En una operación de gran envergadura llevada a cabo por la Policía Nacional, en colaboración con EUROPOL y Homeland Security Investigations de Estados Unidos, se ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al favorecimiento de la inmigración irregular y la falsificación de documentos. La operación, que abarcó varias provincias españolas, culminó con la detención de 77 personas, incluidos los seis cabecillas de la red, quienes han sido ingresados en prisión.
La investigación, iniciada en 2022, surgió tras detectar un notable incremento en el flujo de inmigración ilegal de ciudadanos de origen indio, utilizando España como punto de tránsito hacia México, y con destino final en Estados Unidos o Canadá. Los investigadores identificaron la existencia de una estructura criminal internacional asentada principalmente en España, con bases operativas en Barcelona, Madrid y Bilbao, así como en Italia. Además, la red contaba con colaboradores en Libia, Bolivia y México.
La organización criminal se dividía en dos ramificaciones principales. La primera se especializaba en facilitar la inmigración ilegal de ciudadanos indios y pakistaníes, quienes eran trasladados desde la India a través de un complicado itinerario que incluía Bahréin, Egipto y Libia. Desde Libia, los migrantes eran embarcados en pateras sobrecargadas con destino a la isla de Lampedusa en Italia, enfrentando travesías de hasta 28 horas sin agua ni comida. Una vez en Italia, los migrantes eran alojados en Turín antes de ser enviados a Zaragoza o Barcelona, utilizando pasaportes falsos o suplantando la identidad de otras personas con el método “lookalike”. En España, la red criminal, a través de agencias de viajes dirigidas por sus líderes, organizaba el siguiente tramo del viaje hacia México, donde los migrantes eran recogidos por los llamados “coyotes”, quienes los introducían en Estados Unidos.
La segunda rama de la organización se dedicaba al tráfico de ciudadanos bolivianos hacia España. Esta facción operaba con una estructura piramidal y contaba con una red de colaboradores en Bolivia, Turquía, Egipto y España. Los migrantes eran captados en Bolivia y transportados a Estambul o El Cairo, donde eran alojados hasta recibir pasaportes españoles falsificados, que les permitían ingresar en España haciéndose pasar por ciudadanos nacionalizados. El costo de estos servicios oscilaba entre los 8.000 y 10.000 euros.
Durante la operación, en la que participaron más de 200 agentes, se llevaron a cabo 10 registros en domicilios y agencias de viajes en Cataluña, donde se incautaron 517.335 euros en efectivo, 11 pasaportes falsos y diversa documentación relevante para la investigación.
En el marco de esta operación, la Unidad Central Contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales activó el PUNTO ATENAS, un “call center” especializado en verificar rápidamente la autenticidad de documentos sospechosos. Este sistema permite que cualquier agente de la Policía Nacional, en el transcurso de sus actuaciones, pueda solicitar un informe técnico que se entrega en un plazo máximo de 10 minutos, contribuyendo así a una respuesta eficaz y rápida en la lucha contra la falsificación documental.
Fuente y créditos
La Razón España
