El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que la decisión se tomó con base en información del gabinete de seguridad, que advertía sobre retrasos procesales o liberaciones de los capos, quienes habían sido solicitados por las autoridades estadounidenses durante cuatro décadas.
La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, precisó que la medida no se trató de una extradición en el sentido tradicional, sino que se fundamentó en el artículo 5° de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución. Estas disposiciones permiten tomar acciones para salvar al Estado mexicano frente a amenazas a su estabilidad, como los delitos atribuidos a los individuos entregados.
Una de las mayores preocupaciones en torno a la entrega de los narcotraficantes ha sido la posibilidad de que enfrenten la pena de muerte en Estados Unidos. Ante esto, Gertz Manero garantizó que el acuerdo bilateral establece que los acusados no serán condenados a dicha sanción, dado que la Constitución mexicana no la contempla.
El fiscal también subrayó que las sentencias deberán ajustarse al marco legal vigente ya los tratados internacionales suscritos entre México y Estados Unidos. Además, reafirmó que la postura del gobierno es que su legislación interna debe respetarse sin interferencias externas, en alusión a políticas de administraciones anteriores, como la de Donald Trump.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
