Empresario y supervisor condenados a cinco años de prisión por obra fantasma

Un empresario y el supervisor de una obra falsa de limpieza y descolmatación del dren en el sector Canizal Chico, en el distrito de La Unión, fueron sentenciados a cinco años de prisión, con suspensión de su ejecución.

Según la Resolución N° 03 del 10 de octubre, el juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Especialista en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura, Christian Barnard Azabache Vidal, dictó la sentencia contra Segundo Orestes Zeña Castillo, quien fungía como supervisor de la obra fantasma en Canizal Chico, y Junior Giampiere Cubas Álvarez, empresario seleccionado por la administración de Percy Leonel Yamunaqué Chero para realizar dicho servicio.

Ambos se acogieron a la figura de terminación anticipada y fueron condenados por peculado doloso en perjuicio del Estado, representado por la Procuraduría Pública Especializada en Corrupción de Funcionarios. Estas son las primeras sentencias en un caso que aún mantiene prófugos a Percy Yamunaqué, Miler Peña y Juan Pazo Álvarez.

A Zeña Castillo se le ordenó pagar 30,000 soles como reparación civil, de los cuales ya ha depositado 18,000 en dos pagos parciales de 15,000 y 3,000 soles. El saldo restante deberá ser pagado en 18 cuotas mensuales de 1,000 soles.

Por su parte, Cubas Álvarez fue condenado a pagar 100,000 soles de reparación civil. Hasta el momento ha abonado 50,000 soles, con un saldo pendiente que será cubierto en 18 cuotas de 2,778 soles, pagaderas el último día hábil de cada mes.

Zeña Castillo admitió que no ejerció como supervisor del servicio de limpieza y descolmatación del dren en Canizal Chico, y que cobró 32,000 soles por el servicio, reteniendo 8% por concepto de impuestos, y entregó el resto del dinero (29,440 soles) a Joseph Delgado Ríos en un centro comercial. Además, se detectó un sobrepago, ya que la suma recibida superaba lo consignado en el informe N° 1127-2023-MDLU/GDIyDU, lo que generó un perjuicio al Estado.

Asimismo, Cubas Álvarez reconoció haber recibido, en su calidad de representante legal de la empresa Contratista Business Inco & CIA SAC, el pago total del servicio, que ascendía a 352,053 soles, sin que la obra se ejecutara. La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la ejecución de este servicio, tal como figura en su informe de control.

Fuente y créditos
Diario Correo

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