El abogado penalista Gustavo De La Fuente ha sido imputado por la Justicia argentina, no solo por el grave delito de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, sino también por presunto lavado de dinero.
De La Fuente está acusado de insertar en el circuito legal dinero obtenido de actividades delictivas, específicamente de la explotación de un grupo de mujeres que realizaban transmisiones y videos de contenido sexual. Las autoridades alegan que se aprovechó de la vulnerabilidad de estas mujeres para obtener ganancias ilícitas.
En este contexto, tanto el fiscal federal Francisco Maldonado como el juez Leopoldo Rago han señalado que De La Fuente podría enfrentar una pena de entre 4 y 8 años de prisión si es condenado, lo que resultaría en una sentencia de cárcel efectiva.
Debido a la gravedad del caso, el fiscal Maldonado se opuso a la solicitud de excarcelación presentada por los abogados defensores de De La Fuente, una postura respaldada por el juez Rago, quien argumentó que existe riesgo de fuga y posibilidad de obstrucción del proceso, ya que la investigación sigue en curso.
De La Fuente fue trasladado de la sede de Gendarmería en Marquesado al Penal de Chimbas, al área de presos federales. Su abogado defensor, Fernando Castro, anticipó que apelará la decisión si se deniega la excarcelación.
Las investigaciones apuntan a De La Fuente como supuesto “socio” de una empresa dedicada a la venta y transmisión de videos eróticos y sexuales de mujeres. Aunque las víctimas habrían dado su consentimiento, la Justicia investiga si el abogado y otros dos sospechosos se beneficiaron explotando la situación de vulnerabilidad de estas mujeres, quienes provienen de condiciones humildes.
Se descubrieron contratos en los que se establecía que la empresa no podía cobrar más del 50% de las ganancias de las jóvenes, pero estas desconocían los precios pactados, recibiendo así menos de lo acordado.
De La Fuente fue parte de una terna del Consejo de la Magistratura para la Defensoría Oficial de la provincia. Ahora, tanto él como un colombiano identificado como Jhon Sebastián Quevedo están bajo la lupa como socios de la empresa, ya que De La Fuente supuestamente invertía en productos necesarios para las actividades y recibía dinero. Quevedo ya declaró ante las autoridades, aunque los detalles de su testimonio no han sido revelados. Las indagatorias continuarán con el tercer detenido, una persona de origen venezolano que sería responsable del local donde se realizaban los videos.
Durante un allanamiento en la vivienda de calle Güemes, personal de Gendarmería encontró a tres jóvenes, quienes ya han testificado en Cámara Gesell. La empresa ha tenido más mujeres pasando por sus instalaciones, con altas y bajas.
La denuncia inicial se realizó hace meses a través de la línea 145, involucrando a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que remitió el caso a la fiscalía de Maldonado. La investigación incluyó escuchas telefónicas, trabajo de campo por Gendarmería y la obtención de informes y registros financieros, además de la incautación de celulares, notebooks y otros dispositivos electrónicos.
Además, se informó que De La Fuente fue indagado tras encontrarse estupefacientes en su estudio jurídico durante el allanamiento.
En relación al delito de trata de personas con fines de explotación, el fiscal y el juez consideraron que hay agravantes como la participación de tres personas y tres víctimas, además de la consumación de la explotación.
El delito de lavado de dinero, según el artículo 303 del Código Penal, se configura cuando alguien pone en circulación bienes o activos provenientes de un ilícito, dando apariencia de origen lícito.
Con el avance de la causa, se determinará si De La Fuente sigue implicado y cuál será la imputación final, con la posibilidad de que su defensa apele ante instancias superiores en caso de una resolución desfavorable hasta llegar a un eventual juicio.
Fuente y créditos
Antilavado de Dinero
