Ángel Geovany Guzmán ha sido sentenciado a 1,420 años de cárcel por un tribunal en El Salvador tras ser declarado culpable de siete homicidios, 37 casos de extorsión agravada y 25 incidentes de planificación y conspiración para asesinar, incluyendo a nueve militares.
El tribunal también condenó a Hugo Alexander Arqueta Bonilla a 764 años de prisión por homicidio agravado, pertenencia a organizaciones terroristas, y extorsión agravada, entre otros delitos. Carlos Eduardo Díaz Rodríguez recibió una pena de 567 años por cargos similares, mientras que Ana Ruth Segovia Merino fue condenada a 148 años por homicidio agravado, extorsión agravada y pertenencia a organizaciones terroristas.
La Fiscalía General de la República de El Salvador informó que los delitos fueron cometidos por la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) entre 2018 y 2019. Los miembros de esta pandilla tenían órdenes de asesinar a policías y militares, según la investigación.
Las extorsiones se dirigían principalmente a transportistas y comerciantes en los mercados de San Miguel, a 135 kilómetros al este de la capital, quienes eran amenazados con la muerte si no pagaban.
El Ministerio Público también reveló que una de las víctimas fue obligada a entregar 10,000 dólares en una sola transacción para financiar la defensa legal de pandilleros detenidos.
Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador está bajo un estado de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele como parte de su política de mano dura contra las pandillas, lo cual ha suspendido derechos fundamentales como el de asociación, asistencia legal y conocer las razones de una detención. Esta medida ha sido duramente criticada por organizaciones de derechos humanos.
Según datos oficiales, más de 85,000 personas han sido detenidas bajo este régimen, aunque muchas permanecen encarceladas sin sentencia. El gobierno ha liberado a más de 7,000 detenidos por falta de pruebas.
En 2012, Estados Unidos clasificó a la Mara Salvatrucha como una organización criminal internacional. Tres años después, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador la declaró organización terrorista, junto con la pandilla Barrio 18.
Durante más de tres décadas, las maras han dominado barrios y comunidades populosas de El Salvador, participando en el narcotráfico y el crimen organizado, extorsionando a empresas de transporte y asesinando a aquellos que se niegan a pagar, según las autoridades.
Fuente y créditos
Primera Hora
