Según el expediente judicial, Jiménez habría exigido a varios empleados de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que entregaran sus salarios completos, incluidas las primas y prestaciones, a cambio de asegurarles los pagos correspondientes a salud y pensión.
El documento detallado que los trabajadores asignados a la UTL del senador habrían cedido la totalidad de sus ingresos mensuales bajo la promesa de que estos serían compensados con aportes a la seguridad social, lo que incluía salud y pensión. Uno de los casos más destacados en la investigación es el de María Juliana Abadía Abadía, quien, según la Corte, ingresó a la UTL bajo un «pacto criminal». En el acuerdo, Abadía entregó la totalidad de sus ingresos al senador Jiménez a cambio de la cobertura de salud y pensión, siendo este uno de los casos clave dentro de la investigación.
Según el expediente, la trabajadora entregó su tarjeta de débito al congresista, quien la administró mediante terceros, retirando mensualmente todo su salario. Esta situación, descrita por los magistrados como la «prueba reina» del entramado, refuerza las sospechas sobre la apropiación ilícita de fondos por parte del congresista. El documento agrega que, a pesar de estar en la nómina de la UTL, Abadía nunca cumplió funciones en el Congreso, ni siquiera registró su huella dactilar para ingresar al edificio legislativo, lo que confirmó la Corte como evidencia de la irregularidad laboral.
El tribunal también ha identificado a otras cinco personas presuntamente involucradas en situaciones similares a las de Abadía. Entre los nombres mencionados se encuentran Olga Lucia Pineda Palacios, María Solange Maya Restrepo, Argenis Elena Ruiz Brochero y Carolina Mena Escobar, quienes habrían sido objeto de las mismas exigencias en cuanto a la entrega de salarios y beneficios laborales.
Además, se señala que parte de los retiros de la cuenta de Abadía fueron realizados en la ciudad de Cali por la secretaría departamental de la Gobernación del Valle del Cauca, Noralba García. Según la investigación, la única ocasión en que Abadía pudo retirar dinero por sí misma fue cuando recibió su liquidación, lo que solo ocurrió después de haber amenazado con denunciar los hechos ante las autoridades.
Los magistrados de la Sala Especial de Instrucción continúan con la investigación para esclarecer lo sucedido y determinar el destino de los fondos presuntamente desviados de los empleados de la Unidad de Trabajo Legislativo del congresista.
Fuente y créditos
La FM
