jesús Ferreira.
Las adolescentes eran llevadas desde localidades del norte del país a una zona turística en el este, donde eran forzadas a atender clientes extranjeros para servicios sexuales y no podían abandonar el lugar debido a las restricciones impuestas por los imputados.
Durante la investigación, se estableció que una de las víctimas le pidió a De Jesús Ferreira salir del lugar, pero él le respondió que debía pagar 11 mil pesos. Además, se determinó que él era el jefe del grupo delictivo y que recibía a las víctimas, pagándoles una parte del dinero cobrado por los servicios sexuales, con Núñez Almonte como su principal colaboradora, dirigiendo y administrando a las víctimas.
Los acusados cobraban entre 100 y 200 dólares por cada encuentro sexual, y RD$10,000.00 por permanecer toda la noche, imponiendo multas de RD$500.00 por tardanzas o cualquier otra causa que ellos mismos decidieran. En el lugar también se vendían bebidas alcohólicas.
El caso ha sido calificado jurídicamente como violación de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores, y los artículos 1, 3 y 7, letras (C) y (D), de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que tipifican la Trata de Personas Agravada, por tratarse de crimen organizado y por la pluralidad de víctimas, además del artículo 410 de la Ley 136-03, que sanciona la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Fuente y créditos
El Caribe
