Estas alianzas transnacionales permiten a Los Lobos dominar la extracción y exportación de oro, generando millones de dólares en ingresos y convirtiendo la zona en un laboratorio del crimen organizado. La investigación fue realizada por la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico en colaboración con Vistazo y Código Vidrio.
«En este lugar no se vive, solo se sobrevive», dice Jorge, un hombre de 45 años que pide mantener su identidad en reserva para evitar represalias de lo que él llama los «desalmados». Así describe la situación en Camilo Ponce Enríquez, una localidad minera en Ecuador que se ha convertido en un territorio de violencia, donde cuerpos decapitados y calcinados, secuestros de mineros, y asesinatos de alcaldes son parte de la realidad diaria. «Este lugar se ha vuelto un infierno, y no quiero morir quemado», confiesa Jorge, quien asegura no querer regresar nunca más.
En los últimos meses, Camilo Ponce Enríquez, ubicada en la provincia de Azuay, se ha convertido en el epicentro de la violencia relacionada con las minas de oro que operan en la región. El 13 de agosto, un nuevo episodio violento sacudió a esta ciudad de menos de 30,000 habitantes: cinco hombres fueron asesinados, dos de ellos decapitados y un tercero calcinado. La policía detuvo a tres presuntos implicados, uno de los cuales tenía menos de 18 años.
Las víctimas eran miembros de una disidencia de Los Lobos, quienes luchan por el control de esta zona minera. Los grupos enfrentados son Lobos Box, originarios de la provincia vecina de El Oro, y la estructura nacional de Los Lobos, que desde 2022 ha intentado dominar la región con violencia.
Ponce Enríquez tiene una ubicación estratégica, colindando con las provincias de Guayas, que posee un puerto en el Océano Pacífico utilizado para el envío de cocaína a Centroamérica, Estados Unidos y Europa, y El Oro, donde existen corredores clandestinos para el tráfico de armas en la frontera con Perú.
Este cantón concentra una gran cantidad de concesiones mineras, muchas de ellas legales, y entre 2005 y 2015 se extrajo el 30% del oro ecuatoriano de esta región. Esta realidad no pasó desapercibida para Los Lobos, quienes hasta la pandemia eran el brazo armado de la banda Los Choneros. Tras la muerte de su líder, Los Lobos se desvincularon y comenzaron a expandir su influencia en todo Ecuador, abriendo rutas de microtráfico y dominando la minería ilegal.
Los Lobos, que operan desde la cárcel de Cotopaxi en la región andina, desplazaron a otros grupos criminales en diversas zonas del país, estableciendo un control sobre la minería ilegal que les permite cobrar cinco dólares por cada saco de material aurífero extraído, cuya venta alcanza valores de hasta 4,000 dólares. Este control sobre la minería se extendió a otras áreas de Azuay, incluyendo la mina de Turi, lo que fortaleció aún más la estructura criminal.
La expansión de Los Lobos se aceleró después de la pandemia, especialmente tras la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de Los Choneros. Desde entonces, Los Lobos, bajo el liderazgo de Wilmer Chavarría, han diversificado sus actividades criminales, tomando el control de minas de oro y extorsionando a empresas mineras legales. Este crecimiento se ha extendido a Colombia y Perú, a través de alianzas con grupos armados como los Comandos de la Frontera y el Tren de Aragua, que facilitan el tráfico de armas y explosivos.
La localidad de Ponce Enríquez se ha convertido en un centro de operaciones para esta estructura criminal, donde la minería ilegal no solo genera grandes ingresos, sino que también facilita el lavado de dinero. Los Lobos han aprendido a controlar toda la cadena de producción de oro, desde la extracción hasta la exportación.
A diferencia de Buenos Aires, en Ponce Enríquez la mayoría de las concesiones son legales. Sin embargo, Los Lobos han tomado control de estas minas, despojando a sus legítimos dueños mediante amenazas y violencia, permitiéndoles operar solo si entregan la mayor parte de sus ganancias. Con el precio del oro en máximos históricos, Los Lobos también han iniciado la explotación ilegal en áreas cercanas a ríos, parcelando la tierra y cobrando entre 300 y 900 dólares a los mineros ilegales que desean trabajar allí.
Entre octubre de 2022 y agosto de 2023, Los Lobos han multiplicado sus actividades delictivas en la región, incluyendo secuestros, asesinatos y extorsiones, consolidando su control sobre varias concesiones mineras en Ponce Enríquez y la parroquia vecina de Tenguel, según un informe de inteligencia militar.
Para llevar a cabo estas actividades ilícitas, Los Lobos han desarrollado una estructura que incluye un brazo armado, un brazo operativo especializado en explosivos, y un brazo de seguridad, compuesto por tres anillos. Ciudadanos de varias nacionalidades, incluidos ecuatorianos, peruanos, venezolanos y colombianos, colaboran en los distintos niveles de la operación.
Según documentos de inteligencia militar y policial, hasta 2023, al menos 40 grupos de mineros ilegales apoyan la extracción de oro y responden a Los Lobos. La mitad del oro extraído se destina a estos grupos, mientras que la otra mitad va a la estructura criminal. Sin embargo, cuando la producción es escasa, los mineros reciben pagos mínimos, pero si es abundante, pueden ganar hasta 1,500 dólares.
Fuente y créditos
Ojo Público
