La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal acusada de crear empresas ficticias en Cali, Tuluá, Sevilla y Palmira (Valle del Cauca) para realizar afiliaciones fraudulentas al Sistema de Seguridad Social. Esto les permitió acceder de forma irregular a subsidios y beneficios económicos otorgados por el Gobierno durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
Once presuntos miembros de esta organización fueron presentados ante un juez de control de garantías, donde enfrentaron cargos por fraude a subvenciones, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Aunque ninguno de los procesados aceptó los cargos, se les impuso medida de aseguramiento en prisión.
Las investigaciones revelaron que los implicados simulaban actividades económicas en sectores como vigilancia, aseo, construcción y servicios temporales. Además, persuadían a trabajadores independientes para firmar documentos falsos o para reducir de manera indebida sus aportes a la seguridad social.
Con estos documentos fraudulentos, la red obtenía entre 90.000 y 454.000 pesos por cada trabajador inexistente, logrando apropiarse ilegalmente de más de 5.000 millones de pesos entre 2020 y 2021.
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