En un importante golpe contra el lavado de activos, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín de la Policía Nacional desmantelaron una organización criminal vinculada al lavado de 24.970 millones de pesos, procedentes del narcotráfico internacional. Durante operativos en Bogotá, Cartagena, Baranoa e Ibagué, fueron detenidos 11 individuos, entre ellos los mayores retirados de la Policía Nacional, Andrés Felipe Osorio Osorio y Carlos Mario Montoya Castro, quienes son acusados de legitimar dinero ilícito mediante la creación de empresas de comercialización de productos cárnicos.
Las autoridades revelaron que estas empresas habrían registrado movimientos financieros por 11.000 millones de pesos en solo dos años, además de trasladar 971 millones de pesos en efectivo utilizando vehículos blindados, y efectuar 117 transacciones por un total de 33.000 dólares en el Banco de la República. Otros detenidos están presuntamente vinculados a las empresas de los exoficiales, figurando como propietarios de bienes y vehículos, cuya adquisición no pueden justificar legalmente. Estos bienes incluyen 7 lotes, 2 casas, 12 apartamentos, 9 vehículos, y varios artículos de lujo.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los 11 capturados los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos, cargos que fueron negados por todos los implicados. Los oficiales retirados permanecerán bajo investigación, la cual se suma a un proceso previo por tráfico de estupefacientes, iniciado en agosto de 2023, por el cual ya estaban bajo arresto domiciliario.
En otro caso relacionado con el lavado de activos, la Fiscalía también acusó recientemente a Natalia Isaza Velásquez, en el marco del escándalo de Odebrecht y la Ruta del Sol III. Se le señala de recibir 59 millones de pesos como parte de un soborno para manipular la adición del contrato de concesión 007 de 2010. La Fiscalía detalló que Isaza Velásquez transformó y custodió bienes derivados de estos fondos ilícitos, en colaboración con terceros. Este caso se remonta a 2015, cuando el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) firmó una adición al contrato con la concesionaria Yuma S.A., que subcontrató a otras empresas para realizar los trabajos, los cuales finalmente no se llevaron a cabo, aunque el dinero sí fue desembolsado y distribuido de manera fraudulenta.
Fuente y créditos
Infobae
