Interceptaciones telefónicas y otras evidencias muestran el recorrido de casi $90,000 en efectivo, transportados en una bolsa reutilizable y entregados en la sede de Servicios Múltiples Rama SA, en Betania. Este dinero fue recibido por Abraham Rico Pineda, hijo del diputado perredista, y supuestamente debía llegar a José Pablo Morales, alias «Pablo», señalado como operador clave.
Jonathan José Parra Peña, una figura central en el caso, busca anular el acuerdo de pena que firmó con la fiscalía. Este pacto judicial había confirmado que el dinero entregado tenía origen ilícito, pero ahora su recurso fue rechazado por el Primer Tribunal de Justicia, que señaló que no cumplía con los requisitos legales para una revisión.
Entre las acusaciones más graves hacia Pineda está el presunto uso de estos fondos en su campaña de reelección durante las elecciones del 5 de mayo, específicamente para movilizar electoralmente en zonas de baja participación. Aunque la Corte Suprema, mediante el magistrado Olmedo Arrocha, asumió que la fiscalía no presentó pruebas suficientes para vincularlo directamente, se solicitó fortalecer el caso con evidencia más sólida.
Parra fue detenido en la vía Transístmica, donde una prueba de ion scan detectó rastros de sustancias ilícitas en el dinero en su posesión. En su confesión, admitió que los fondos provenían de actividades de lavado de activos. Por estos hechos, recibió una condena de 48 meses de prisión, sustituida por una multa de $2,000 mediante un acuerdo judicial firmado en mayo pasado.
Sin embargo, tanto Parra como Claudia Lorena Henao Cardona han presentado un amparo de garantías constitucionales alegando violaciones a sus derechos, agregando un nuevo giro al caso.
La Operación Jericó continúa dejando preguntas abiertas sobre la conexión entre el crimen organizado y la política. El destino del diputado Pineda y las posibles repercusiones de este caso podrían cambiar el panorama político y judicial de Panamá.
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Mi Diario.com
