En un comunicado, el Parlamento aseguró que el verdadero objetivo del proyecto, denominado “Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos”, era implementar nuevos impuestos, lo que impactaría de manera negativa en los sectores más vulnerables.
La propuesta fue rechazada con el respaldo de diversas fuerzas políticas, incluyendo el correísmo, el movimiento de centroderecha Construye y el Partido Social Cristiano (PSC). Durante el debate legislativo, varias voces se alzaron contra la iniciativa. Jorge Peñafiel, asambleísta de Construye, destacó que la medida no resolvía de fondo el problema del lavado de dinero, ya que no abordaba el análisis del origen ilícito de los recursos. Por su parte, Jorge Acaiturri, del PSC, criticó que el proyecto encubría impuestos adicionales bajo el pretexto de combatir actividades ilícitas y señaló que la ciudadanía exige mayor transparencia en las políticas públicas.
El Ejecutivo había presentado la ley el pasado 7 de noviembre bajo carácter urgente, destacando su relevancia económica y su objetivo de frenar la entrada de dinero ilícito en la economía. Entre sus disposiciones, el proyecto buscaba fortalecer a la Unidad de Análisis Financiero (Uafe) para mejorar la detección y prevención de flujos financieros ilegales.
Ecuador enfrenta un contexto de creciente inseguridad debido a actividades delictivas como narcotráfico, extorsión y minería ilegal. En 2023, el país registró la mayor tasa de homicidios per cápita en América Latina, con 47,2 por cada 100.000 habitantes. En respuesta, el presidente Noboa declaró en 2024 al crimen organizado como un “conflicto armado interno” y militarizó las cárceles controladas por bandas criminales.
Pese a los esfuerzos gubernamentales, incluida una reducción del 17% en la tasa de homicidios, la violencia sigue siendo un desafío para Ecuador, con las organizaciones criminales ejerciendo un control significativo a través de extorsiones y asesinatos.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
