David Cornejo Fernández, de 36 años, enfrenta cargos de conspiración, fraude electrónico y extorsión. Fue detenido en Lima el 17 de mayo y permaneció bajo custodia hasta su extradición a EE.UU., donde ahora enfrenta un proceso judicial.
De acuerdo con la acusación, Cornejo proporcionó desde 2012 hasta 2019 servicios tecnológicos, como líneas telefónicas en Internet, herramientas para alterar identificadores de llamadas y grabaciones, a centros de llamadas que engañaban y amenazaban a personas en EE.UU. Se alega que las víctimas recibieron falsas promesas de premios, como tabletas con cursos de inglés, pero se les exigían pagos significativos para reclamarlos. Ante las negativas, se les intimidaba con amenazas de consecuencias legales, arrestos o problemas migratorios, simulando ser funcionarios gubernamentales.
Cornejo habría proporcionado a los operadores fraudulentos software y capacitación para que se hicieran pasar por agentes federales o judiciales. También se usaron grabaciones que imitaban instituciones estadounidenses, como tribunales y agencias federales, para reforzar la apariencia de legitimidad y presionar a las víctimas.
El Fiscal General Adjunto Principal Brian M. Boynton aseguró que seguirá trabajando para llevar ante la justicia a quienes defraudan a consumidores desde el extranjero, agradeciendo la cooperación del gobierno peruano en la extradición. Por su parte, el fiscal federal Markenzy Lapointe subrayó que las autoridades no permitirán que los delincuentes transnacionales utilicen tácticas de miedo contra poblaciones vulnerables, como inmigrantes y personas mayores.
Juan A. Vargas, inspector a carga del USPIS en Miami, destacó la importancia de la colaboración entre países para combatir estos esquemas de fraude. Además, recordó que la justicia no tiene fronteras y que seguirán trabajando para preservar el estado de derecho.
Cornejo enfrenta hasta 20 años de prisión si es declarado culpable, y la sentencia será determinada por un juez considerando las pautas legales. La investigación contó con la colaboración de múltiples agencias en EE.UU. y Perú, incluida la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía General.
El Departamento de Justicia sigue investigando casos similares y recuerda que existe una línea de apoyo para personas mayores que hayan sido víctimas de fraude financiero
Fuente y créditos
Justice.gov
