Exsecretario de Planeación de Pueblo Bello condenado a más de 11 años de prisión

El Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar, en su función de conocimiento, impuso una condena de 11 años, 6 meses y 6 días de cárcel a Álvaro Alberto Imbrech Ospino, exsecretario de Planeación de Pueblo Bello, Cesar, tras ser hallado culpable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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La Fiscalía 5 Seccional de Administración Pública de Valledupar presentó el caso, donde Imbrech Ospino firmó un contrato por 814 millones de pesos en febrero de 2011. El acuerdo, suscrito entre la Alcaldía y la Fundación para el Mejoramiento Hídrico y Zonas Degradadas por la Explotación del Carbón (FUMHICAR), representada por Belén Imbrech Balaguera, tenía como fin mitigar los daños ambientales en áreas rurales. Según la Fiscalía, el contrato, que debía ejecutarse en cuatro meses, fue adjudicado de manera directa favoreciendo a personas cercanas al exfuncionario.

Además de la pena de prisión, Imbrech Ospino deberá pagar una multa equivalente a 183,3 salarios mínimos legales vigentes y estará inhabilitado para ejercer cargos públicos por más de 12 años.

Tras la sentencia, el exsecretario publicó un video en sus redes sociales manifestando su preocupación por la decisión judicial: “Recibimos una noticia preocupante. Un juez de la República ha decidido, después de un largo proceso, condenarme a 11 años de prisión y una considerable sanción económica”. Pese a esto, Imbrech Ospino aseguró que respeta la decisión, pero recurrirá a instancias superiores para demostrar su inocencia.

Imbrech Ospino explicó que el proyecto, que se llevó a cabo durante la administración del entonces alcalde Wilfredo Pianeta Guevara, tenía como objetivo construir unidades sanitarias para disminuir el impacto negativo en las fuentes hídricas. Según él, se construyeron 84 unidades, pero un concejal del municipio, Aroldo Martínez, denunció que las obras no se ejecutaron como se había prometido.

La Fiscalía comprobó la existencia de las unidades, pero detectó irregularidades en la modalidad de contratación, ya que el convenio no se ajustaba a lo establecido por la Ley 80, que regula la contratación pública en Colombia. La defensa de Imbrech Ospino tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Valledupar.

Fuente y créditos
El Pilón

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