La semana pasada, el Poder Judicial anuló el acuerdo de colaboración eficaz que había firmado con Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, ahora conocida como Novonor. La decisión instruyó al Ministerio Público a presentar cargos penales contra Barata en los respectivos procesos judiciales.
Tras esta decisión, la Fiscalía sumó a Barata como investigado en el caso del Gasoducto Sur, donde también están implicados el expresidente Ollanta Humala, la exprimera dama Nadine Heredia y varios exfuncionarios.
De acuerdo con documentos obtenidos por el diario El Comercio, la investigación preliminar contra Barata fue archivada el 27 de septiembre de 2019 a la espera de la homologación del acuerdo de colaboración eficaz firmado con Odebrecht. Sin embargo, en su última declaración, Barata no aceptó los cargos que se le imputan, lo cual llevó a la invalidez del acuerdo.
Geovana Mori, fiscal del Equipo Especial Lava Jato, justificó su decisión con base en esta negativa y en declaraciones de otros investigados, como el empresario José Alejandro Graña Miró Quesada. Este último implicó a Barata en negociaciones con el gobierno de Humala para obtener el proyecto del gasoducto a cambio de apoyo en la campaña presidencial de 2011.
Así, según informes de los medios, la Fiscalía investigará a Barata por el presunto delito de colusión agravada, en calidad de cómplice.
Razones para la revocación de beneficios a Barata
En la resolución judicial que revocó los beneficios otorgados a Barata, la Fiscalía subrayó que el empresario no cumplió con su obligación de testificar durante el juicio contra Humala y Heredia, a pesar de haberse comprometido a hacerlo. Barata fue citado en cinco ocasiones para declarar y su obligación de testificar no era opcional, sino un mandato legal derivado del acuerdo de colaboración eficaz.
El fallo menciona que Barata no acudió a las citaciones del Tercer Juzgado Colegiado, lo que constituye una clara violación de su deber de colaborar con la justicia peruana. Su abogado, César Nakazaki, ha apelado esta decisión judicial, argumentando que contiene «errores evidentes».
Fuente y créditos
La República
