Un gran jurado federal presentó el 18 de julio una acusación que incluye 14 cargos contra ocho individuos por tráfico de drogas, conspiración para introducir contrabando en prisión y conspiración para cometer robo de identidad, según comunicó la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico este martes.
Se alega que los acusados conspiraron para introducir buprenorfina, ketamina y fentanilo a los reclusos del Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo, utilizando sobres que se hacían pasar por correspondencia postal legal.
Los imputados han sido identificados como: José J. Rodríguez Cumba, conocido como “Chambi”; Richard Cruz Monzón; Yarelis I. Colón Ríos; Yarushka M. De León Acosta, conocida como “La Secretaria”; Edwin D. González Reyes, conocido como “Cotto”; José J. López Pellot; Christina M. Rodríguez Cumba, conocida como “Nani”; y Selena Crespo Dumeng.
Cada uno enfrenta cargos de conspiración y posesión con intención de distribuir sustancias controladas, así como conspiración para introducir contrabando en prisión y conspiración para cometer robo de identidad. Seis de los acusados también están enfrentando cargos adicionales de robo de identidad agravado.
De ser hallados culpables, los imputados podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión: 10 años por posesión de fentanilo, cinco años por intentar introducir buprenorfina en prisión y otros cinco años por conspiración para introducir contrabando en prisión. Además, podrían enfrentar hasta 20 años por conspiración para cometer robo de identidad y una condena mínima obligatoria de dos años consecutivos por robo de identidad agravado.
El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, William Stephen Muldrow, comentó: “Este caso debería enviar un mensaje claro a quienes intentan introducir contrabando ilegal en una instalación federal: investigaremos y procesaremos esta actividad criminal”.
La investigación está siendo llevada a cabo por la División de Miami del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos junto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Juan A. Vargas, inspector a cargo de la División de Miami, declaró: “Gracias a nuestros esfuerzos conjuntos, hemos desmantelado una organización criminal que usaba el correo para suministrar drogas a prisiones federales y estatales. Los inspectores postales seguirán colaborando con nuestros socios para investigar y responsabilizar a quienes malutilizan el sistema de correo de EE.UU.”
Los fiscales federales Alberto López Rocafort, Teresa Zapata Valladares, Vance Eaton y Carlos J. Romo Aledo están encargados del caso. Joseph González, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en San Juan, advirtió: “El contrabando en las instituciones correccionales sigue siendo una amenaza grave. La exposición a narcóticos, especialmente al fentanilo, puede resultar en muertes inmediatas tanto para reclusos como para el personal correccional. Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios para mitigar esta amenaza y asegurar que los responsables enfrenten la justicia.”
Fuente y créditos
Primera Hora
