La normativa, oficialmente denominada Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos , fue enviada al Registro Oficial para su publicación. El Legislativo había rechazado la propuesta de una votación mayoritaria en contra.
En un comunicado, el Ministerio de Gobierno destacó que la ley es «una herramienta clave para debilitar las economías criminales y las fuentes de financiamiento del crimen organizado». Además, subrayó que el Ejecutivo actuó con determinación y dentro de los límites constitucionales, ante la falta de acción por parte del Parlamento y al vencerse los plazos estipulados.
«Esta decisión representa un avance firme en la lucha contra quienes protegen y se benefician de las mafias criminales», añadió el Gobierno, calificando la ley como un compromiso para devolver la tranquilidad a la nación.
El 7 de noviembre, el Gobierno presentó este proyecto como una iniciativa urgente en materia económica. Su objetivo principal era prevenir y combatir el lavado de activos y el ingreso de capital ilícito en la economía ecuatoriana. Entre sus propuestas se incluyeron medidas para fortalecer instituciones clave, como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
A pesar de esto, el proyecto fue archivado con votos en contra de diversas bancadas, como el correísmo, el movimiento Construye y el Partido Social Cristiano (PSC). Durante el debate, el asambleísta Jorge Peñafiel cuestionó que la propuesta no abordaba adecuadamente el análisis del origen ilícito de los recursos. Por su parte, Jorge Acaiturri, del PSC, criticó que la normativa introducía impuestos disfrazados bajo el pretexto de medidas de control económico.
La promulgación de esta ley se suma a otras medidas implementadas por el Gobierno de Noboa para enfrentar el crimen organizado. Este año, se aprobó una reforma tributaria que elevó el impuesto al valor agregado del 12 % al 15 % y ajustó otros tributos como el impuesto a la salida de divisas, que subió al 5 %.
Ecuador cerró 2023 con la tasa más alta de homicidios per cápita en Latinoamérica, con 47,2 por cada 100.000 habitantes, en gran parte atribuida al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Desde enero de 2024, el Gobierno ha calificado el enfrentamiento contra el crimen organizado como un «conflicto armado interno», militarizando cárceles y declarando estados de excepción para combatir las estructuras criminales.
Aunque se reporta una disminución del 17% en homicidios, delitos como extorsiones, secuestros y asesinatos siguen siendo frecuentes en el país.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
