Recientemente, la Corte Suprema de Justicia autorizó un allanamiento en la residencia de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, como parte de la investigación relacionada con un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La orden fue emitida por la Sala Especial de Instrucción con el propósito de obtener más evidencia que pueda ser considerada en el proceso judicial contra los congresistas supuestamente implicados. De acuerdo con las fuentes cercanas a la investigación, el CTI de la Fiscalía y la Policía Judicial se presentaron en la casa de Benavides, donde confiscaron todos los materiales que podrían ser utilizados como pruebas para que la Corte Suprema esclarezca la posible responsabilidad de ciertos congresistas que habrían recibido contratos de Gestión del Riesgo.
Durante el procedimiento, Benavides, junto con su madre y su tía, reportaron haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp. Un mensaje que fue divulgado dice: «María Alejandra Benavides Soto, su mamá y su tía, así como el hpta de su abogado van a entender que hablar no paga. Brille para ellos la luz perpetua. Hptas».
En respuesta a esta situación, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien ha sido acusado de haber instruido a Olmedo López para que direccionara contratos, condenó las amenazas y solicitó a las autoridades que protejan la vida de su exasesora, su familia y su abogado. Bonilla declaró en su cuenta de X: «La vida y seguridad de María Alejandra Benavides, su familia y el abogado deben ser protegidas de inmediato por las autoridades pertinentes. Rechazo con toda vehemencia las amenazas que buscan impedir que acuda a la justicia y que se conozca toda la verdad».
La Corte Suprema de Justicia está llevando a cabo dos investigaciones simultáneas en relación con el escándalo de corrupción en la UNGRD. Una de ellas involucra a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, mientras que la otra indaga sobre la posible responsabilidad de al menos siete congresistas que habrían obtenido beneficios de este entramado.
Fuente y créditos
La FM
