Fiscalía indaga presunto esquema de lavado de activos relacionado con Agropucalá

La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque ha iniciado una investigación preparatoria contra seis personas acusadas de lavado de activos. Según las autoridades, los investigados habrían creado empresas mediante el uso de testaferros para ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes sin figurar como propietarios.

Inicialmente, se denunciaron a 15 personas por presunta participación en crimen organizado, defraudación tributaria y lavado de activos. Tras las diligencias, el número de imputados se redujo a seis, entre ellos Juber Coronel Gonzales, señalado como líder del esquema.

Según la investigación, Coronel habría constituido Multinegocios Runakari con un capital inicial de S/10,000 para adquirir bienes mediante dinero ilícito. No obstante, registros de la Sunat y el Ministerio de Trabajo evidencian que carece de ingresos que respalden estas operaciones. Entre sus adquisiciones se cuentan vehículos, propiedades y otros bienes de alto valor, como un lote en Los Pinos de Ferreñafe y un vehículo Toyota por $43,000.

Otro de los investigados, Rosalino Medina Cabrejos, creó las empresas Transportes y Servicios KEITO EIRL y Compañía Minera Romeing EIRL, pese a no contar con ingresos significativos. Posteriormente, aumentó el capital de la primera a S/ 652,500 y adquirió bienes costosos como un predio en Cajamarca por $90,000.

En la lista también figuran Dora Martiza Barturén Reyes, quien fundó Ingenios Rurales del Norte EIRL con un capital de S/12,000, y Rodolfo Arturo Chávez Arzapalo, quien en dos años adquirió 11 vehículos tras constituir Fuentes Agrícolas EIRL. Elizabeth Yolanda Ramos Calle, titular de Zafra Peruanas EIRL, y Walter Gavidia Oblitas, dueño de dos empresas, completan el grupo de investigados.

La fiscal María Eneque Yauce ha convocado a los imputados para rendir su declaración el 26 de noviembre. Además, ha solicitado a Agropucalá SAA que entregue registros sobre ventas de caña de azúcar a los acusados desde 2018, como parte de la investigación. En caso de no asistir, los investigados podrían ser llevados por la fuerza pública.

Fuente y créditos
Diario Correo

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